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Otro escándalo que hace difícil confiar en la alta justicia

Por Joseba Santamaria - Viernes, 3 de Noviembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

Creo en serio que en el Estado español está asentado un Estado de Derecho garantista y confío en la capacidad de independencia e imparcialidad de los tribunales ordinarios. Pero desconfío, y cada vez más, de que ese garantismo democrático y esa imparcialidad estén instalados en las politizadas altas esferas de la Justicia española. Lo ampara la Constitución, pero como en otras muchas cosas, la deriva involucionista y los intereses particulares de las elites políticas y financieras están dejando esa Constitución, además de agotada por el paso del tiempo y la renovación de las inquietudes de las nuevas generaciones, en agua mojada también en el ámbito de la justicia democrática. La politización creciente de los altos tribunales y la utilización instrumental por parte del Gobierno y de la Fiscalía de determinados juzgados de la Audiencia Nacional o del mismo Tribunal Constitucional avalan la creciente pérdida de confianza en la Justicia. Una juez de la Audiencia Nacional, que es un órgano de excepción y excepcional en el entramado judicial de la UE, ha ordenado por su cuenta y riesgo prisión incondicional preventiva para miembros de un Gobierno legítima y democráticamente elegido. Sin juicio, sin aportación de pruebas y con la única acusación de haber actuado políticamente para cumplir el programa electoral que apoyaron muy mayoritariamente los catalanes y catalanas. La misma AN que acumula numerosos errores judiciales y épocas oscuras desde el punto de vista de la aplicación de una justicia justa. Basta recordar la época de aquellos jueces estrella de alta repercusión política y mediática, varios de los cuales acabaron luego estrellados por sus errores e instrucciones fallidas y desautorizados por los tribunales europeos. La apuesta por las vías penales y policiales del Gobierno para afrontar la crisis en Catalunya ha forzado la acusación sobre Puigdemont y los miembros del Govern y de la Mesa del Parlament por un supuesto delito de rebelión que no ha existido como tal -exige la existencia de una violencia expresa en el hecho delictivo que no se produjo ni se impulsó desde las actuaciones de los acusados- para forzar la máxima tipificación penal con el objetivo de aumentar la pena de cárcel. Además, se ha ubicado en la Audiencia Nacional, que no tiene competencia para juzgar ese delito, y el fiscal general esperó expresamente a que estuviera de guardia la juez Lamela para presentar la demanda y que recayera en su juzgado. La juez Lamela ha aplicado la tesis de la Fiscalía obviando incluso la actuación de un tribunal superior como el Tribunal Supremo, que ha cuestionado la mayor parte de la argumentación de la Fiscalía en que se ha basado el envío de los miembros del Govern a prisión y además ha aplazado al día 9 la declaración de los representantes de la Mesa del Parlament imputados por esos mismos presuntos delitos. Un despropósito judicial que no pasará desapercibido en Europa. Y, por si todo ello fuera poco, el exministro Margallo ya anunciaba antes de la toma de declaración a los representantes democráticos citados que el camino de salida de los juzgados les llevaría directamente a prisión. Es una desproporción escandalosa -similar al caso de los jóvenes de Alsasua- que evidencia falta de equidad judicial. Vale comparar la actuación con casos como el de Urdangarin o Rato, entre otros. Difícil impulsar la confianza en esos ámbitos de la Justicia.

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