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El TS da un primer paso para agrupar todas las causas

En el caso del Parlament abre la vía a un delito más leve de conspiración

M. Vázquez - Viernes, 10 de Noviembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet, en libertad.

Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet, en libertad.

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pamplona - El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena realizó ayer un movimiento que ha sido interpretado como un paso para asumir todas las causas contra el procés, que actualmente están repartidas entre sus propias oficinas, la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y un juzgado de Barcelona. El magistrado pidió al tribunal superior catalán que le remita la causa en la que investiga a los miembros de la Mesa del Parlament por desobediencia y prevaricación. El tribunal investiga a la presidenta Carme Forcadell y a los miembros de Junts pel Si y Catalunya Si Que es Pot por permitir la votación de las leyes del referéndum y transitoriedad jurídica.

La posibilidad de que el Supremo asuma todas las causas es un clamor dentro de la propia judicatura y asociaciones de magistrados de distinto signo. Parece asumido que las causas acabarán en el Supremo por tres razones.

Por un lado, el delito de rebelión, por su propia naturaleza, exige una acción conjunta, coordinada y organizada, lo que, en principio, no aconseja trocear los hechos y la investigación. Por otro lado, agrupar las causas evitaría el conflicto de alumbrar resoluciones contradictorias en las distintas instancias judiciales. Desde esa óptica, en ámbitos judiciales defienden que lo ideal sería agruparlas en el tribunal más alto del Estado, el Supremo, que es el encargado de sentar jurisprudencia. Por último, este desenlace puede ser simplemente una cuestión de tiempo: la mayoría de los consellers y los líderes de la ANC y Òmnium encarcelados podrían concurrir en las listas electorales del 21 de diciembre, conseguir un acta de diputado y, por lo tanto, ser aforados, de manera que la competencia sobre su caso la asumiría el Supremo.

En toda esta discusión eminentemente jurídica, también existe un trasfondo político por la desconfianza que ha suscitado la actuación de la Audiencia Nacional, las reminiscencias que tiene como tribunal encargado de juzgar causas de terrorismo, y su enfoque claramente punitivo. La juez Carmen Lamela se ha presentado en algunos ámbitos soberanistas como una magistrada más inflexible que el Supremo y el magistrado Pablo Llarena. En ese sentido, el Supremo ya intentó rebajar estos días el cariz de la causa contra la Mesa por permitir la votación de la declaración unilateral de independencia apuntando en su auto a un delito de conspiración para la rebelión, y no rebelión en sentido estricto. A su juicio, los miembros de la Mesa se quedaron en una fase meramente preparatoria de la supuesta rebelión. El delito de conspiración lleva aparejada una pena muy inferior, de ocho años como máximo, frente a los treinta de la rebelión.

vila pide el cierre Causas de las que el exconseller de Empresa Santi Vila ha pedido ser excluido. De hecho, ha solicitado a la Audiencia Nacional que archive la causa por rebelión, sedición y malversación pública contra él por la celebración del 1-O alegando que tras el referéndum intentó “por todos los medios” evitar la declaración de independencia. Así lo expresa la defensa en un recurso de apelación presentado ante la Audiencia Nacional contra la admisión a trámite de la querella de Fiscalía. - D.N. / Foto: Efe

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