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El tándem Maza-Lamela no afloja la presión judicial

La Audiencia Nacional rechaza la excarcelación de Sànchez y Cuixart
El TC anula definitivamente normas del 1-O y no admite el recurso de la Generalitat contra el 155

X. Garmendia - Sábado, 4 de Noviembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

Miles de personas se concentraron ayer frente al ayuntamiento de Barcelona.

Miles de personas se concentraron ayer frente al ayuntamiento de Barcelona. (EFE)

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Miles de personas se concentraron ayer frente al ayuntamiento de Barcelona.

pamplona- La Justicia española no está dispuesta a levantar el pie del acelerador en su persecución a los líderes del independentismo catalán. Tras llevar a cabo una de las medidas más excepcionales de la historia democrática con el encarcelamiento de los miembros del Govern cesado, las decisiones tomadas ayer en los tribunales corroboran que no hay margen para un cambio de rumbo a corto plazo, al menos en la faceta judicial. Por un lado, la Audiencia Nacional rechazó poner en libertad a los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural, en prisión preventiva desde el pasado 16 de octubre. Por el otro, el Tribunal Constitucional (TC) ni siquiera admitió a trámite el recurso de la Generalitat en contra de la aplicación del artículo 155 amparándose en el incumplimiento de uno de los requisitos, y anuló definitivamente tres normas referidas a la votación del 1 de octubre.

Las declaraciones del fiscal general del Estado el jueves auguran un horizonte negro para los encausados por el procés. José Manuel Maza defendió la decisión de la jueza Carmen Lamela de encarcelar a Junqueras y ocho exconsellers, y afirmó que “bastante paciencia ha tenido ya el Estado de Derecho”. En definitiva, una declaración de intenciones que pronostica más presión judicial para las caras visibles del independentismo.

El muro judicial tardó poco en emerger. Los abogados de Sànchez y Cuixart habían solicitado su puesta en libertad al alegar que se han producido cambios en la situación política en Catalunya en los cuales sus defendidos no han tenido ninguna influencia;en concreto, la declaración unilateral de independencia y la aplicación del artículo 155 de la Constitución para cesar a los miembros del Govern. Según lo que se recogía en la petición, la estancia en la cárcel de los líderes de las entidades soberanistas mientras se sucedían esos acontecimientos demuestra que el argumento de la jueza Lamela para mantener la prisión preventiva “se cae por su propio peso” y “dificulta la tesis de que se puede realizar alguna actuación de reiteración delictiva”. Los abogados añadían que el riesgo de fuga es “inexistente”, ya que ambos se presentaron cuando fueron llamados a declarar. Además, aportaban grabaciones y material gráfico que, en su opinión, desmienten la función de sus defendidos como promotores de las concentraciones del 20 de septiembre.

La petición fue analizada ayer por una sala compuesta por cinco magistrados, la misma que juzga el caso Gürtel. Por cuatro votos a favor y uno en contra, los jueces rechazaron sendos recursos. No obstante, aún deben resolver otro más en el que los abogados de Sànchez y Cuixart ponen en duda la competencia de la Audiencia Nacional para investigar la cuestión independentista. La decisión se tomará el lunes, aunque todo apunta a que no supondrá un giro de 180 grados en el proceso.

Por su parte, el TC también contribuyó ayer a aumentar la presión judicial sobre el independentismo catalán. A la anulación definitiva de varias normas y disposiciones del 1-O -entre ellas, la propia convocatoria y la designación de los miembros de la Sindicatura Electoral- le siguió el frenazo al recurso de la Generalitat en contra de la aplicación del 155. El alto tribunal se apoyó en la hora del registro del documento para decretarlo como inválido. Explica que fue presentado a las 14.23 horas del 27 de octubre, horas antes de que el Senado diera su beneplácito para poner en marcha la intervención de la autonomía catalana. Así, se incumplió el requisito de que el recurso se formule tras la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esta argumentación es la misma que el TC utilizó para desestimar otras dos apelaciones de los senadores de ERC y PDeCAT que iban en la misma línea.