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Editorial de diario de noticias

Equidad y honestidad fiscal

Aranburu defiende nuevas reformas en la fiscalidad de Navarra para recuperar unos servicios públicos de calidad, impulsar la creación de empleo y hacer frente a los 6.000 millones de deuda que dejó el despilfarro

Jueves, 9 de Noviembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

el consejero de Economía y Hacienda, Mikel Aranburu, presentó ayer las nuevas modificaciones fiscales que entrarán en vigor en los próximos años, una segunda parte de la reforma tributaria que aprobó en 2015 el Gobierno de Navarra para tratar de recuperar la progresividad que históricamente había caracterizado a la Hacienda Foral y que se fue perdiendo desde finales de los 90 con consecuencias desastrosas -, pérdida de ingresos, deuda y déficit crecientes y vacío de las arcas forales-, para la viabilidad económica y presupuestaria de Navarra. La propuesta de Aranburu contiene cambios de alcance que afectan a las deducciones por hijos y a a la aportación de las rentas de capital en el IRPF, al Impuesto de Sociedades, a Patrimonio, a vivienda, empleo, Sucesiones y Donaciones y a las medidas de lucha contra el fraude fiscal. Un compendio de medidas que pretenden ser otro paso más para que Navarra recupere dinámica económica y presupuestaria -tras los años de recortes y despilfarro-, suficiente para impulsar vías de estímulo en empresas, pymes, autónomos y servicios públicos. Porque al interesado debate ideológico de situar la competitividad fiscal como objetivo prioritario es necesario añadir también en la balanza de ese mismo debate el coste y el pago de los servicios y prestaciones públicas que garantizan la cohesión social y benefician al conjunto de la sociedad. Uno y otro son inseparables y deben encontrar una punto de equilibrio, pero anteponer el primero al segundo sólo puede acabar perjudicando a la mayoría de los ciudadanos. Esto es, una fiscalidad equitativa, progresiva y justa es el camino que garantiza la construcción de un estado de bienestar colectivo que beneficia al conjunto de los ciudadanos. La fiscalidad no es una carga, sino una parte sustancial del modelo de bienestar social que ha caracterizado las últimas décadas a las sociedades más avanzadas en la garantía de la cohesión social y el desarrollo económico. Seguramente, la propuesta que presenta ahora Aranburu tampoco satisfará a todos -a unos por excesiva y a otros por insuficiente-, pero es un avance imprescindible si de verdad se asume y defiende que las políticas fiscales progresivas y redistributivas y la lucha contra el fraude son una obligación legal, política, ética y democrática para garantizar la equidad fiscal a la que tienen derecho todos los ciudadanos y empresas y para impulsar una redistribución justa y solidaria de la riqueza que genera Navarra con un uso honesto y eficiente de los impuestos.

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