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Anticorrupción pedirá imputar a Alberto Ruiz Gallardón por prevaricación y falsedad documental

La Fiscalía investiga el desfalco del Canal de Isabel II - Gürtel: la trama de Correa era una "actividad duradera para delinquir" en contacto con el PP - Para la Fiscalía queda probado que se buscaba el "enriquecimiento con el abuso de las funciones públicas" de algunos acusados

EP - Lunes, 23 de Octubre de 2017 - Actualizado a las 13:28h

El exalcalde de Madrid y exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, a su llegada al juicio por el caso Nóos

El exalcalde de Madrid y exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón (EFE)

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MADRID. La Fiscalía Anticorrupción atribuye a Alberto Ruiz-Gallardón, el que fuera presidente de la Comunidad de Madrid entre 1995 y 2003, delitos de malversación de caudales públicos en su variante cualificada, prevaricación y falsedad documental, avanza el periódico El Mundo.

La Fiscalía también considera responsables desde el punto de vista penal al antiguo consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Juan Bravo, y a Gaspar Cienfuegos-Jovellanos, el que fue el director financiero del Canal.

Anticorrupción advierte de que en la operación en la que Gallardón inició la expansión del Canal de Isabel II en el continente latinoamericano se medió un sobreprecio superior a 25 millones de euros. En el plazo de un mes se solicitará la citación de Galardón, Bravo y Cienfuegos-Jovellanos para que declaren sobre esta adquisión ante el juez Manuel García Castellón, que también instruye el caso Lezo, por el que está encarcelado Ignacio González.

CASO GÜRTEL La Fiscalía ha subrayado este lunes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a los 37 acusados por participar en la primera época de la trama Gürtel (1999-2005) que la red corrupta era "una actividad duradera para delinquir" y apropiarse de fondos públicos a través de mantener el contacto con algunos cargos públicos del PP y el pago de comisiones de un "tres o cuatro por ciento".

La fiscal Concepción Sabadell ha destacado durante la exposición de su informe de conclusiones que tras una "ardua y compleja instrucción" de la causa, "y no menos complejo juicio", ha quedado acreditado que la trama de corrupción llevada a cabo por el Grupo Correa "no es un hecho aislado" y que los "hechos han sido probados, contrastados".

Según ha recalcado, el propio 'cabecilla' de la Gürtel, Francisco Correa, la trama consistía en un "sistema" para conseguir adjudicaciones públicas a cambio de pagar comisiones de un "tres o cuatro por ciento" a altos cargos públicos. "No es un hecho aislado, es una actividad duradera para delinquir", ha resaltado.

Se trata de conseguir "contratos públicos a cambio de sobornos a funcionarios y autoridades del PP" y ha precisado que a través de estos contactos de la red corrupta se "apropiaron de fondos públicos". Para Anticorrupción ha quedado probado que la Gürtel buscaba un "enriquecimiento con el abuso de las funciones públicas de algunos de los acusados".

ACTUACIÓN "REPROCHABLE" Entre ellos se encuentran exalcaldes 'populares' como Guillermo Ortega (Majadahonda) y Jesús Sepúlveda (Pozuelo de Alarcón); el extesorero del PP Luis Bárcenas; o el exsecretario de Organización del PP de Galicia Pablo Crespo, considerado 'número dos' de la trama. "Una actuación aún más reprochable" si se tiene en cuenta que las entregas de dinero a "cargos públicos" provenía del dinero que la trama estaba "gestionando" con estos negocios, ha añadido.

Tras todo esto, la fiscal Sabadell ha afirmado que "se eliminó el trato justo y equitativo que merecían otras empresas", ya que al adjudicarse los contratos públicos a las empresas de Correa "se anuló por tanto cualquier posibilidad de competencia real".

A la sesión de este lunes, la número 114, han asistido todos los acusados, después de que el tribunal les obligase a escuchar los alegatos finales de todas las partes. Desde que comenzaron los interrogatorios en febrero, los 37 procesados han tenido autorización para ausentarse de casi la totalidad de las sesiones celebradas, a no ser que la jornada estuviese directamente relacionada con alguno de ellos.

La Fiscalía ha centrado parte de su exposición en explicar por qué las nulidades planteadas por las defensas no deben ser tenidas en cuenta, pues, a su juicio, no tienen "fundamento". Casi la totalidad de ellos aseveraron que este procedimiento penal no es válido porque se ha vulnerado la cadena de custodia del pendrive incautado al presunto contable de Gürtel, José Luis Izquierdo; al igual que no se ha podido acreditar la autenticidad de las grabaciones aportadas por el denunciante del caso y exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas, también acusado.

DILACIONES INDEBIDAS Asimismo, resaltaron que el procedimiento no podía haber seguido adelante cuando el entonces juez instructor Baltasar Garzón fue retirado de la carrera judicial por prevaricación al ordenar grabar las conversaciones que mantuvieron los acusados durante su estancia en prisión con sus abogados e insistieron en que se apliquen atenuantes por la dilaciones indebidas, ya que la causa se está juzgando nueve años después de que se destapase la trama de corrupción.

Precisamente, sobre las dilaciones indebidas, la representante del Ministerio Público ha dicho que deben ser "descartadas" porque la duración de la investigación ha ido en "proporción" a la complejidad de la causa. En este sentido, ha hecho hincapié en que se ha realizado una actividad "intensa" de naturaleza económica y financiera" tanto en España como en países extranjeros a los que se les ha pedido documentación y emitido comisiones rogatorias.

Es más, ha puntualizado que no ha habido prácticamente "semana" durante la instrucción de la causa 'Época I: 1999-2005' de la trama Gürtel que "no se haya presentado algún informe o dictado alguna resolución" y que no hayan sido "recurridas" por las defensas de los acusados.

Por último, ha reprochado que alguno de los acusados, como ha sido el caso del exasesor exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, Pedro Rodríguez Pendás, haya insinuado que la Fiscalía "subcontratase" a los peritos que han presentado sus conclusiones durante el procedimiento y en la vista oral. "Esperamos que no se repitan en este trámite valoraciones semejantes", ha concluido, al mismo tiempo que ha instado al tribunal que valore las consecuencias y responsabilidades de dichas manifestaciones.

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