La Ley es para todos

Juan Miguel Echaide Izquierdo - Miércoles, 22 de Noviembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

El artículo 155.1 de la CE faculta al Gobierno de España, tras mayoría del Senado, a adoptar las medidas necesarias para obligar a la comunidad autónoma a cumplir con las obligaciones establecidas en la Constitución u otras leyes. Las medidas, como disposición, pueden abarcar el cese de un presidente autonómico y su gobierno, la disolución del parlamento del que emanan y la convocatoria de elecciones en ese territorio. Como medidas cabían éstas y muchas más;incluso otras. Aceptadas las medidas como medidas, deberíamos preguntarnos si esas medidas son las necesarias para obligar al cumplimiento de las leyes. Las leyes aprobadas en el parlamento autonómico y la curiosa declaración de independencia no tuvieron en ningún momento efectos jurídicos. Nunca supusieron la creación de un nuevo Estado, con su moneda, fronteras, ciudadanía, bandera, sistema político, régimen económico y un sinfín de cosas más. Una declaración política, mayoritaria o no, por fuerte que sea no justifica la aplicación de unas medidas dirigidas a suplantar la soberanía expresada en las urnas. Cuando no nos guste un resultado ni sus consecuencias borrón y nuevas elecciones hasta que nos guste el resultado. Dónde queda la prohibición expresa de la arbitrariedad

El artículo 155.2 de la CE determina que el Gobierno de España dará instrucciones a las autoridades de la comunidad autónoma para la ejecución de las medidas necesarias del apartado anterior. Cesar, disolver y convocar no son instrucciones a ejecutar, sino decisiones tomadas y aplicadas por un gobierno diferente del autonómico.

El incumplimiento de las leyes por parte de un gobierno autonómico, aún con el apoyo de su parlamento, no es justificación para que el Gobierno de España vulnere el ordenamiento jurídico, el mismo que dice proteger. Ni la mayoría del Senado, ni los aplausos rabiosos de los salvapatrias porta corazones, ni el silencio cómplice de los conquistadores de los cielos permiten una aplicación torticera y, por tanto, inconstitucional del artículo 155, entre otros, de la Constitución. Ni esta inconstitucional aplicación debe servir como amenaza a otras comunidades autónomas.