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Arranca el cerco judicial a Puigdemont

La Fiscalía prepara una querella por rebelión para responder a una declaración de independencia. El president tiene abierta otra investigación por firmar el decreto del 1-O, y el TC podría actuar si incumple el fallo de la Ley del Referéndum

M. Vázquez - Domingo, 22 de Octubre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza. (Foto: Efe)

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  • El fiscal general del Estado, José Manuel Maza.

pamplona- El planteamiento que puso ayer Mariano Rajoy sobre la mesa para intervenir la autonomía catalana tenía un cabo suelto. El presidente español activó los mecanismos para destituir al president y a todos sus consellers, pero no aclaró a la prensa cuál sería el plan en el supuesto de que el Govern no acatase su decisión, y si está prevista su detención para evitar su amotinamiento. La solución para Madrid podría encontrarse en las investigaciones judiciales que tienen abiertas varios miembros del Ejecutivo catalán y que podrían provocar su inhabilitación o su entrada en prisión en las próximas jornadas, de manera que Rajoy no tuviera que realizar ningún movimiento.

El president Carles Puigdemont tiene varios flancos abiertos. Ayer mismo, la Fiscalía filtró a los medios estatales que está preparando una querella por rebeldía, que implica hasta 30 años de prisión. La pondría en marcha en el caso de que el president hiciera efectiva su apuesta por proclamar la independencia unilateral. En los corrillos políticos se señala ya una posible secuencia de acontecimientos: activar esa querella por rebeldía ante los tribunales, y que la Fiscalía pida como medida cautelar el ingreso en prisión incondicional. Si el juez lo aceptase, su destino sería el mismo que el de los presidentes de la ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, que ya están en la cárcel. Aún se desconoce qué tribunal asumiría la competencia para este eventual juicio por rebelión. Puigdemont es aforado, de manera que tendría que ser juzgado ante el Tribunal Superior de Catalunya. No obstante, el delito de rebelión es competencia natural de la Audiencia Nacional. El escenario de la Audiencia Nacional y un juicio en Madrid rebajaría el impacto de la movilización ciudadana.

Este delito tiene que llevar aparejado el uso de la violencia, porque solo se aplica a quienes se hayan levantado “violenta y públicamemente”. No obstante, desde las instancias judiciales y la Fiscalía vienen alimentando la tesis de que las protestas en Catalunya son tumultuarias, como habría sucedido en el caso de las concentraciones de la ANC y Òmnium para censurar las detenciones en el Govern catalán, donde resultaron dañados varios vehículos de la Guardia Civil. El delito se aplica a quienes tengan por objeto derogar la Constitución o declarar la independencia de una parte del Estado, como es el caso de Catalunya.

ola firma del decretoEn este momento, además, Puigdemont tiene una investigación abierta por desobediencia, prevaricación y malversación por la firma del decreto de convocatoria del referéndum del 1 de octubre. Hace unas semanas, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, no cerraba la puerta a la detención del president por un delito de malversación. El escenario ideal para Madrid, no obstante, sería evitar esa fotografía porque tiene asumido que va a provocar una reacción ciudadana entre las plataformas que están apoyando el procés.

La posibilidad de que se produjera un muro humano para evitar su detención o la entrada en el Palau sería fatídica para el Gobierno español, y le llevaría probablemente a repetir las imágenes de las cargas policiales del 1 de octubre que ya provocaron gran impacto internacional. Madrid está evaluando los riesgos de sus actuaciones desde el punto de vista social.

desobedecer al constitucionalEl tercer flanco judicial de Puigdemont podría venir desde el Tribunal Constitucional. Los magistrados acaban de decidir por unanimidad que la Ley del Referéndum es inconstitucional. Si el president proclamase la independencia o aprobase actuaciones relacionadas con la hoja de ruta del proceso soberanista, el tribunal podría poner en marcha las actuaciones previstas en la reforma de su funcionamiento por desobediencia a sus sentencias y por obviar que la Ley del Referéndum ha sido anulada por los jueces.

Puede inhabilitar a quienes incumplan sus decisiones, o dar traslado de los hechos a la Fiscalía para que interponga una querella ante los tribunales si lo considera oportuno. En su abanico de opciones, se encuentra también la posibilidad de imponer multas por desatender sus sentencias e inaplicarlas.

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