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Artículo 155: amenaza cumplida

Se abre de este modo un cauce hasta ahora no explorado en el Estado español, y que no se sabe hasta dónde puede llegar y cómo acabará

efe - Sábado, 21 de Octubre de 2017 - Actualizado a las 10:10h

El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy (c), preside la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros.

El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy (c), preside la reunión extraordinar ia del Consejo de Ministros. (EFE)

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  • El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy (c), preside la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros.

MADRID. La reunión extraordinaria del Consejo de Ministros en la que se aprobarán las medidas concretas en aplicación del artículo 155 de la Constitución para hacer frente a la actuación del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, comenzó en el Palacio de la Moncloa poco antes de las 10:15 horas. El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, preside esta reunión, a la que asisten todos los ministros, y será él quien, según fuentes del Gobierno, comparecerá posteriormente en conferencia de prensa para informar de las decisiones adoptadas.

Ayer, Rajoy no quiso desvelar ninguna de las iniciativas que prevé poner en práctica y ni siquiera confirmó si había ya un acuerdo con el PSOE y Ciudadanos, tal y como se había apuntado desde estos partidos, para que hubiera elecciones autonómicas en Cataluña en enero. A la espera de que se desvelen las medidas concretas, Rajoy justificó ayer la necesidad de recurrir al artículo 155 de la Constitución al haberse llegado a una "situación límite" en Catalunya que obliga al Ejecutivo a actuar.

Aseguró asimismo que el objetivo fundamental de esas medidas, con un límite temporal que dijo que no está determinado, es volver al cumplimiento de la ley y a la normalidad institucional tras haber llegado a una situación en la que se "golpea la ley" y se "liquida el Estado de derecho". Una vez que el Gobierno apruebe las medidas, las enviará al Senado, que es la Cámara encargada de aprobarlas en un pleno que se celebrará el viernes 27 de octubre. La Mesa del Senado se reunirá hoy a las 13:00 horas para fijar la tramitación hasta entonces de las decisiones del Gobierno, una tramitación que incluye un plazo para que Puigdemont pueda presentar las alegaciones que considere oportunas.


Joaquín Giménez

Exmagistrado del Tribunal Supremo

“No debe suponer un recorte de los derechos”

Joaquín Giménez, exmagistrado del Supremo, señala que el origen del artículo 155 hay que buscarlo en la Constitución alemana. Tras apuntar que este artículo no tiene precedentes en España, explica que “la causa de aplicación es una gravísima deslealtad de la Comunidad concernida que vulnera tanto la Constitución como el propio estatuto de autonomía ¿Dónde está la vulneración? En el hecho de actuar al margen de los cauces legales mediante leyes aprobadas con mayorías que no son las previstas en el Estatuto de Autonomía”. A su juicio, la fórmula de aplicación del artículo 155 es amplísima, “se puede hacer mucho o poco, pero para aplicar esta normativa hay que tener en cuenta el criterio de proporcionalidad”.

Giménez considera clave explicar que la aplicación del artículo 155 no supone que se entre en un estado de excepción, “y de eso creo que sabéis bastante en Euskadi”. “No supone el recorte de ningún derecho de las personas. El Estado de Derecho continúa por lo que cabe la posibilidad de recurrir la aplicación de este artículo ante los tribunales ordinarios y el Tribunal Constitucional”, asegura.

Para Joaquín Giménez la manera de evitar la aplicación del artículo 155 hubiera sido que el president del Govern catalán, Carles Puigdemont, hubiese convocado elecciones en Catalunya. “¿Cómo nos evitaríamos todo este problema?”, se pregunta el exmagistrado del Supremo. “Pues si el presidente catalán convoca elecciones se acaba todo el problema porque se esta de nuevo en la legalidad”, contesta Giménez, quien considera que ahora, una vez aplicado el artículo 155, puede ser el Gobierno español el que podrá convocar elecciones.

