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Una de cada cinco solicitudes de Renta Garantizada es rechazada

Miguel Laparra defiende que los controles funcionan, que la actuación con los chabolistas ha sido ejemplar, que la vinculación al empleo supone otro filtro y que quienes piden RG es porque la necesitan

Lola Cabasés Hita Oskar Montero - Jueves, 9 de Noviembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

Imagen de la acampada organizada por los chabolistas en el barrio de Santa María la Real de Pamplona.

Imagen de la acampada organizada por los chabolistas en el barrio de Santa María la Real de Pamplona.

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  • Imagen de la acampada organizada por los chabolistas en el barrio de Santa María la Real de Pamplona.

pamplona- El vicepresidente y consejero de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Miguel Laparra, insistió ayer en el Parlamento en que los controles en el acceso a la Renta Garantizada (RG) “funcionan”;que son muy pocos los casos en los que se produce algún tipo de incumplimiento por parte de los perceptores;que en las últimas inspecciones se ha detectado algún cobro indebido o fraude en el 0,4% del total de expedientes;y que las personas que solicitan la RG es porque la necesitan para vivir. Laparra compareció ayer en la comisión parlamentaria de Derechos Sociales a petición del PPN para volver a pronunciarse sobre el caso de los chabolistas asentados en su día en el barrio de Santa María la Real de Pamplona y reiteró que la actuación de los servicios sociales y de la Policía Foral “ha sido correcta, incluso ejemplar”.

Laparra, que apeló a la responsabilidad de los grupos para que, al hilo de este caso, no se ponga en el foco a la población que cobra RG, “la más vulnerable”, y pidió respeto a los perceptores “víctimas de la situación económica”. Pidió a los grupos que no creen una alarma social inexistente y aprovechó la comparecencia para “hacer constar que estamos en un momento en el que podemos disfrutar del mayor nivel de protección social” y, además, con un sistema de RG “más controlado que nunca”.

Añadió el vicepresidente del Gobierno foral que el esfuerzo económico es el doble que al inicio de la legislatura y que la RG está basada en el reconocimiento de los derechos y la inclusión social como objetivo. El consejero reiteró en varias ocasiones a lo largo de su intervención que “las prestaciones van a las personas que las necesitan” y que ante el menor índice de abuso se actúa. “A los delincuentes se les castiga cuando se les pilla, no antes, porque, afortunadamente, estamos en un estado de derecho”, dijo. Dicho lo cual también valoró que las personas que han delinquido, como es el caso de los chabolistas citados, “no van a quedar impunes”, algo, en cualquier caso que compete a la Policía y a los tribunales.

un sistema que funcionaAsí, el vicepresidente quiso dejar claro que el sistema de la RG funciona y está controlado. En este sentido, Laparra señaló que el control arranca desde el momento en el que se presenta la solicitud y que de hecho si bien el número de expedientes que se aprueba es importante, “una de cada cinco solicitudes no se valora positivamente” por no cumplir los requisitos. Aseguró que en el proceso hay una revisión permanente -en concreto el 73% se revisa-, “más que nunca en toda la década”, precisó, al tiempo que recordó los distintos procedimientos que ha habido, desde la ausencia de inspecciones en los años 2012 y 2013, bajo el mandato de UPN, hasta los que se hacían de manera aleatoria o por indicios. Precisó que de los 51 casos inspeccionados este año (sobre 10.770 RG concedidas de las 13.589 solicitudes presentadas) solo se han detectado incumplimientos en 39, el 0,4% del total de expedientes de RG.

fraude, algo residualEn la proyección histórica desde 2010, el número de incumplimientos de los perceptores detectados ha sido mínimo. En 2010, sobre 13.404 expedientes y 10.860 concesiones, se inspeccionaron por indicios 106 y se detectaron incumplimientos en 63;un año después, se inspeccionaron 78 siendo 31 en los que hubo incumplimientos. En los años 2012 y 2013 no se hicieron inspecciones;en 2014, de 400 inspecciones se detectaron 48 fraudes (18.885 expedientes, de ellos 16.185 concedidos);en 2015 hubo 66 fraudes sobre 404 inspecciones (un total de 15.425 expedientes y 13.644 concesiones). En 2016 (con 16.049 solicitudes y 13.897 concedidos), la Policía Foral inspeccionó 70 y encontró incumplimientos en 32.

La Renta Garantizada, como vía de inclusión social, obliga a los perceptores a aceptar empleos que se les ofrezca lo que también “constituye otro novedoso instrumento de control”, destacó Laparra. Subrayó que de 1.173 expedientes, 341 fueron extinguidos (un 1,6%) por “falta de colaboración, ocultar datos, dar información erróneo, no participar en una oferta de empleo o por rechazo del empleo”. Otros 788 casos fueron suspendidos temporalmente y reanudados al no encontrarse indicios de incumplimiento. Añadió que 241 personas han solicitado interrumpir la RG al haber encontrado empleo y destacó que 2.439 perceptores o bien han sido dados de baja al encontrar trabajo (1.107) o han mantenido al renta pero con menor cuantía por incorporación parcial al empleo. Abundó en el tema indicando que este año los contratos laborales a perceptores han aumentado un 45% (de 2.376 en 2016 a 3.452 en 2017). Laparra reiteró: “los incumplimientos y fraudes de los que podemos tener constancia son absolutamente residuales”.

los controles

Acceso. El 1er control se produce por los servicios sociales al valorar las solicitudes: 1 de cada 5 se rechaza por incumplir requisitos.

Revisión. Es permanente. Se han revisado el 73%, “más que nunca”, aseguró Laparra, con fraudes “absolutamente residuales”, el 0,4% de todos los expedientes.

Empleo. Los perceptores están obligados a aceptar empleos, lo que genera otro nivel de control.

la frase

miguel laparra “Quiero transmitir la máxima tranquilidad”

El vicepresidente y consejero de Derechos Sociales quiso transmitir la “máxima tranquilidad” a la ciudadanía por la forma en la que se están gestionando las prestaciones de la Renta Garantizada.

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