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la carta del día

La estampida de empresas de Cataluña

Por F. Javier Aramendía Gurrea - Lunes, 23 de Octubre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

al ataque en Cataluña de la infantería gubernamental del señor Rajoy esgrimiendo la poderosa arma de la ley, que sería más convincente si su partido fuera mínimamente respetuoso con la misma en temas de corrupción o cumplimiento de la normativa de la Unión Europea, por ejemplo, ha seguido el avance de la artillería en forma de desbandada de empresas, si bien, de momento, a través del cambio de sede social, de trascendencia limitada y más simbólica que sustancial.

Este cambio, por cierto, se ha facilitado modificando la ley por decreto permitiendo el traslado por un procedimiento escasamente democrático, esto es por simple decisión del consejo de administración, ignorando por tanto las normales atribuciones de la junta general de accionistas, según lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, por tratarse de una modificación de los estatutos sociales.

Las razones aducidas por las empresas de incertidumbre e inseguridad jurídica por el desarrollo del procés pueden considerarse legítimas, sobre todo en el caso de los dos grandes bancos catalanes, dada la necesidad de confianza por parte de los clientes y la posibilidad de quedar fuera de la protección del Banco Central Europeo, del que la banca española ha usado y abusado a la hora de obtener financiación barata y abundante.

Sin embargo, existen, a nuestro juicio, razones de peso ocultas, pero fácilmente detectables a nada que se conozca el modus operandi de los negocios, especialmente de las grandes empresas.

En la pugna entablada entre el Gobierno Central y la Generalitat, no cabe duda de que tiene muchas más probabilidades de ganar el primero, por sus superiores recursos cuantitativos y cualitativos;por tanto, las empresas apuestan sin dudar por el caballo que estiman ganador.

El capital, las grandes empresas, en el mundo en general y en particular en España, se arriman siempre al Estado, al poder político en suma, estableciendo una alianza que cubre desde la preparación de leyes favorables por medio de sus bien pagados lobbies, hasta el amparo de expolíticos, a través de las puertas giratorias, pasando por la obtención de concesiones, exenciones, subsidios y otros beneficios o privilegios para las empresas.

En este singular contubernio llegamos a encontrarnos en casos que están en conocimiento de todos, como los de las autopistas radiales, con lo que se ha llamado “capitalismo garantizado”, por el que los beneficios son para la empresa concesionaria y las pérdidas para el Estado, o sea, los contribuyentes.

El Estado, por su parte, cuenta además con algunas armas convincentes para hacer entrar en razón a las empresas díscolas, como, entre otras, las de lanzar inspecciones fiscales agresivas contra las propias empresas y sus consejeros y altos ejecutivos.

Por tanto, en una situación como la actual, las empresas, en este caso las catalanas, tratan de mostrarse complacientes con el Gobierno central, aun sin que este mueva un dedo para amenazarles.

España tiene una larga tradición del maridaje grandes empresas-Estado, con resultados poco favorables en general para el ciudadano normal. Y ¡así nos va!

El autor es abogado

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