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El Gobierno busca con una tasa verde que empresas y mancomunidades no lleven basura a vertederos

El Plan de Residuos 2027 fija una cuota de 20 €/tonelada a partir del 1 de julio de 2018 Se grava también la incineración

Jueves, 23 de Noviembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

Imagen del vertedero de basuras de Góngora, donde se vierten al año un total de 88.000 toneladas.

Imagen del vertedero de basuras de Góngora, donde se vierten al año un total de 88.000 toneladas. (Foto: Javier Bergasa)

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  • Imagen del vertedero de basuras de Góngora, donde se vierten al año un total de 88.000 toneladas.

“La Ley pretende convertir a Navarra en referente en la gestión de residuos”

Pamplona- El Gobierno de Navarra aprobó en su sesión de ayer el proyecto de ley foral de Residuos y su Fiscalidad, cuyos principales objetivos son prevenir la generación de residuos, mejorar su gestión, avanzar en la economía circular y en la lucha contra el cambio climático. Según la consejera de Medio Ambiente, Isabel Elizalde, se trata de un instrumento “necesario” para la reducción de los residuos y la mejora de su gestión, que incluye un impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración, que lo que pretenden es convertir a Navarra es un “referente” en la gestión de residuos.

De esta forma, se busca alcanzar los objetivos previstos en la normativa europea y en el Plan de Residuos de Navarra 2017-2027 (PRN), recientemente aprobado.

El principio de que el que contamina, paga, vigente en toda Europa, estará en la Ley de Residuos con una futura tasa o fiscalidad verde que recaudará Hacienda en relación a las toneladas que lleguen a vertedero. Después, cada mancomunidad lo repercutirá a sus vecinos en función de cómo reciclen. En concreto, se establece una cuota de 20 euros por tonelada de residuos doméstico y comerciales “entregados “para su eliminación en vertederos por ayuntamientos o mancomunidades o el ente público de residuos que se crea.

El vertido también se penaliza con 20 euros por tonelada de residuos no peligrosos, industriales y/o comerciales, tres euros por tonelada de residuos de construcción y demolición no peligrosos y un euro por tonelada de materiales naturales excavados. Se grava a su vez con 20 euros cada tonelada de residuo que sea “entregada en instalaciones para su incineración”.

Tras el acuerdo de este miércoles, el texto será remitido al Parlamento de Navarra para su posterior debate y, en su caso, aprobación. En cualquier caso, el impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos entrará en vigor el 1 de julio de 2018.

Góngora, por ejemplo, recibe 88.000 toneladas anuales de basura urbana procedente de la MCP, lo que se gravaría si no se buscase el próximo año una alternativa para el tratamiento de los residuos.

Los principales objetivos del plan se centran en garantizar que los residuos se gestionen sin poner en peligro el medio ambiente y la salud humana, mejorando la calidad de vida de la ciudadanía;incentivar la reducción en la generación de residuos y su aprovechamiento mediante la reutilización y el reciclado;desincentivar la eliminación en vertedero y la incineración de residuos, y establecer el régimen jurídico del impuesto que grave ambas prácticas.

En el Plan de Residuos 2017 se recoge ya un Programa de Prevención específico con el fin de invertir la pirámide de jerarquía de residuos y lograr que prime la prevención sobre la eliminación. En línea con esta directriz, el proyecto de ley dedica su Título IV completo a detallar esas medidas de prevención y gestión que se pondrán en marcha: la Oficina de Prevención de Residuos e impulso de la economía circular, la compra pública verde, la recogida selectiva de la materia orgánica de residuos domésticos y comerciales, y la preparación para la reutilización y reciclado. Además, regula la utilización de bolsas de plástico y la venta de vajilla de un solo uso, establece medidas de prevención de envases y pautas en otros sistemas de gestión y en eventos públicos y la realización de campañas de sensibilización, acompañamiento e información.

La consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, Isabel Elizalde, presentó el proyecto tras la sesión de Gobierno. Elizalde destacó además otros aspectos, como la fiscalidad y el nuevo Ente Público de Gestión. Este estará integrado por las entidades locales y la Administración de la Comunidad Foral. La forma jurídica se definirá en los próximos seis meses, fecha en la que también quedará disuelto el actual Consorcio.

IMPUESTO SOBRE ELIMINACIÓN En lo referente a la fiscalidad, y para garantizar la financiación de esta nueva política de residuos, la ley establece el impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración, con el fin de fomentar la prevención, la preparación para la reutilización y el reciclado, y desincentivar la eliminación en vertedero y la incineración. La ley establece esta fiscalidad para “asegurar la sostenibilidad económica del control, la evaluación y la gestión de los residuos, penalizando económicamente en función de la generación de residuos”.

FONDO DE RESIDUOSLa consejera detalló que los ingresos de este impuesto integrarán una partida presupuestaria específica, denominada Fondo de residuos, que se destinará exclusivamente a los fines previstos en la futura ley: acciones de sensibilización y de investigación en prevención;mejora de los sistemas de recogida selectiva y transporte;recuperación de zonas degradas y suelos contaminados;y acciones de preparación para la reutilización, entre otros. “En realidad -valoró Elizalde- este impuesto estaría llamado a desaparecer, puesto que se paga por la eliminación en vertedero, de modo que cuanto menos destine al vertedero una mancomunidad, menos pagará su ciudadanía”.

En febrero se aprobó el borrador inicial del PR. Hasta ahora, se ha sometido a consulta pública previa con aportaciones al proceso participativo y recogida de sugerencias a través del portal de Gobierno Abierto. En estos meses, el documento se sometió a la participación de los distintos niveles, grupos de trabajo, mancomunidades, Consejo de Medio Ambiente, Comisión de Régimen Local, así como a los Departamentos del Gobierno. Este proceso ha continuado la misma línea de trabajo de la elaboración del Plan de Residuos, con participación y búsqueda de consensos, con la participación de entidades y particulares.

En total, se han recogido 395 aportaciones o sugerencias procedentes de 76 entidades o particulares, con participación mayoritaria de empresas, asociaciones sectoriales y entidades locales, con porcentajes de participación del 29%, 26% y 22%, respectivamente. A estas cifras de participación hay que sumar las 133 alegaciones de 25 entidades y particulares. - D.N.

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