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demanda interpuesta por un matrimonio

El Santander, condenado en Tafalla a devolver 150.000 € al no informar bien de sus valores

La entidad ya fue obligada a restituir otros 300.000 euros a la misma familia, a la que no comunicó el riesgo y la dificultad de recuperar el dinero

Martes, 31 de Octubre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

Acceso a una oficina del Banco Santander.

Acceso a una oficina del Banco Santander. (EFE)

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Acceso a una oficina del Banco Santander.

pamplona- La titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Tafalla ha vuelto a condenar al Banco Santander al estimar una demanda interpuesta por un matrimonio dedicado al sector agrícola por la adquisición de valores del Santander, un producto complejo y de alto riesgo del que el banco no informó adecuadamente a sus clientes. Si ya en su día, la juez obligó a la entidad a devolver a familiares de esta misma pareja los 300.000 euros que invirtieron, la nueva condena ahora conocida hace que tenga que devolver otros 150.000 euros por la adquisición de otros 30 valores del Santander. La sentencia es recurrible. La anterior ya fue recurrida.

El producto fue comercializado por la entidad bancaria en septiembre de 2007 con el objetivo de financiar la realización de una OPA junto con Fortis y Royal Bank of Scotland (RBS) sobre el banco holandés ABN AMRO, y que ha supuesto graves pérdidas para los afectados, pérdidas que, en muchos casos, han llegado a superar el 50% del capital invertido. Según la sentencia, el matrimonio, cuyas profesiones son agricultor y ama de casa, suscribió con el Banco de Santander 30 títulos del producto financiero Valores Santander en fecha 25 de septiembre de 2007, cuatro días después de que sus padres hubieran adquirido 60 valores. En junio de 2012 optó por la conversión voluntaria de valores en acciones. Los demandantes sostenían que en todo momento suscribió lo que consideraba un contrato de depósito a plazo fijo que iban a generar unos intereses, ofreciéndole la opción de convertir el dinero invertido en acciones del Santander.

valores a bolsa o en accionesEl matrimonio defendía que no fueron informados de que el dinero iba a ser invertido en bolsa o en acciones, ni que podía perder parte del mismo en función de las fluctuaciones del mercado, ni constaba el interés al que le remuneraban el producto, ni el plazo de vencimiento, ni ningún dato económico o del funcionamiento de la vida del mismo”. La entidad no negó ni las adquisiciones, ni los importes, ni los valores, pero se oponía a las pretensiones de sus clientes por entender que “no hubo defecto de información ni error alguno y ello puede deducirse de los actos coetáneos y posteriores de los hoy demandantes, y de haber existido no hubiera sido excusable”.

Al analizar el asunto, la juez recuerda que incumbe a la entidad demandada “probar la circunstancia alegada de haber cumplido debidamente con los deberes de información y transparencia, cuidando de los intereses de sus clientes como si fueran propios, y asegurándose debidamente de que los productos contratados son adecuados a su perfil y objetivos de inversión”. La juez concluye que el Santander no cumplió con ese deber, ya que “solo aporta como prueba documental la orden de suscripción de valores, que como puede comprobarse en un mero documento de adhesión, sin que conste más informaciones, ni siquiera el tríptico de explicación del producto”. Y en cuanto al perfil del demandantes, del que el banco alegaba que tenía conocimiento de operaciones financiera ya que tenía “fondos de riesgo anteriores, la juez dice que “no basta por sí mismo para considerar que conocía este producto en concreto ni que tenga un perfil de riesgo”. Tampoco la alegación de que contaba con un asesora prospera, puesto que “no ha sido llamada ni siquiera como testigo”.

La juez considera “prueba suficiente la declaración de los adquirientes que acredita que no se les informó de la posibilidad de recuperar el dinero invertido y de que no hubiera riesgo en la inversión”. Por ello, la juez entiende que “el desconocimiento alegado no le es imputable, ni quiera por omisión, al existir una obligación legal positiva que impone a la entidad financiera la carga de asegurarse no sólo la idoneidad del producto y su adecuación a lo que realmente quiere el cliente, sino también que el cliente comprende en su integridad la operación, con sus consecuencias y riesgos. En definitiva, el banco debe asegurarse que se cumplen los precedentes requerimientos para ejecutar la contratación.

Desde Zubiri Abogados, que han defendido a los clientes en este procedimiento, se recomienda a todos aquellos particulares, sobre todo ahorradores minoristas que era el perfil que captaban estas entidades, que acudan a profesionales para revisar y analizar si se encuentran en casos similares al de los valores del Santander o con otros bancos. Debe agilizarse el examen de esas reclamaciones porque podría caducar su derecho de reclamación.

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