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La mesa del Parlament declara mañana por rebelión, el delito del 23-F

El juez abre la puerta a que Forcadell y los cinco exdiputados sean investigados solo por conspiración

Miércoles, 1 de Noviembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

pamplona- El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena Conde ha citado a la presidenta del Parlament catalán Carme Forcadell y a los otros cinco exmiembros de la Mesa de la Cámara para tomarles declaración el jueves y el viernes en el marco de la querella por rebelión, el mismo delito por el que fueron condenados los responsables del 23-F, presentada contra todos ellos ayer por la Fiscalía. En una providencia dictada apenas una hora después de ser admitida a trámite la querella y de haber asumido este asunto, el instructor les recuerda que vienen en calidad de investigados y que tienen que comparecer con abogado. El de la presidenta del Parlament, Andreu van den Eynde, manifestó su confianza en que el juez risión preventiva contra ella y los otros miembros de la Mesa de la cámara.

Esta primera decisión del instructor de esta causa, que fue portavoz de la asociación mayoritaria en la Carrera, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), se conoció apenas unas horas después de que el Tribunal Supremo admitiera a trámite de forma unánime la querella por rebelión, sedición y malversación presentada por la Fiscalía contra todos ellos por participar en la declaración unilateral de independencia.

La querella se presenta contra un total de seis personas: Forcadell, el que fuera miembro de la Mesa hasta el pasado julio y actual presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí Lluís Maria Corominas, los también miembros de la Mesa y diputados del mismo partido Anna Simó, Lluis Guinó y Ramona Barrufet -todos ellos miembros de la Diputación Permanente, y por ello aforados- y contra el secretario tercero Joan Josep Nuet, de Catalunya Sí que es Pot.

Sobre la querella, la Sala explicaba que el fiscal alude a la existencia de un delito de rebelión con una extensa argumentación encaminada a justificar la concurrencia de violencia. Para el alto tribunal, será a lo largo de la instrucción cuando se dilucide si se está ante una rebelión o ante una conspiración para la rebelión, “al no superar los conspiradores la fase propiamente preparatoria”. La rebelión implica una consumación y está penada con una horquilla de 15 a 30 años de cárcel para los casos más graves. En cambio, la conspiración -que existe cuando dos o más personas se conciertan para ejecutar un delito- supone una condena de entre 3 años y 9 meses a los 8 años de cárcel,.

La Fiscalía atribuye a todos los querellados el delito de rebelión al entender que los “cimientos del Estado de Derecho han sido dinamitados” con sus actos, “realizados con absoluto desprecio” a la Constitución y proclamando la independencia de una parte de la Nación española, que es “patria común e indivisible de todos los Españoles”. Añade en su querella que la violencia que requiere el tipo penal de rebelión “no exige que se esgriman armas, ni combate ni violencias graves contra las personas”. “Se trata de un delito de resultado cortado o de consumación anticipada en el que es suficiente que con el alzamiento se haya producido un peligro objetivo para la consumación de los fines rebeldes”, dice para justificar la atribución de este delito. - D.N.

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