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Judicializar la política de la queja

Por Joseba Santamaria - Miércoles, 22 de Noviembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

Esta estrategia de ruido y barullo que sustenta la oposición en Navarra tiene tres pilares centrales: la utilización del Parlamento para reiterar semana a semana los mismos asuntos de debate y someter a Barkos y a su Gobierno a comparecencias sucesivas para explicar los mismos asuntos o responder a preguntas absurdas sin interés social o político alguno. Una estrategia de supuesto desgaste. El bombardeo cansino con comunicados y discursos reiterativos sobre los mismos temas. Y la judicialización sistemática de la política navarra. UPN y sus satélites recurren cada decisión del Gobierno y cada resolución de los ayuntamientos. Lo mismo es una convocatoria de plazas de empleo públicas que la aprobación de una orden foral para regular cualquier asunto o la ubicación de un nuevo instituto de educación o cualquier otra dotación pública de interés colectivo. Se trata de bloquear la acción política del Gobierno y de los ayuntamientos del cambio social y político, de obstruir sus proyectos e iniciativas en los tribunales, aunque en la mayoría de los casos esos recursos acaban siendo un perjuicio para las personas afectadas o los intereses generales de la sociedad antes que para el propio Gobierno. Un uso instrumental de las instituciones políticas y judiciales para dar cobertura a su política de la queja permanente. Incluso sus campaneros lo teorizan por escrito: menos comunicados y menos discursos y más acudir a los tribunales. Insinúan sin rubor que ahí ganamos seguro, que son los nuestros. Sustituir al Parlamento por el poder judicial o el corporativo. Lo extraño es que el poder judicial en Navarra no diga nada sobre esa imagen pública de seguridad en el compadreo. Tratan de impedir al margen de la política -su minoría parlamentaria les resulta incómoda al no poder seguir imponiendo sus tesis-, lo que decidieron los navarros y navarras en las urnas simplemente porque no les gusta.

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