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Y tiro porque me toca

¿Y ahora qué?

Por Miguel Sánchez-Ostiz - Domingo, 29 de Octubre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

La República catalana proclamada, por un parlamento disuelto a estas horas, y el rodillo del artículo 155 de la Constitución echado a rodar dispuesto a aplastar todo lo que suene a rebelión. Tengo serias dudas de que las elecciones convocadas por el Gobierno para el 21 de diciembre sean la solución a un problema de fondo que no ha hecho sino acrecentarse en los últimos meses y que va a cobrar mayores proporciones en cuanto la Fiscalía presente su querella contra todo el Govern con la segura garantía de que sus medidas, más ejemplares que cautelares, van a ser atendidas por la magistratura. Más bien creo que esa convocatoria no pasa de ser una demostración de fuerza del poder del Estado y en la práctica una humillación a los independentistas catalanes. A lo anterior habrá que añadir las muchas medidas de fuerza que, amparadas por el artículo 155 de la Constitución, irán aplicándose conforme se desarrollen los acontecimientos y aparezcan en escena las respuestas al Gobierno de Madrid, protagonizadas por quienes tienen la resistencia como programa inmediato y con dos líderes cualificados ya en prisión.

Esas elecciones catalanas están en vilo desde el momento mismo en que han sido convocadas. Está por ver si van a ser aceptadas por los partidos independentistas abanderados tras la declaración de la República catalana, que era su objetivo prioritario desde que obtuvieron su representación parlamentaria; esto al margen de que puedan ser silenciados y proscritos por quien se ha hecho por decreto con las riendas del Gobierno catalán.

“¿De verdad creéis que dos millones de personas van a desaparecer porque digáis que vais a aplicar un artículo?”, preguntó el honorable Albano-Dante desde la tribuna del Parlament, en referencia a los votantes del referéndum del 1-0, celebrado en condiciones extremas y nada propicias. Aceptar esas elecciones convocadas de manera extraparlamentaria y desde Madrid, supone en la práctica declinar la declaración de independencia. No creo que una abstención masiva eche para atrás a los “constitucionalista”, es decir a quienes se han apropiado de la Constitución de 1978 como única válida y como blocao de resistencia frente a cualquier cambio, por mucho que la sociedad no sea la misma de entonces, tal y como expuso días pasados el diputado Manuel Monereo en una brillante intervención parlamentaria: necesitamos una nueva Constitución, ahora más que nunca, porque la actual aparece más como un antifaz de ocasión para las trapacerías de los gobernantes que como un texto legal de referencia para todos los españoles. Tal y como acaba de decir la fiscal del caso Gürtel, y por su causa, el daño causado «tendrá una costosa reparación social», algo que puede extenderse a toda la política practicada por el Gobierno en los últimos años.

La confrontación social está servida y el callejón sin salida más cerrado que nunca. No son dos ideas políticas enfrentadas, sino dos formas de vivir. La fractura social es un hecho que se elude tanto que hasta se nombra con dificultad. No hace falta que esa confrontación sea violenta en extremo, ni que haya brotes de vandalismo patriótico consentido aquí y allá -esos matones fascistas que en Rumanía llamaban húligans-, porque con la violencia del vivir a diario a cara de perro y su veneno, basta. Eso no se va a arreglar con un flamear de banderas.

Esta situación que vivimos tiene difícil compostura y hasta dudo si el fin último de unas necesarias elecciones generales no sería otro que el restaurar el sistema, intentar volver atrás, en lugar de un cambio social y abrir un proceso constituyente acomodado a la actualidad, a los cambios sociales y al deterioro institucional... Dudo que ese cambio constitucional, y de modelo social y político con él, esté en el programa de ningún partido político que no sean los aborrecidos nacionalistas periféricos o la izquierda parlamentaria siempre ridiculizada, no el PSOE, con el que se ve que no se puede contar para gran cosa, no desde luego el actual Gobierno ni sus socios, convencidos de que la única solución a la fenomenal crisis social que estamos viviendo es la imposición, la fuerza, el sometimiento... olvidan que no se puede gobernar un país uniformando al disidente con camisas de fuerza.

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