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Editorial de DIARIO DE NOTICIAS

Denuncia contra querella

La admisión a trámite por el TS de las demandas de la Fiscalía por rebelión y sedición contra la Mesa del Parlament confirma los temores que Puigdemont explicita sobre la subordinación de la Justicia al Gobierno

Miércoles, 1 de Noviembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

“si hubiera garantías inmediatas de un trato justo, si la reacción del Estado fuera neutral y nos garantizara a todos la separación de poderes, si garantizaran eso, retornaría inmediatamente”. Más allá de la estrategia política y social de Puigdemont y su Govern, su petición ayer en Bruselas de “garantías jurídicas en el marco de la UE” frente a lo que denuncia como “demanda política” iniciada por el fiscal general, José Manuel Maza, halla base en las mismas querellas presentadas por la Fiscalía ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. No en vano, la atribución a Puigdemont y sus consellers del delito de rebelión sólo puede ser considerada artificiosa y consecuencia de una Justicia con ánimo de represalia, toda vez que el art. 472 del Código Penal que dentro del Título XXI de los “Delitos contra la Constitución” lo define explicita que solo es atribuible a “los que se alzaren violenta y públicamente...”, lo que no ha sucedido en las siempre pacíficas manifestaciones y reivindicaciones del soberanismo catalán, que en ningún momento han presentado las características que también el Código Penal, en su artículo 513, constata como punibles. Asimismo, la acusación del delito de sedición solo puede entenderse una aplicación extensiva del artículo 544, que se refiere a quienes “se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o cualquier autoridad”, lo que no se ha dado en cuanto a la fuerza y en cuanto a la legalidad en todo caso queda pendiente de definir por cuanto las leyes de transitoriedad aprobadas por el Parlament se hallan suspendidas solo de modo cautelar y desde este lunes por el TC. Sin embargo, también ayer, la admisión a trámite por el Tribunal Supremo de las acusaciones contra los seis miembros de la Mesa del Parlament, entre ellos su presidenta, Carme Forcadell, por esos mismos delitos confirma los temores de Puigdemont y que la ausencia de separación de poderes a que hace referencia es tan evidente como denunciada ya con anterioridad en otros casos; también que la aplicación de la ley en el Estado español, especialmente en las causas políticas, se ha visto y ve contaminada por los intereses e ideología del Ejecutivo de turno y encauzada a través de la designación política de aquellos que en su condición de magistrados deberían impartir justicia.

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