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La gestión de UPN y PSN en Oncineda eleva la indemnización a 20 millones

El Jurado de Expropiación acepta el precio de 108 euros/metro2 y lo sube hasta 178 aplicando intereses

La cifra dobla el presupuesto y el equipo de gobierno advierte de que el Consistorio podría ser intervenido

Maite González - Sábado, 21 de Octubre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

El actual equipo de gobierno de Estella-Lizarra comnpareció ayer para informar de al situación.

El actual equipo de gobierno de Estella-Lizarra comnpareció ayer para informar de al situación. (MAITE GONZÁLEZ)

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  • El actual equipo de gobierno de Estella-Lizarra comnpareció ayer para informar de al situación.

ESTELLA - LIZARRA Las indemnizaciones a los propietarios de terrenos en el denominadoCaso Oncinedapodrían dispararse hasta los 20 millones de euros tras la resolución del Jurado de Expropiación que recientemente ha conocido el Ayuntamiento de Estella-Lizarra. La decisión del jurado acerca el riesgo de “quiebra económica” para el Ayuntamiento de Estella-Lizarra, según aseguraron ayer los miembros del actual equipo de gobierno. La cifra casi dobla el presupuesto municipal de este año, algo más de 11 millones. “Esa sentencia ha superado el peor de los escenarios que habíamos planteado. Tener que hacer frente al pago de 20 millones de euros podría suponer la intervención del Ayuntamiento hasta niveles que podrían llegar hasta el Ministerio de Hacienda, que dirigiría toda nuestra capacidad económica”. Sin embargo, aseguraron que defenderán los intereses de Estella-Lizarra. “Agotaremos todas las vías posibles para que el impacto económico sea el menor posible para este Ayuntamiento ”, señaló ayer el actual equipo de gobierno, que compareció al completo en rueda de prensa para dar cuenta de la “gravedad” de la situación.

El Jurado de Expropiación no solo acepta el precio de 108 euros por metro cuadrado firmado por Begoña Ganuza (UPN) en uno de los anexos, sino que le añade intereses. Así, el jurado ha valorado los terrenos en 108 euros el metro cuadrado, pero además ha marcado un 5% de “premio de afección”, así como un 60% de intereses. Por ello, la indemnización que recibirían las empresas constructoras que reclamaron al Ayuntamiento supondría abonar 178 euros el metro cuadrado. “Gracias a las actuaciones de Mª José Fernández (PSN) y Begoña Ganuza (UPN) estas empresas pueden conseguir tres millones de euros de beneficio y motivar con ello la quiebra económica de este Ayuntamiento”, señalaron los actuales integrantes del equipo de gobierno.

En el caso de la empresa Actividades Alhama la reciente resolución del Jurado de Expropiación supondría una indemnización que ascendería a 1.535.148,45 euros. La cifra resulta de la suma de los 930.393 euros de los terrenos, más 46.519 euros del denominado premio de afección y 558.235,80 euros en intereses. La cifra se sitúa en 2.823.709,30 euros en el caso de Promociones Herchi (1.711.337,76 más 85.566,89 de premio de afección más 1.026.802,65 euros de intereses). Así, la indemnización a ambas promotoras supondría 4.358.857,75 euros.

En este litigio, las constructoras presentaron ante el Jurado de Expropiación una hoja de aprecio en la que se valoraban los terrenos en 108 euros el metro cuadrado, el precio firmado en su día por Begoña Ganuza. Por contra, el Ayuntamiento, basándose en que los terrenos son rústicos, entregó una valoración de los terrenos en 2,25 euros el metro cuadrado.

3 millones de beneficioDesde el actual equipo de gobierno recordaron a este respecto que las promotoras Herchi y Alhama compraron los terrenos de Oncineda por un montante de 1.121.872 euros, por lo que conseguirían más de tres millones de euros de beneficios.

Además, añadieron que, de reclamar todos los propietarios, las indemnizaciones se dispararían hasta los 20 millones de euros. “Si se aplicara el mismo precio por metro cuadrado y los mismos porcentajes de premio de afección e intereses con el resto de propietarios, estaríamos hablando de un montante total de alrededor de 20 millones de euros y no de 11 millones, como habíamos calculado anteriormente”, resumieron.

