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SE DENUNCIÓ POR MALA PRAXIS

Recurren el caso de el Molino, que una juez cerró sin practicar ni una diligencia de investigación en 19 meses

El Gobierno y una familia piden a la Audiencia que se reabra el asunto, en el que se denunció una mala praxis de tres monitores y no se ha tomado ninguna declaración desde marzo de 2016

Enrique Conde - Domingo, 29 de Octubre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

Acceso al centro ocupacional El Molino.

Acceso al centro ocupacional El Molino. (IÑAKI PORTO)

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PAMPLONA- Por más que la frase no deje de ser manida y recurrente para los mensajes en aperturas de ceremonias judiciales, aquello de que una “Justicia lenta deja de ser justicia” no deja de ser una verdad, a veces, demasiado habitual según en qué órganos judiciales. La titular del Juzgado de Instrucción 5 de Pamplona archivó a comienzos de octubre la denuncia que presentó el Gobierno foral por la presunta mala praxis llevada a cabo durante varios meses por tres monitores en El Molino, centro ocupacional (también dispone de un colegio especial) al que acuden usuarios con discapacidad. Si bien el asunto data de marzo de 2016, cuando se entendió que se debía interponer el asunto en sede judicial para que se depuraran las pertinentes responsabilidades penales, si las hubiera, ahora, después de 19 meses, la juez ha decidido archivar por segunda vez el caso (en primer lugar lo hizo en mayo de 2016, cierre que fue recurrido) al desestimar los recursos, e incluso la personación en el procedimiento como acusación popular del Gobierno de Navarra, a quien no considera habilitado para ello. El debate sobre dichas personaciones entre juez, fiscal y partes es el único contenido judicial de este procedimiento, además de los archivos decretados y respaldados, eso sí, hace mucho tiempo, por la Fiscalía.

El Ejecutivo y una de las familias que se sumaron a la denuncia han decidido proseguir con el caso y han recurrido a la Audiencia Provincial de Navarra para que se reabra y se efectúe el trabajo propio de una instrucción judicial. Y es que en todo este tiempo, la jueza ha sido incapaz de practicar ni una sola diligencia de investigación al respecto de este caso. Como alega la familia particular, que era usuaria de El Molino y ha recurrido el auto, “este procedimiento es la antítesis de lo que debe ser una buena Administración de Justicia. El despropósito al tramitar estas diligencias no puede ser más evidente. Y más rechazable aún en cuanto que, a la postre, se trata de investigar presuntos malos tratos (trato inhumano o degradante) a personas con discapacidad. Desde que el 17 de marzo de 2016 entró el asunto en el juzgado, hace 19 meses, en semejante lapso de tiempo (impropio en todo caso de una Administración de Justicia que se precie) el juzgado no ha realizado ni una sola diligencia de investigación”. Y añaden que “aunque la no realización de una diligencia pueda residenciarse en la idea de que el juzgado ha entendido desde el principio que aquí no había nada que investigar, lo cierto es que dejar transcurrir 19 meses para semejante bagaje es, lisa y llanamente, inaceptable.

NI UNA MÍNIMA ACTIVIDAD La jueza archivó el caso porque entendió que del informe del Servicio de Inspección no se desprendían ilícitos penales ni la existencia de dolo en las actuaciones de los monitores. Usaba como argumentos que “los hechos se producen en el desarrollo de actividades en el centro y en el contexto de su cumplimiento”, que “el propio monitor que más quejas ha recibido ha explicado en la vía administrativa las razones de su actuación: que los usuarios tienen que hacer las cosas como él indica” y que los “testigos han indicado que existe una falta de recursos para manejar situaciones o personas con determinados problemas, que los hechos se producen en relación a problemas de comportamiento de los usuarios y que se producen también en relación a los usuarios que tienen mayores problemas conductuales”.

Ahora bien, en el recurso se le dice a la juez que dichos argumentos “no son de recibo” al carecer de una “mínima actividad investigadora”. Y explican que el proceso debe reabrirse porque la investigación llevada a cabo por la Administración tiene un ámbito y unos corsés determinados y es más limitada y menos garantista que la judicial” y porque en la investigación administrativa (que fue la base para la interposición de la denuncia) “no se ha recabado el testimonio de ni un solo usuario, afectado o testigo de los hechos (las familias no participaron en la misma)” y que “si una investigación judicial es casi imposible excluir la existencia de ilícitos penales en la causa”.

lo que vio la inspección Así, concluyen que ya la inspección puso de manifiesto la existencia no solo de “malas prácticas” a la hora de tratar “profesionalmente” a las personas con discapacidad, sino además de gritos, insultos, zarandeos, violencia verbal y física, conductas vejatorias, actuaciones con connotaciones sexuales, conductas coercitivas, encierros y castigos, todo ello materializado en acciones, lisa y llanamente, inaceptables”. Además, en la apelación presentada ante la Audiencia, se recuerda que la investigación administrativa constató que dichas acciones eran “habituales y en ningún caso ocasionales” y así se reprodujo en base a los testimonios obtenidos de numerosos padres y madres de usuarios/as, de un monitor, de un alumno en prácticas y de seis profesionales y extrabajadores”.

Por último, recuerdan que el personal inspector de Políticas Sociales tienen legalmente reconocida la condición de agente de la autoridad de la función inspectora y se reconoce legalmente valor probatorio a sus actas e informes”. Por ello, la familia recurrente exige “que con los elementos obrantes en las diligencias, es obligación de todos los poderes públicos, incluida la autoridad judicial (y junto con ella también del Ministerio Fiscal) la de apurar al máximo la investigación judicial de tales hechos, por incómoda y/o complicada que ésta pueda ser”.

en enero

JUICIO A UN MONITOr POR ABUSOs

Tres delitos. Uno de los monitores que figura en el informe de la inspección de Servicios Sociales y sobre el que se denunciaban malas prácticas en su actividad profesional en el centro ocupacional El Molino será juzgado por presuntos abusos sexuales, amenazas y lesiones cometidas sobre una joven usuaria del centro que presenta un 75% de discapacidad. El juicio está previsto que sea a finales de enero en el Juzgado de lo Penal 3 de Pamplona.

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