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Lamela pide al TS que acumule las causas de la “organización criminal” del ‘procés’

La jueza de la AN cree que la investigación debe ser conjunta ya que todos los acusados jugaron un rol para la secesión

Igor Santamaría - Jueves, 23 de Noviembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

pamplona- La jueza de la Audiencia Nacional (AN) Carmen Lamela considera que deben acumularse en el Tribunal Supremo (TS) las causas que se investigan en el proceso independentista catalán porque, a su juicio, se trata de delitos “conexos” y, por lo tanto, la escisión de la instrucción dificultaría “enormemente” la investigación conjunta de la organización del referéndum del pasado 1 de octubre y la posterior declaración de ruptura, llevada adelante por lo que define como “una organización criminal”, en alusión a los acusados. Así lo señala la magistrada que instruye la causa en la AN contra el president cesado Carles Puigdemont, ahora en el exilio, y los consellers en su informe remitido al magistrado del TS, Pablo Llarena, que indaga por su parte sobre los miembros de la Mesa del Parlament, y que requirió valoración a las partes sobre la posible acumulación de todas las causas judiciales abiertas por el denominado procés.

“La confluencia estratégica de todas las actividades, perfectamente sincronizada de acuerdo con el plan de la organización criminal, fue lo que en suma permitió la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre y la ulterior declaración de independencia aprobada por el Parlament”, reza el informe. La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 estima que todas las personas querelladas configuran “una compleja y heterogénea organización” que desde 2015, año en que arrancó la hora de ruta secesionista, viene desarrollando una premeditada estrategia “perfectamente coordinada con reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles”.

Por ello entiende que la investigación a los componentes del Govern, por un lado, y a los parlamentarios aforados, por otro, no debe ser escindida, “sino que debe realizarse de forma conjunta y en un único procedimiento a fin de poder determinar y valorar con conveniente coherencia la participación concreta de cada una de las personas investigadas y los delitos en que cada uno puede haber incurrido”.

De lo contrario, atestigua, se podría incurrir en un examen parcial y sesgado de los hechos. Su posición choca con la mantenida por la Fiscalía, que en su escrito remitido el pasado martes al juez Llarena argumentó que la causa que instruye la AN contra los catorce antiguos miembros del Ejecutivo de Puigdemont debe seguir en este órgano y que la acumulación que ahora respalda Lamela podría ser prematura ya que la condición de los consellers, cesados en aplicación del artículo 155 de la Constitución, “puede verse alterada” tras los comicios del próximo 21 de diciembre.

Según Lamela, se han producido nueve “resultados ilegales” durante el procés. El primero atañe al marco legislativo “inconstitucional” para celebrar la consulta y declarar la independencia, incluyendo en los órdenes del día del Parlament propuestas “manifiestamente ilegales” y desobedeciendo una y otra vez los “sucesivos y tajantes requerimientos” del TC. Segundo, la “convocatoria ilegal” del 1-O, ignorando los requerimientos del TC y usándose “recursos humanos y económicos públicos suficientes”. Tercero, la desobediencia al Constitucional. Cuarto, la puesta en marcha de trabajos encaminados a la creación de las bases de las estructuras de un nuevo Estado. Quinto, el uso de los Mossos al servicio de la causa “tanto en los actos sediciosos como en la celebración del referéndum”. Sexto, los “planes de comunicación y propaganda de apoyo al movimiento secesionista” dentro y fuera de Catalunya. Séptimo, el uso de recursos tecnológicos del Govern cesado para apoyar el 1-O y desarrollar proyectos de la nueva república. Octavo, el “despliegue de un movimiento popular” porque, además de legítimas movilizaciones, se produjeron “auténticos actos sediciosos” como el asedio a la Conselleria de Economía. Y noveno, el desvío de fondos públicos para todas las actividades citadas.