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Republicanismo

Laberintos fiscales

Por Santiago Cervera - Domingo, 12 de Noviembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

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No se recuerda a ningún partido político que haya puesto en su programa electoral qué pensaba hacer con los impuestos, más allá de generalizar lo imprescindible. O, dicho de otro modo, ninguna de las decisiones que se toman en materia tributaria traen de origen la anuencia de los votantes. Se funciona mediante hechos consumados. El que llega al despacho oficial valora cuánta descompensación hay entre las previsiones de ingresos y los gastos que quiere ejecutar, y sube el termostato lo necesario. Que se lo digan al PP, que hasta el momento ostenta el infame récord de haber aumentado impuestos directos e indirectos -y de qué manera- de una tacada y en los solo seis primeros meses de su actual mandato. En materia tributaria, la auténtica ofensa al ciudadano se produce desde el momento en el que se asume que primero hay que determinar cuánto quieren gastar los gobiernos, y luego ajustar los tipos fiscales para sufragar lo anterior. Cuando la función fiscal debiera ser justo al contrario. Primero sentar el nivel de tributos exigibles a una sociedad, y luego ajustar el gasto público a lo que corresponda a esa disponibilidad, al céntimo. Pero todos los partidos se instalan cómodos en la idea de la preponderancia del gasto público sobre las economías privadas. Y por ello la función fiscal deviene en asalto. Comprendo que hay quienes entienden al Estado como el garante de una plétora de servicios comunes y como agente redistribuidor. Igual que a otros nos gustaría reducirlo y reequilibrarlo. Lo que no es muy presentable es que las decisiones que toman los gobiernos sobre cuán a fondo meten la mano en los bolsillos de la gente estén siempre tan alejadas de la voluntad de esa misma gente.

Pero aceptemos el hecho de que no se puede desmontar el actual tinglado. Y aceptemos también que no hay héroes en la política, nadie capaz de revertir motores, nadie dispuesto a poner su coraje al servicio de la defensa de una gran mayoría de paganos. Es entonces cuando nos encontramos con la segunda categoría del abuso. El contribuyente está a merced de decisiones administrativas que le desposeen también de la mínima capacidad para hacer valer sus razones. Una inspección fiscal adquiere valor ejecutivo y el recurso a los tribunales, lentos y complicados, no sirve para compensar la inseguridad jurídica con la que se perpetra cualquier procedimiento. Aquí hemos llegado a ver el aberrante despropósito de cobrar un impuesto de plusvalía por ventas de inmuebles realizadas a pérdidas. Es la administración que cobra porque intimida. Cada vez que se anuncia un nuevo reajuste fiscal tengo la vana esperanza de que el mismo gobierno que lo promueva vaya a aprobar al tiempo un estatuto del contribuyente, una garantía de que pagando lo que haya que pagar, los procedimientos serán siempre equilibrados. Por ejemplo, que limite la capacidad de la administración para reabrir actuaciones en las que ella haya cometido errores, o establezca una mayor transparencia en las inspecciones, o facilite la identificación sucesiva de los actos de la agencia tributaria y los mecanismos de garantías a los que un contribuyente pueda acudir. Un gobierno cabal que diga algo así como “esto te tengo que cobrar, pero aquí tienes la seguridad de que se hará de manera no sólo más equilibrada para el conjunto, sino más justa para tus propios intereses”.

El reajuste fiscal que se anuncia en Navarra tampoco es demasiado original. Llevamos décadas entendiendo a Diputación como la gran nodriza, y es imposible para este o para cualquier gobierno no intentar alimentarla. En descargo de los actuales, lo que ahora haya que apoquinar no es tanto para pagar nuevas ocurrencias sino para mantener una dinámica providencialista en la que hemos estado todos los anteriores gobiernos, y con mayor culpa los que no decíamos ser colectivistas pero actuábamos como tales. Aunque en nuestra historia fiscal, el hito más vergonzante fue cuando perdimos aquella virginidad de la que tanto habíamos presumido, por la que podíamos decir que Navarra siempre estaría en mejor situación fiscal que el régimen común. En efecto, quemar aquel tótem fue otra de esas cosas que recordar de la gestión de Barcina, en representación de aquellos autodenominados especialistas en Navarra. Los mismos que ahora se quejan de cómo queda la tributación de los planes de pensiones.