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Vaciar la Constitución, devaluar la democracia

Por Joseba Santamaria - Domingo, 29 de Octubre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

la aprobación en el Senado de la aplicación del artículo 155 para suspender el autogobierno de Catalunya es el último paso de un progresivo vaciado del contenido de la propia Constitución. La modificación del artículo 135 -que pactaron en pleno agosto a escondidas y por la vía rápida PP y PSOE-, para imponer el cumplimiento del déficit a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas fue el primer movimiento para dejar sin contenido el Estado social que incluía la Constitución. Al mismo tiempo, se fueron aprobando sucesivas reformas legales que recortaron los derechos sociales y laborales de los trabajadores y empleados. Sin olvidar la agresión permanente al sistema público de pensiones y a su Fondo de Reserva para pagar el coste del rescate bancario. Tras la llegada del PP al Gobierno con mayoría absoluta, comenzó el desmontaje de los principios constitucionales que salvaguardan derechos democráticos fundamentales. Se fueron aprobando leyes -Ley Mordaza, Enjuiciamiento Criminal, endurecimiento del Código Penal...-, que han laminado derechos como la libertad de expresión, de información, de asociación, de manifestación, de opinión, etcétera. Un compendio de medidas legales que han minorizado los derechos civiles y políticos de los ciudadanos y ciudadanas y el Estado de Derecho. Y ahora con la intervención centralista en las instituciones democráticas de Catalunya se rompe también el pacto territorial recogido en la Carta Magna. Un paso definitivo en un largo proceso de aprobación de leyes y de anulación de competencias a través del Tribunal Constitucional -con la legislación foral de Navarra como objetivo destacado-, que ya había ido reduciendo el modelo de vertebración territorial del Estado plurinacional a mínimos a través de esa involución uniformadora. Quienes esgrimen la Constitución -que ya nació recortada y encorsetada por la presión y el chantaje del franquismo, el clarificador todo atado y bien atado-, han sido quienes han ido eliminando sus garantías sociales, políticas y territoriales. Y son los mismos que han ido devaluando la calidad de la democracia española diluyendo la separación de poderes. Se asaltaron primero los altos tribunales de justicia para encadenar una conexión directa entre los intereses del Gobierno y las actuaciones de determinadas salas judiciales. La independencia y autonomía de las instituciones del poder judicial ha quedado en evidencia en numerosas ocasiones sin que haya habido consecuencias. Se han asaltado también los grandes medios de comunicación públicos y privados, sometidos al poder e influencia de los poderes fácticos y a las consignas del Gobierno. Lo reconocen sin rubor. Y, por último, se ha anulado la capacidad legislativa del Congreso. En lo que va de Legislatura el Gobierno, que ya aprueba sus medidas directamente por decreto en el Consejo de Ministros sin someterlas a un debate parlamentario en igualdad de condiciones, ha vetado casi 80 iniciativas legislativas aprobadas por la mayoría de la Cámara anulando así utilidad política. Todo ello mientras la corrupción asaltaba igualmente las principales estructuras del Estado y los discursos neofranquistas se encampanan en las tribunas políticas. La crisis de Catalunya no es sólo un problema de independencia, que también, es al mismo tiempo un grave problema de democracia y de constitucionalidad. Eso sí, todo bajo el imperio de la ley y el orden.

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