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Luz verde a la ley que posibilita concertar servicios sociales y sanitarios con entidades sin ánimo de lucro

La norma, acorde con el marco europeo, busca mejorar la calidad de la atención y fortalecer el Tercer Sector

Lola Cabasés Hita Oskar Montero - Jueves, 19 de Octubre de 2017 - Actualizado a las 06:09h

Una persona realiza ejercicios con ayuda en una actividad.

Una persona realiza ejercicios con ayuda en una actividad.

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Una persona realiza ejercicios con ayuda en una actividad.

pamplona- La comisión parlamentaria de Derechos Sociales dio ayer luz verde a la nueva ley foral que establece el marco que va a posibilitar concertar con entidades sin ánimo de lucro, capacitadas para ello, servicios sociales, sanitarios y sociosanitarios de Navarra sin que esta gestión indirecta suponga incrementar costes. El texto de esta nueva Ley Foral de conciertos sociales y sanitarios, proyecto que figura en el acuerdo programático del gobierno cuatripartito, contiene 11 artículos y establece, entre otros principios, que “en ningún caso se podrá usar esta opción de concierto para privatizar servicios públicos ni para paralizar procesos de reversión a lo público de servicios privatizados”.

Más allá de una fórmula de gestión alternativa, según recoge el texto legal en la exposición de motivos, lo que esta ley establece es una forma de relación entre las administraciones públicas y las entidades de iniciativa social, lo que se considera el ámbito del Tercer Sector, que no es estrictamente nueva porque ya se reguló en 1985 “pero que se había perdido en un proceso de mercantilización de la gestión indirecta de los servicios sociales”.

Señala la ley que “los conciertos sociales pretenden ser también una alternativa a las subvenciones ofreciendo a las entidades sociales sin ánimo de lucro un modelo de relación más estable y más garantista en torno a servicios y programas que ahora vienen desarrollando”. Se pretende reconocer así “la enorme aportación de recursos humanos, económicos y materiales, además de la experiencia en la atención que las entidades de iniciativa social vienen realizando”. Recuerda la ley que, en muchas ocasiones, estas entidades de iniciativa social surgen de las propias personas afectadas por problemáticas sociosanitarias y su fin social y sin ánimo de lucro, junto a su capacidad para aportar recursos añadidos, incentivan la mejora continua en la atención a las personas beneficiarias de servicios y prestaciones, tanto desde el punto de vista de la cantidad como de la calidad.

La regulación de los conciertos sociales permite de esta manera la expansión del sistema público de servicios sociales, sanitarios y sociosanitarios, “aumentando las garantías que pueden ofrecerse a la ciudadanía tanto desde la perspectiva de la continuidad del servicio como desde el prisma de los estándares de calidad de las prestaciones ofrecidas”, recoge la ley. El nuevo modelo permitirá ampliar la cartera de servicios sociales.

seis enmiendas aprobadas La comisión de Derechos Sociales aceptó ayer seis de las 27 enmiendas presentadas. De éstas, 12 eran de UPN;12 de PSN;y tres de los grupos del cuatripartito. A instancias de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, I-E y PSN, se introdujeron iniciativas que inciden en el adecuado sostenimiento de los servicios concertados, primacía de las cuestiones técnicas y refuerzo de los derechos laborales.

Entre los requisitos estipulados para poder resultar adjudicatario de los servicios se citan la “acreditación de actividad o prestación efectiva de servicios como entidad sin ánimo de lucro desde al menos los 5 años anteriores a la convocatoria del concierto, período que se reduce a 2 años en el caso de las entidades constituidas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley”. A iniciativa del PSN, cuya enmienda prosperó por unanimidad, se incluye como requisito la “experiencia continuada durante el tiempo que se determine, en función de la naturaleza o centro objeto del convenio”.

Del mismo modo, se valorará la “minoración de las diferencias retributivas y de jornada entre la plantilla de las entidades que concierten y el personal de la Administración de Navarra siempre que no comporte incremento del gasto del servicio convenido”. Además de cuestiones tales como el valor técnico de la oferta, la experiencia, la formación específica, el perfil lingüístico, el trabajo en red, la atención integral o la opinión de los usuarios, se tendrá en cuenta la contratación de personas con dificultades de acceso al mercado laboral, así como de mujeres cualificadas, también en puestos de dirección.

perfil lingüístico UPN cuestionó la inclusión del criterio lingüístico (garantizar a los usuarios que serán atendidos en euskera y castellano) por considerar que abre “una puerta a la arbitrariedad”, y PSN pidió no incluir perfil lingüístico por ya estar previsto en la ley de euskera, propuesta que fue rechazada. Tampoco prosperó la pretensión de UPN de tener también en cuenta, por motivos de “eficiencia en la gestión, el valor económico de la oferta, ni el intento del PSN de incluir una reserva de plazas, del 2%, conforme a los criterios generales, para personas con discapacidad.

Igualmente, se desestimó la enmienda del PSN dirigida a “aclarar el convenio colectivo de aplicación” a la hora de determinar que las retribuciones de las personas socias trabajadoras, socios de trabajo o trabajadoras por cuenta ajena no superen el 150% de las retribuciones en función de la actividad y categoría profesional. Para el cuatripartito, la alusión al “convenio colectivo aplicable en el ámbito de Navarra” ya es garantista. UPN también mostró sus reparos por considerar que crea “inseguridad jurídica” no distinguir entre servicios sociales de carácter económico y no económico, tal y como a su parecer exige Europa.

preciosEn cuanto al precio del concierto, todos los grupos acordaron (al aprobar enmiendas del cuatripartito y del PSN), que garantizará el adecuado sostenimiento de los servicios concertados, de modo que la consignación económica sea suficiente para cubrir los costes salariales del convenio colectivo sectorial. Asimismo, se incluyó que el precio “en ningún caso podrá superar el que dimane de la normativa foral de tasas y precios públicos en vigor, ni el que se viniera prestando por cualquier forma de gestión conforme a la calidad exigida”. De acuerdo con una enmienda del cuatripartito, se podrán adjudicar los servicios de forma directa exclusivamente cuando la entidad acepte asumir parte de la financiación del servicio público. El PSN logró introducir a los “centros de día u otros”, junto a las residencias, entre los posibles adjudicatarios directos cuando se antoje preciso “garantizar la continuidad asistencial”.