El equipo de gobierno defendió que “esta ciudad ni debe ni puede hacer frente a semejante montante económico, por lo que este tema ya trasciende de la propia ciudad de Estella-Lizarra, y así se lo hemos hecho saber en persona a la propia presidenta del Gobierno de Navarra, la cual ha tomado sobrada conciencia del asunto”.

En los mismos términos, añadieron que “el equipo de gobierno aquí presente va a seguir trabajando para revertir esta difícil situación”. Así, relataron que “hemos acordado presentar recurso a la Sala de lo Contencioso, ya que consideramos que los convenios y anexos firmados son ilegales y que los terrenos eran rústicos en el momento de las firmas de los anexos, mientras que en los documentos se valoran como urbanizables”.

Asimismo, recordaron que “en breve remitiremos todo el expediente al Consejo de Navarra para pedirle que haga una revisión de oficio y valore el declarar nulos de pleno derecho los acuerdos firmados por Mª José Fernández y Begoña Ganuza”.

firmas de fernándezDesde el equipo de gobierno se hizo repaso de la historia del Caso Oncineda. Así, se relató que en 2006 se planteó la construcción por fases de una ciudad deportiva, y para ello se expropiaron terrenos a cambio de unos aprovechamientos urbanísticos en la futura zona de Ibarra. “Con ese fin, se hizo una modificación de planeamiento para convertir aquellos terrenos rústicos en urbanizables y se firmaron unos convenios entre el Ayuntamiento y diferentes propietarios”, relataron.

“Los convenios urbanísticos firmados durante la alcaldía de María José Fernández (PSN) estaban sustentados sobre la modificación de planeamiento. Sin embargo, 9 sentencias de la Sala de lo Contencioso a recursos presentados por propietarios de Oncineda invalidaron dicha modificación urbanística en 2007 y también los convenios que se sustentaban en ella”, relataron desde el equipo de gobierno. “Pese a ello, la alcaldesa socialista firmó en periodo electoral y pocos días después de las elecciones, ya conocida la victoria de UPN, anexos a los convenios que habían sido anulados, con lo que los revitalizó”, indicaron.

anexos con ganuzaPor su parte, en la legislatura 2007-2011, ya con los regionalistas en la alcaldía, “a pesar de que UPN se había mostrado en contra del proyecto, Begoña Ganuza firma su primer anexo el mismo mes de julio en el que tomó posesión. Y no solo continúa con el despropósito de revitalizar unos convenios que estaban anulados mediante unas firmas que no están avaladas por personal técnico municipal, sino que además agrava todo este caso de manera imprudente”, explicaron desde el equipo de gobierno.

Así, destacaron que “Begoña Ganuza firma con la familia Mendiri-Ursúa un anexo en el que, en lugar de continuar con la tasación de 43,94 euros el metro cuadrado que había establecido la anterior alcaldesa socialista, establece un precio de 108 euros el metro cuadrado”.

El equipo de gobierno incidió en que esta circunstancia agrava la situación. “En todos los convenios la cláusula octava dice que en caso de que algún propietario de terrenos en Oncineda consiga mejores condiciones que las firmadas, estas serán de aplicación para todo el conjunto. Es decir, al firmar a 108 euros el metro cuadrado, los dos convenios anteriores pasan también a ser de 108 euros el metro cuadrado, disparando así las posibles indemnizaciones”, denunciaron.

Además tras esta firma con los Mendiri, Ganuza firmó otros tres anexos, dos de ellos con las firmas Herchi y Alhama, “que se encuentran en litigio con el Ayuntamiento por el incumplimiento del Consistorio de las condiciones firmadas en 2007 por Begoña Ganuza, incumplimientos derivados de la desidia e incompetencia de UPN, que no desarrolló Ibarra y no entregó los aprovechamientos firmados a los propietarios”, aseguraron.

En este sentido, desde el equipo de gobierno se defiende que este trámite podía haberse llevado a cabo pese a no estar aprobado el Plan General. “Podía haberlo hecho tranquilamente desarrollando de manera independiente esta unidad fuera del Plan General de Ordenación Urbana que se estaba tramitando”. Además, afirmaron que “la asesoría EIN había avisado en 2009 y 2012 a la alcaldesa de que los convenios eran incorrectos y que había que modificarlos, advertencias que agravan todavía más la responsabilidad de UPN derivada de su inactividad”, insistieron.

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