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Se confirma el archivo de la causa sobre cursos de formación de UAGN

El Ejecutivo consideraba que las investigaciones, centradas en nueve casos, debían extenderse a los 26 expedientes en los que la Guardia Civil detectó falsedades - La juez instructora apreció en marzo indicios de que se hubiesen falseado las condiciones de actividades

EP - Miércoles, 8 de Noviembre de 2017 - Actualizado a las 13:47h

La cúpula política del sindicato UAGN compareció ante los medios el pasado 27 de abril.

La cúpula política del sindicato UAGN compareció ante los medios el pasado 27 de abril. (Patxi Cascante)

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PAMPLONA. La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha confirmado el archivo de la causa abierta sobre los cursos de formación de UAGN, según ha informado el TSJN.

El Gobierno de Navarra interpuso un recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Pamplona por el que se acordó el sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias previas incoadas tras recibirse atestado de la Guardia Civil elaborado por denuncia formulada por una persona en la que se ponía de manifiesto que UAGN, FUNDAGRO y AMUR habían cometido presuntamente irregularidades en la realización de cursos subvencionados por el Gobierno de Navarra, irregularidades que habrían consistido en la falsificación de firmas de supuestos asistentes a dichos cursos e incluso la justificación de cursos que realmente no habían tenido lugar.

Según informó el Gobierno en junio, las razones del recurso estaban tanto en la falta de investigación de todos los expedientes identificados por la Guardia Civil en sus atestados, como en el hecho de que en el auto de la propia juez instructora de 6 de marzo de 2017 se declaró que "con relación a los responsables tanto de la administración como de los servicios técnicos de UAGN-FUNDAGRO y AMUR sí se aprecian indicios de que pudieran haber falseado condiciones para obtener las oportunas subvenciones del Gobierno de Navarra en un montante que alcanzaría los 2.880.981,54 euros entre los años 2009 y 2015, suponiendo la celebración de cursos de formación con intervención de personas que realmente no asistieron y falsificado, presuntamente, presupuestos y facturas por servicio no realizados".

Por otro lado, en el recurso se discrepaba "razonadamente" de la prescripción apreciada por la juez de Instrucción respecto de uno de los expedientes en los que el auto recurrido apreciaba "falsificaciones documentales".

En el auto de la Audiencia de Navarra conocido este miércoles, se considera que "carece de soporte legal" la petición de la parte recurrente de que está inacabada la instrucción por haber sido objeto de investigación sólo 9 de los 26 expedientes, "máxime cuando centrado en el recurso la investigación sólo sobre otros cuatro nuevos expedientes ningún dato o circunstancia se puso de manifiesto con anterioridad que revelase la existencia de indicios de criminalidad en dichos delitos que hubieran amparado la pretensión de nuevas diligencias, que nunca se solicitaron".

Según añade, "esta Sala debe asumir plenamente los argumentos esgrimidos por el juzgado" de Instrucción "en relación tanto a la necesidad de que concurra un requisito objetivo para situarnos en presencia de una conducta delictiva, y es que la subvención lo será por una cantidad igual o superior a 120.000 euros (referido al año natural), como en la necesidad igualmente objetiva de que lo sea falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que hubieran impedido, que no parece concurran en el caso de autos".

La Sección Primera añade que "no cabe sino volver a insistir en la tesis expuesta por el juzgado de Instrucción de que se circunscriben los indicios relativos a esa presunta actuación fraudulenta en la existencia de irregularidades en la participación de las personas que constan como asistentes".

A su juicio, "el único expediente que pudiera desde un punto de vista indiciario situarnos en presencia de un presunto delito del artículo 308 del Código Penal" sería uno del que era beneficiario FUNDAGRO y que "en fecha 31 de agosto de 2012 se resolvió pagar un importe de 185.206 euros".

"Y es que en dicho expediente únicamente se ha puesto de manifiesto la existencia de irregularidades en la asistencia, dado que no existía un control riguroso de la participación, ni sobre el número de asistentes, ni sobre la identidad de los mismos, al llevarse a cabo un control de asistencia manual, pero ello no determina la existencia en todo caso de indicios de un falseamiento de las condiciones requeridas que es el elemento nuclear del tipo penal", ha añadido, para exponer que "es evidente que los encuentros con más o menos asistencia se realizaron, aunque alguno de quienes figuren como asistentes no recuerden o no reconozcan su firma, cuando existen otros que sí".  


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