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Las razones de la jueza

Riesgo de fuga, alta probabilidad de ocultación de pruebas, aliento de la insurrección, alto riesgo de reiteración delictiva... la batería de argumentos de la magistrada para encarcelar a medio Govern parece infinita y casi idéntica a la de la Fiscalía

Un reportaje de E. Bátori. Fotografía J.C. Etxezarreta - Viernes, 3 de Noviembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

Concentración organizada en la plaza Sant Jaume de Barcelona contra los encarcelamientos.

Concentración organizada en la plaza Sant Jaume de Barcelona contra los encarcelamientos. (EFE)

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  • Concentración organizada en la plaza Sant Jaume de Barcelona contra los encarcelamientos.

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha encarcalado al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y otros siete exconsejeros, investigados por delito de rebelión, ante alto riesgo de reiteración delictiva y de fuga. Sobre este último punto recuerda en su auto, un argumentario casi clonado del de la Fiscalía, que hay querellados -en referencia al presidente cesado Carles Puigdemont- que no han atendido a la citación. Precisamente, el traslado del president a Bélgica ha sido una de las razones de la magistrada para encarcelar a medio Ejecutivo catalán. El único que podrá eludir esta medida cautelar será el exresponsable de Empresa, Santi Vila, para quien fijó una fianza de 50.000 euros.

En su auto, de 19 páginas, la juez señala que “no puede olvidarse el poder adquisitivo” de los consejeros cesados para los que ha adoptado esta medida cautelar porque les permite “abandonar fácilmente el territorio español y subsistir en el extranjero”. En este punto recuerda el hecho de que algunos querellados ya se han desplazados a otros países “eludiendo las responsabilidades penales” en las que puedan haber incurrido, en clara referencia aunque sin citarle a Puigdemont y otros cuatro consejeros que permanecen en Bruselas.

Frente a las críticas por desproporción en las medidas, la juez considera su decisión “adecuada, razonable y proporcionada” y acuerda prisión sin fianza para exvicepresidente Oriol Junqueras, Jordi Turull (Presidencia), Josep Rull (Territorio), Meritxell Borràs (Gobernación), Joaquim Forn (Interior), Raúl Romeva (Asuntos Internacionales), Carles Mundó (Justicia) y Dolors Bassa (Trabajo).

En primer lugar la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 destaca la gravedad de los delitos que se imputa al gobierno cesado (rebelión, sedición y malversación de caudales públicos) y de las penas que lleva aparejadas. “Teniendo en cuenta que, a mayor gravedad de los hechos y la pena, más intensa cabe presumir la tentación de la huida”, reza el auto.

Así, recuerda que los exconsejeros se enfrentan a penas que pueden alcanzar los 25 años de prisión por delito de rebelión, quince por sedición y ocho años por delito de malversación, que puede elevarse incluso a diez en caso de que se haya producido falseamiento de la contabilidad. Para Lamela cobra “especial importancia el papel de todos los querellados desde sus cargos públicos sin los cuáles el proceso independentista no hubiera podido impulsarse”.

Por otro lado, considera que existe alto riesgo de reiteración delictiva teniendo en cuenta que todas las actividades investigadas “se han venido planificando y realizando de forma consciente por los querellados durante más de dos años” con excepción de dos consejeros.

La organización

Acción meditada y preparada

El auto añade que la acción del gobierno de Cataluña cesado “fue meditada y perfectamente preparada y organizada” y que durante más de dos años ha venido incumpliendo de forma sistemática las resoluciones del Tribunal Constitucional “en pro de la independencia”. En este punto se refiere a Turull y Forn -que accedieron a sus respectivas consejerías el 14 de julio de 2017- y apunta que “no puede desconocerse la multitud de actuaciones que en el desarrollo del proceso independentista” han llevado a cabo desde entonces. Matiza, en todo caso, que todos jugaron “un papel activo impulsando el proceso soberanista minuciosamente diseñado y franqueando toda clase de barreras que pudiera desviarles de su finalidad”.


Los apoyos

Anc y Òmnium, “brazo civil del levantamiento”

La magistrada sostiene que los investigados vienen operando “dentro de un grupo perfectamente organizado de personas” apoyados por asociaciones soberanistas “con poder y capacidad para auxiliarles de la Justicia” y que actúan como “brazo civil del levantamiento”. Algunos de ellos recuerda, pertenecen a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, “que ha jugado un papel decisivo en el proceso”. Por su implicación en estos hechos se encuentran en prisión por orden de esta misma juez Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, los líderes de las dos asociaciones.