Javier Pérez Royo

Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla

“Ahora sí hemos llegado al choque de trenes”

Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional y analista político, es otro de los expertos que consideran que estamos ante una situación nueva, sin precedentes, que obligará a medir los pasos. Lo que sí tiene claro Pérez Royo es que la decisión de aplicar el artículo 155 de la Constitución es el choque de trenes del que tanto se ha venido hablando en los últimos meses. “No se sabe qué va a pasar. Sabemos lo que es el artículo 155 en la teoría, pero no en la práctica. No se ha aplicado nunca, ni en España ni en Alemania, que es de donde se ha cogido este artículo. Lo que está claro es que se trata de ese choque de trenes del que tanto se ha estado hablando, ya está aquí. Esto es el choque de trenes”, asegura.

Pérez Royo considera que la clave debe ser explicar de una manera clara y concisa lo que pretende el Gobierno del PP al recurrir a esta medida tan tajante. Poner negro sobre blanco cuáles son las intenciones finales del Ejecutivo español. “Ahora mismo no sabemos si lo que implica es suspender la autonomía, determinar varios apartados. Por ejemplo, no sabemos si los Mossos van a dejar de actuar como Policía autónoma y pasan a estar a las órdenes del Ministerio del Interior español. En la cuestión financiera, lo mismo. Deben decidir si todos los gastos se tramitan a través de interventores del Estado. Pero todo esto se debe poner por escrito”, señala.

A juicio de Pérez Royo, la aplicación del artículo 155 puede ser una manera encubierta de aplicar el estado de excepción. “La coerción federal es el equivalente al estado de excepción. El artículo 155 es excepcional porque hace referencia a que una autonomía incumple gravemente con sus obligaciones”, asegura Pérez Royo, para quien “el artículo 155 no es recurrible, lo que sí son recurribles las decisiones que emanen de él”.

Roberto Uriarte

Profesor de Derecho Constitucional en la UPV/EHU

“La redacción del 155 es expresamente genérica”

Roberto Uriarte profesor de Derecho Constitucional de la UPV/EHU, señala que el artículo 155 “es lo que en los Estados federales suele llamarse la cláusula de garantía federal o coerción federal y garantiza que en casos excepcionales, la Federación puede intervenir sobre competencias propias de un Estado para garantizar el cumplimiento por parte de éste de sus obligaciones constitucionales”.

Uriarte no considera que la decisión del Gobierno español de aplicar este artículo suponga la suspensión de la autonomía. “El artículo 155 tiene una redacción expresamente genérica y se limita a decir que se adoptarán las medidas necesarias a los efectos antes mencionados de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones. No concreta cuáles pueden ser las medidas. Y tampoco existe jurisprudencia al respecto a la que pueda recurrirse para interpretar su contenido, ya que se trata de una cláusula que nunca ha sido utilizada desde que entró en vigor la actual Constitución”.

¿Se trataría de un estado de excepción? Uriarte es consciente de que la aplicación del 155 es un instrumento excepcional, “pero que no se limita ni tiene que estar necesariamente vinculado a problemas de orden público, como sí sucede con el Estado de excepción”. Y, este sentido, pone un ejemplo: “Lo utilizó el presidente Eisenhower para forzar a Arkansas a aplicar la sentencia del Tribunal Supremo que declaraba inconstitucional el apartheid y que el Gobierno del Estado se negaba a aplicar, enviando tropas para escoltar a unos alumnos afroamericanos a las aulas”.

Uriarte considera, asimismo, que sí se puede recurrir la aplicación del 155. “El Constitucional retiene el control de Constitucionalidad, pero teniendo en cuenta la redacción tan genérica del precepto, prácticamente no habría más criterios de control que los principios de adecuación y de proporcionalidad”, zanja.

alberto lópez basaguren

Catedrático de Derecho Constitucional de la UPV/EHU

“No significa suspender la autonomía”

Alberto López Basaguren, catedrático de Derecho Constitucional de la UPV/EHU, asegura que el artículo 155 “supone imponer coactivamente a las autoridades de una Comunidad Autónoma el cumplimiento de obligaciones constitucionales o legales que han incumplido previamente. Es lo que se conoce como ‘coacción federal”. Sin embargo, deja claro que “no puede suponer la suspensión de la autonomía, como sí ocurrió en 1934 o como se permite en otros sistemas constitucionales. La Constitución dice, con claridad, que el Gobierno, con la autorización del Senado, puede adoptar las ‘medidas necesarias’ para obligar a las autoridades autonómicas que han incumplido aquellas obligaciones. Y, añade, que, a esos efectos, es decir, para la ejecución de esas medidas, el Gobierno ‘podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas’.

