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Navarra prueba que otro modelo es posible

nAVARRA HA CONSEGUIDO MEJORAR LAS PRESTACIONES PÚBLICAS Y EQUILIBRAR EL PRESUPUESTO MANTENIENDO EL CRECIMIENTO Y LA CREACIÓN DE EMPLEO GRACIAS, eN PARTE, A SU REFORMA FISCAL

Domingo, 19 de Noviembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

Uxue Barkos, con los consejeros de Derechos Sociales, Miguel Laparra, y de Hacienda, Mikel Aranburu.

Uxue Barkos, con los consejeros de Derechos Sociales, Miguel Laparra, y de Hacienda, Mikel Aranburu.

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  • Uxue Barkos, con los consejeros de Derechos Sociales, Miguel Laparra, y de Hacienda, Mikel Aranburu.

esta semana acudían al Congreso de los Diputados los responsables de la Airef, la Autoridad Fiscal independiente, para valorar la propuesta de renta básica que hace ya dos años impulsaron los sindicatos UGT y CCOO. Y la respuesta de su presidente, José Luis Escrivá, fue clara: “Es una medida de gran calado, con un potencial redistributivo muy significativo, y también con un coste fiscal importante”. Beneficiosa, sí, pero muy cara, hasta 15.300 millones si la ayuda de 426 euros incluye un complemento adicional por menores a cargo.

El argumento ha sido rápidamente utilizado para cuestionar la medida por inviable. Un gasto así dispararía el déficit presupuestario por encima del 3% que exige Europa y descuadraría las cuentas públicas. Sin embargo, ha servido también para que algunas voces, tímidas todavía, empiecen a plantear seriamente un cambio en las políticas tributarias que permita hacer frente a la pobreza estructural que ha dejado la crisis económica. “El Estado debería cambiar su concepción fiscal para encarar problemas como el de la renta básica”, apuntaba el pasado viernes en su editorial un diario tan poco sospechoso de izquierdista radical como El País.

Este es un camino que Navarra comenzó a transitar, no sin dificultades, hace ya dos años. El Ejecutivo foral aprobó entonces diversas medidas de protección social como la renta garantizada más ambiciosa del Estado, que vino acompañada por una reforma fiscal que aumentara la recaudación. Y lejos del caos económico, de la fuga de empresas o del efecto llamada que vaticinaron sus críticos, el modelo ha funcionado. Los ingresos crecen al 9,4% frente al 2,3% del Estado, mientras que la economía evoluciona una décima mejor que la media española.

Solo el pasado año casi 32.000 personas se vieron beneficiadas por la renta garantizada, de las que 11.457 eran menores. Lo que no solo repercutió en su situación personal, sino también en el conjunto de la economía. En 2016 la inversión de 82,9 millones tuvo un retorno económico de 83 millones, se crearon 1.039 empleos y se obtuvieron 13,89 millones de recaudación fiscal. Porque a diferencia de otras ayudas a rentas medias-altas, con capacidad de ahorro o de gastos más importantes que no se hacen necesariamente en Navarra, este tipo de rentas se destinan íntegramente al gasto diario y en la economía local. Son por lo tanto ayudas económicamente rentables.

Es cierto que la realidad de Navarra es diferente a la del resto del Estado, con menor paro y mayor masa industrial, lo que facilita la aplicación de modelos de protección social más ambiciosos. Pero también lo es que ni la creación de empleo ni la inversión empresarial se han visto mermadas por una política fiscal y presupuestaria expansiva. De la misma forma que el aumento del gasto público se ha llevado a cabo desde la estabilidad presupuestaria, con una progresiva reducción del déficit y de la deuda con relación al PIB. La propia Cámara de Comptos constataba el pasado viernes la mejoría financiera de la Administración Foral.

Un debate ideológicoNavarra es por lo tanto la prueba de que otro modelo económico es posible. Uno menos individualista y más justo, basado en una redistribución de la riqueza que tiene en la política tributaria un pilar fundamental. Una apuesta ambiciosa pero nada radical, y que supera algunos principios políticos que se habían aparcado en las dos últimas décadas. Como el que llevó al entonces líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, a proclamar en 2003 que “bajar impuestos es de izquierdas”.