Respecto a las concentraciones que hubo esos días, señala que se produjeron mientras se desarrollaban una serie de diligencias de entrada y registro autorizadas por la justicia, cuando una “muchedumbre se concentró ante los edificios registrados”. No obstante, precisa que la actuación “más significativa” tuvo lugar en la sede de la Secretaría General de Vicepresidencia, Economía y Hacienda, donde los congregados “pincharon ruedas y destrozaron diversos coches patrulla de la Guardia Civil”. Allí retuvieron a la Comisión judicial, que no pudo salir del edificio hasta el día siguiente.

Entre los argumentos, incluye el llamamiento que realizó Carles Puigdemont durante un mitin organizado por la ANC en Sant Joan Despí, en el que estaba acompañado de Jordi Sánchez, ya en prisión. Puigdemont alentó ese día el “enfrentamiento” de los asistentes con los alcaldes que no querían ceder locales para el 1-O, según la juez, que recuerda las palabras del expresidente: “Miradles a los ojos y que os digan si os dejarán votar o no. Vosotros les pagáis y ellos os tienen que rendir cuentas”.


La financiación

Borràs recaudó dinero para el referéndum

Al igual que expuso cuando admitió a trámite la querella de la Fiscalía, Lamela recuerda la existencia de un documento denominado EnfoCATs que establecía una hoja de ruta para lograr la independencia así como el papel que debería jugar sus actores.

Respecto a Rull dice que puso de manifiesto el “rechazo institucional” al contingente policial desplazado a Cataluña. De Bassa expone que efectuó un comunicado desde el Departamento de Trabajo que dirigía alentando a la convocatoria de huelga del pasado mes de octubre, mientras que de Borràs dice que adoptó “medidas encaminadas a obtener los medios con que poder celebrar el referéndum”;de ahí el delito de malversación.


Las protestas

Alentaron la insurrección pública

Alude en su auto que, en ejecución de dicho plan, los investigados “se valieron de la población alentando actos de insurrección pública, desobediencia y de resistencia colectiva a la autoridad legítima del Estado ocupando, al efecto, carreteras, calles o edificios públicos y sometiendo a los agentes de la autoridad a un “incesante acoso”. En este contexto la magistrada apunta a la actuación del presidente de la Generalitat cesado quien, de cara a poder celebrar el referéndum ilegal del 1 de octubre, remitió una carta a los alcaldes de Catalunya pidiéndoles que pusieran a disposición locales municipales para la consulta. Algunos ediles desatendieron la solicitud, lo que motivó que dos días después, y acompañado por Jordi Sànchez (ANC) hiciera un llamamiento al enfrentamiento contra estos.

Destacable también es, a juicio de Lamela, el llamamiento a la huelga general del pasado 3 de octubre “que nada tuvo que ver con una reclamación de derechos o mejora de las condiciones laborales”, sino que “todo era a favor del proceso independentista”. Recuerda también que se impusieron “actitudes de rechazo” por parte de las instituciones y la sociedad civil contra los funcionarios y la Guardia Civil en Cataluña.


La actuación policial

Los Mossos espiaron a la Guardia Civil y la Policía

La magistrada precisa que el pasado día 1 de octubre los Mossos d’Esquadra llegaron incluso a “espiar” acciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional alertando a los congregados en los colegios electorales de que estos agentes se dirigían a dichos lugares. Lamela se remonta a los hechos sucedidos durante la celebración de la consulta y expone que, en la gran mayoría de casos, la actitud mostrada por los agentes autonómicos fue “pasiva, manteniéndose al margen de cualquier actuación desarrollada por la Guardia Civil” y dice que evitaron intervenir en los casos en los que estos agentes fueron agredidos.

“Llegaron incluso a increpar y a enfrentarse a algunos de los agentes de la Guardia Civil que en el ejercicio de sus funciones estaban en el lugar de los hechos. Incluso espiaron las acciones de Guardia Civil y Policía Nacional alertando a los congregados en los colegios de que las citadas Fuerzas del Orden se dirigían hacia determinados lugares”, dice la juez.

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