Mesa de Redacción

Decidido por todos

Por Joseba Santamaria - Sábado, 21 de Octubre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

a hora que PP y PSOE con 27 de 135 escaños en el Parlament de Catalunya parecen haber decidido convocar elecciones sin contar con los representantes democráticos de los catalanes y catalanas releo este titular: “Lo que afecta a todos solo puede ser decidido por todos”. Es el argumento central de la sentencia de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional que anuló el pasado martes la Ley de Referéndum. Más allá de que guste o no el fallo del Constitucional, supongo que crea jurisprudencia con un argumento de profundo contenido político que abre puertas claves hasta ahora cerradas en el entramado jurídico-político del Estado español. Entre ellas, la de la organización del modelo de Estado, que en la actualidad es una Monarquía que no ha sido votada por la ciudadanía. Ese sistema fue impuesto por le dedo del genocida Franco en la persona de Juan Carlos de Borbón, quien a su vez lo traspasó por el medieval sistema de la herencia sanguínea su hijo, el actual Felipe VI. Evidentemente, el modelo de gobierno y la figura del Jefe del Estado afecta a todos los ciudadanos, por lo que según el criterio del Constitucional solo puede ser decidido por todos. Cosa que no se hizo, como se desveló el pasado mayo en una entrevista ocultada con Suárez, porque las encuestas en el momento de la Transición daban una clara ventaja de apoyo a la República. Y mientras la Monarquía, que conforme transcurre este siglo XXI resulta más anacrónica, no se someta a la libre voluntad de la sociedad en un referéndum, esa falta de legitimidad seguirá ensombreciendo su imagen, la credibilidad de su discurso y la validez de su papel institucional, como ha ocurrido tras el discurso de Felipe de Borbón sobre Catalunya. Negar la palabra a los ciudadanos rebajando su condición civil y política a la de súbditos es un retroceso democrático. Quien sabe si, sin ser esa su intención, el Constitucional ha dado carta de legalidad a la legítima reclamación política de un referéndum para elegir entre República y Monarquía. Puestos a respetar la legalidad, que atiendan al TC.