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La Fiscalía quiere forzar al Govern a apartar a Trapero de su cargo

Rompe con la academia de formación de agentes y la Guardia Civil registra otra comisaría de los Mossos

Viernes, 20 de Octubre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

La Policía Nacional carga contra los ciudadanos el pasado 1 de octubre en un centro de votación.

La Policía Nacional carga contra los ciudadanos el pasado 1 de octubre en un centro de votación. (Foto: D.N.)

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  • La Policía Nacional carga contra los ciudadanos el pasado 1 de octubre en un centro de votación.

pamplona- El acoso sobre los Mossos d’Esquadra sigue adelante. Ahora, la Fiscalía va a intentar que el Govern aparte al jefe de la Policía catalana, Josep Lluís Trapero, con una argucia legal. La Generalitat tendrá encima de su mesa la resolución judicial por la que se le notificará expresamente que el mayor de los Mossos está siendo investigado por un delito muy grave como es el de sedición y por el que se le han impuesto una serie de medidas cautelares, como la entrega de pasaporte y el deber de acudir cada quince días al Juzgado para garantizar que se encuentra localizado. Y lo hará, según informó ayer La Vanguardia, solicitando a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamena una notificación oficial del auto por el que se acuerdan esas medidas cautelares al Departament d’Interior de la Generalitat “a los efectos legales que sean oportunos” conforme a la legislación que regula su estatuto profesional. Según fuentes jurídicas, una vez que la juez proceda a esta notificación oficial, el Govern tendrá el deber de aplicar el estatuto de los Mossos y suspenderle cautelarmente hasta que dure la instrucción del caso.

Esta notificación para instar a la Generalitat que actúe es la única forma que existe a día de hoy para que Trapero sea apartado de su cargo, dado que la Audiencia Nacional no puede suspenderle preventivamente hasta que no exista una condena, y en su caso se fijara una inhabilitación para cargo en empleo público.

Además, agentes de la Guardia Civil irrumpieron ayer la comisaría de la Policía catalana en Lleida para recoger las grabaciones de las comunicaciones internas que se realizaron durante el referéndum. Además, salió a la luz el contenido de un informe policial que acusa de connivencia a los Mossos y la Generalitat respecto al supuesto cierre de centros de votación que llevaron a cabo los primeros.

La consulta del 1-O quedó marcada por las cargas que protagonizaron la Guardia Civil y la Policía contra los ciudadanos que pretendían depositar su voto en una urna. Ambos cuerpos acusaron además a los Mossos de inacción e incluso cargaron sobre ellos la responsabilidad de los choques por no haber desalojado los colegios a primera hora.

Desde ese momento, la lupa de la Justicia se ha situado sobre los Mossos, y el major de la Policía catalana, está siendo investigado por la Fiscalía, que trata de incluir los hechos del 1-O en la causa por sedición abierta contra él en la Audiencia Nacional. Este proceso se abrió por la actuación durante las protestas ciudadanas del 20 de septiembre ante la Conselleria de Economía de Barcelona, en las que guardias civiles y una secretaria judicial quedaron encerrados en el inmueble hasta la madrugada.

De forma paralela, una veintena de juzgados catalanes han abierto investigaciones sobre la supuesta pasividad de los Mossos a la hora de cumplir con las órdenes del TSJC para impedir la votación del 1-O, que había sido suspendida por el Constitucional. Fruto de ello fue la entrada de la Guardia Civil, el pasado martes, en el edificio del servicio de emergencias 112 de la Generalitat en Reus (Tarragona), en busca de las cintas de las comunicaciones internas de los Mossos en el área de Tarragona y Tierras del Ebro durante el referéndum.

El mismo objetivo buscaban los agentes que acudieron ayer a la comisaría de Lleida por orden del titular del juzgado de instrucción número 4 de esta localidad. Así, además de acceder a las grabaciones de la centralita de comunicaciones en la demarcación entre las últimas horas del sábado 30 de septiembre y las primeras horas del lunes 2 de octubre, volcaron el contenido de los teléfonos móviles de dos mandos de los Mossos y de un tercer agente que participó en la coordinación del dispositivo durante el referéndum. El juez de Lleida mantiene en secreto esta investigación.

También ayer trascendió un informe policial que asegura que en 41 de los 99 colegios en los que los Mossos dijeron que habían detenido la votación durante el 1-O, la Generalitat contabilizó posteriormente más síes que personas figuraban censadas. Los responsables del informe concluyen que hubo “connivencia” entre la Generalitat y la cúpula de los Mossos para “maquillar” la actuación policial. El objetivo sería que la Policía catalana pudiera sostener que sí cerró centros de votación, cumpliendo con la orden judicial, mientras los organizadores del referéndum pudieron defender que habían celebrado una votación. De este modo, hubo una “utilización partidista” de los Mossos, zanjan.

No más clasesA todo ello se suma que la Fiscalía Provincial de Barcelona notificó ayer a la Conselleria de Interior que sus miembros dejarán de dar clases en el Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), la escuela para mossos y policías locales, además de bomberos y otros cuerpos de emergencias, y que precisamente hoy inicia su curso académico. Así, ningún fiscal de las comarcas de Barcelona participará en cursos, jornadas o ponencias en la escuela. - D.N.

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