El catedrático de la UPV/EHU considera que la medida adoptada hoy “es recurrible con los límites que lo son los actos políticos del Gobierno. Se trata de un acto reglamentario del Gobierno que solo es controlable judicialmente en lo que se refiere a los aspectos formales del procedimiento. Es más dudoso que lo sea respecto al contenido de las medidas que adopte. En caso de que el juez o tribunal al que le correspondiese resolver el recurso considerase que el Gobierno se ha extralimitado, adoptando medidas que no están amparadas por la Constitución, tendría que plantear la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional”.

Con respecto a si trata de un estado de excepción encubierto, afirma que “son dos instrumentos claramente diferenciados. La coacción federalafecta a los órganos de la CA en relación a incumplimientos de obligaciones constitucionales o legales para obligarle a cumplirlos. Las medidas que se pueden adoptar al amparo del 155 no afectan a derechos de los ciudadanos, mientras que el estado de excepción supone la suspensión de algunos derechos fundamentales (limitación temporal de la detención, inviolabilidad del domicilio, libertad de expresión, derecho de huelga, etc.).

José Antonio Martín Pallín

Magistrado emérito del Tribunal Supremo

“En la práctica es como un estado de excepción”

Otro insigne exmagistrado del Tribunal Supremo es José Antonio Martín Pallín. Al igual que Joaquín Giménez, lo primero que quiere resaltar es que nos encontramos ante un escenario totalmente nuevo. “Lo primero que se debe decir es que esta aplicación del artículo 155 es toda una incógnita que nadie está en condiciones de descifrar. En primer lugar se inspira en el artículo 37 de la Constitución alemana y en Alemania no se ha aplicado nunca y en segundo lugar hay que decir que en España tampoco se ha aplicado nunca. Por ponerle un palabra, diríamos que de entrada es todo una incógnita”, asegura.

Martín Pallín cree que es un fracaso de la política el tener que recurrir al artículo 155 y recuerda que desde que en 1978 se instauró el Estado de las Autonomías, han sido muchos los conflictos entre comunidades y el Estado que se ha solucionado sin tener que recurrir a estas medidas drásticas. “Es conveniente recordar que en España, desde 1978, están previstos los conflictos entre las comunidades autónomas y el Estado o el Gobierno central. Y estos conflictos los resuelve el Tribunal Constitucional. Hay cientos, yo diría que muchos cientos, de sentencias del Constitucional resolviendo conflictos entre competencias entre las autonomías y el Gobierno central”, asegura.

Ahora, sin embargo, se da un paso más, una vuelta de tuerca que supone toda una incógnita para quien fuera juez del Tribunal Supremo. Todo ello -señala- porque se supone que el conflicto entre Catalunya y el Gobierno español afecta al interés general: “Ahora se da este paso más hacia delante y es necesario señalar que el conflicto debe afectar al interés general, tal como se señala en el artículo 155. Esto da facultades al Gobierno para nombrar, no se sabe muy bien, una especie de comisionado o representante, que sería quien debe dar instrucciones en determinadas materias. En teoría podría afectar a la totalidad de competencias de la Generalitat”.

Para Martín Pallín, esta decisión del Gobierno español puede suponer un estado de excepción encubierto para Catalunya. “Es distinto de un estado de excepción, pero si abarca la totalidad de competencias del Gobierno catalán, en la práctica aunque no sea un estado de excepción, que debería pasar por el Congreso de los diputados, en la práctica sí lo sería”, afirma.

Y ante esta situación, ¿qué se puede hacer? Según el exmagistrado del Tribunal Supremo una de las medidas a tomar por la Generalitat sería presentar un recurso. “Yo creo que esta decisión, la de aplicar el artículo 155, se podría recurrir al Constitucional. El Gobierno catalán o el Parlament, podría recurrir ante el alto tribunal del garantías”, asevera.

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