negociación del convenio sectorial en Navarra

UGT exige en Navarra mejoras estatales en Construcción y reclama un convenio foral

EFE - Martes, 24 de Octubre de 2017 - Actualizado a las 12:34h

Un obrero trabaja en un edificio en contrucción en Pamplona.

Un obrero trabaja en un edificio en contrucción. (I. Aguinaga)

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Un obrero trabaja en un edificio en contrucción en Pamplona.

PAMPLONA. El sindicato UGT ha valorado las mejoras conseguidas en el convenio estatal de la Construcción y las ha defendido como base para la negociación del convenio sectorial en Navarra, que afecta a unos 16.000 trabajadores y cuya negociación ha exigido al haberse zanjado la "excusa" que la retrasaba.

Esta era la firma del convenio estatal, rubricado en junio y en vigor desde septiembre, han indicado en conferencia de prensa los responsables de UGT del sector de la Construcción, quienes han emplazado a la patronal navarra a cumplir el anterior convenio foral (caducado pero con ultractividad indefinida) mientras no haya uno nuevo, que en cualquier caso instan a negociar.

El nuevo convenio estatal, de cinco años de vigencia, establece un incremento salarial del 1,9 % para 2017, entre otras medidas como un plus del 20 % sobre el salario base para los trabajadores que deban realizar labores especialmente penosas, tóxicas o peligrosas.

Así, el secretario general de FICA-UGT de Navarra, Lorenzo Ríos, ha explicado que en la actualidad en la Comunidad foral hay 16.324 trabajadores ocupados en el sector de la construcción y afines (un 59,5 % menos que los 40.302 contabilizados en el año 2008), de los que 12.491 son estrictamente en el sector.

El peso de la construcción sobre la producción total de Navarra era de un 6,83 % en 2015 (frente al 10,62 % en 2008) y el peso de la remuneración de los asalariados de la construcción respecto al total en Navarra era del 3,77 % en 2017 frente al 11,36 % de nueve años antes.

Con estos datos, Ríos ha alertado de la situación de los trabajadores, a los que la última reforma laboral ha sometido a "una profunda debilidad intencionada", ya que da "muchas posibilidades a los empresarios de poder escaparse de la disciplina del convenio colectivo", en tres aspectos especialmente: "El despido sin causa, la inaplicación del convenio e incluso la propia ultractividad".

Sin embargo, ha sido firma al asegurar que el cumplimiento del convenio colectivo del sector de la construcción es algo irrenunciable para nosotros", aunque también ha incidido en su temor no ya de que no se negocie sino de que no se haga de forma "genuina", con capacidad por ambas partes.

Así, en Navarra el 100 % de las empresas de construcción son pequeñas y medianas empresas y "prácticamente se convierte en algo heroico negociar convenios sectoriales", ha reconocido el sindicalista, quien además ha lamentado la pérdida de "fuerza vinculante" detectada en muchas empresas.

Con todo ello, ha constatado que la reciente firma del convenio estatal debe afectar al cumplimiento generalizado de al menos esas condiciones, algo que debe implicar a la Administración en la vigilancia de su aplicación y a los sindicatos en sus demandas mínimas.

Al respecto, el responsable del sector de Construcción de FICA-UGT de Navarra, Demetrio Muñoz, ha subrayado que su sindicato "en ningún caso acepta la firma de convenios de empresa por debajo de los convenios sectoriales", que en el caso de los estatales son planteamientos "de mínimos" para todo el sector, que a su vez pueden ser mejorados con la negociación de otro autonómico.

En este punto ha enlazado con Navarra, para recordar que el convenio de Navarra finalizó su vigencia el 31 de diciembre de 2016, aunque su ultractividad lo hace vigente mientras no se firme otro, si bien la negociación se encuentra paralizada porque la patronal la condicionó a la firma del convenio estatal.

Ahora ya "no existen excusas para retomar las negociaciones", ha advertido Muñoz, quien ha señalado que la plataforma unitaria de UGT y CCOO plantea un convenio de tres años (2017-19) con incrementos del IPC más 2 puntos para 2017 e IPC más un punto para cada uno de los dos años restantes, y reducción de la jornada ordinaria anual a 1.722 horas este año hasta las 1.706 en 2019, entre otras medidas.