El Gobierno de Navarra ha afrontado el debate fiscal sin excusas, defendiendo que es necesario reformar el sistema para mejorar los servicios

Con la última bajada de impuestos del PP se dejaron de recaudar 12.000 millones, lo que costaría aplic

No, no lo es. Como tampoco es cierto que bajando los impuestos se recaude más. Así lo prueba la última rebaja fiscal aprobada por el PP en 2014, en plena campaña electoral, y que ha tenido una incidencia negativa en la recaudación de 12.000 millones. Prácticamente lo mismo que costaría implantar en todo el Estado la renta básica universal. Es, en el fondo, un debate ideológico sobre la gestión pública que históricamente ha enfrentado a la izquierda y a la derecha. Y que vuelve a estar de actualidad en Navarra tras la nueva reforma planteada por el Ejecutivo autonómico. Medidas que no tendrán un gran impacto (apenas 28 millones en dos años) pero que sí profundizan en la vía abierta en 2015.

Tal vez porque está sustentado por tres fuerzas políticas de corte izquierdista clásico, sin complejos para plantear el debate fiscal, lo cierto es que el Gobierno de Navarra se ha metido de lleno en una disputa que va más allá de las reformas puntuales aprobadas. Lo ha hecho además con valentía y en contra de una corriente general que ve en la rebaja de impuestos el principal reclamo para atraer el voto de los ciudadanos. “Navarra puede se vanguardia”, apunta la presidenta Uxue Barkos, que habla abiertamente de la necesidad “redistribuir de la riqueza” y que recuerda que si la devaluación de la mano de obra no puede ser un argumento para atraer empresas, tampoco lo puede ser la renuncia a la recaudación tributaria. “Hemos acometido un reparto cualitativo del esfuerzo para que Navarra pueda responder a sus necesidades. Es nuestro modelo de desarrollo para garantiza la cohesión social”, defendió el pasado martes en Madrid.

Un modelo que se ha encontrado con la firme oposición de UPN y PP, que desde una visión más liberal plantean que el dinero esté “en el bolsillo” de los ciudadanos y de las empresas porque eso repercute en la economía. También con el rechazo de la patronal, que muestra su preocupación por los efectos que las medidas tendrán en las empresas y en las familias. Las mismas familias que han visto precarizadas sus condiciones con la última reforma laboral y que ahora ven pasar de largo la mejora salarial mientras crecen los beneficios empresariales.

Quizá por ello sorprende el silencio de algunos sindicatos, que esquivan el debate fiscal pero que reclaman más gasto público al Gobierno. Pero sobre todo la posición del PSN, alguno de cuyos dirigentes ha llegado a considerar que no dar una ayuda fiscal a quien tiene 12.000 euros a final de año para invertir en un plan de jubilación supone “agredir” a “la clase trabajadora”. Como si ésta pudiera ahorrar mil euros al mes y no fuera quien más necesita unos servicios públicos sostenibles y de calidad.

El tiempo sin embargo poco a poco empieza a dar la razón al Gobierno de Navarra y a las fuerzas que le apoya. El debate se ha hecho ya un hueco y va a ir a más en el Estado. Lo apunta la Unión Europea, que ve necesario mejorar las prestaciones sociales, y hasta el FMI, organismo capitalista por excelencia, que abiertamente aboga por aumentar la carga impositiva para hacer frente a la brecha social.

Recomendaciones que de momento no se concretan en un entorno competitivo donde el Gobierno central y muchas comunidades siguen impulsado medidas regresivas. Lo de que no deja de ser un riesgo para Navarra, que ha decidido no entrar en la subasta fiscal entre territorios que, con Madrid al frente, no a hecho sino debilitar los servicios públicos.

Es el principal argumento de la oposición, que vaticina fuga de empresas y deslocalización de capitales, frente a un Gobierno que ofrece la mejora de los servicios públicos y la reversión de los recortes como principal aval. Es, más allá de la interesada disputa lingüística e identitaria, el principal eje del debate para los próximo meses en Navarra. El que confronta dos visiones de la sociedad que volverán a enfrentarse en las elecciones autonómicas previstas para 2019. Solo que esta vez con la prueba de que un modelo económico más social y más justo es posible, y de que tiene un precio.

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