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El Tribunal de Cuentas investiga el reparto irregular de fondos públicos entre CEOE, CCOO y UGT

Un informe vio indicios de que apañaban las subvenciones en la Fundación de Riesgos Laborales

Viernes, 24 de Noviembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

madrid- El Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias por las irregularidades detectadas en la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, pues en su fiscalización de las actividades realizadas por esta fundación en 2015 llegaba a acusar a CEOE, CCOO y UGT, entonces patronos del organismo, de organizar un reparto previo de sus fondos.

Durante su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, el presidente de este órgano fiscalizador, Ramón Álvarez de Miranda, dijo que estas diligencias, por presuntas irregularidades en la justificación de actividades, se encuentran actualmente en tramitación.

En todo caso, Álvarez de Miranda ha subrayado que “sería perfectamente factible” que, en caso de que la citada fundación liquide las ayudas y efectúe los expedientes de devolución pertinentes, los sindicatos y la patronal no tendrían que devolver las subvenciones.

En su Informe de Fiscalización de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, ejercicio 2015, el Tribunal de Cuentas acusó a estas organizaciones de diseñar el reparto de ayudas públicas con el fin de recibir los fondos.

En algunas de las ayudas, el Tribunal destaca que todas las solicitudes de estas organizaciones recibieron financiación y que la suma de todas ellas coincidía con el importe total del presupuesto, lo que lleva a aseverar a este órgano de control que “existe un reparto previo de los fondos entre CEOE, UGT y CCOO”.

El Tribunal señala que una de las convocatorias de esta Fundación, la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2016, por valor de 10,7 millones de euros, no cumplía en sus bases los principios de concurrencia, igualdad y no discriminación previstos en la Ley General de Subvenciones.

Tampoco en lo referente a los beneficiarios, en cuanto a que los propios receptores de las subvenciones eran los propios patronos de la Fundación. Al resultar una concesión de subvenciones, y no un procedimiento de “autocontratación”, el Tribunal sostiene que “cabe cuestionarse la legalidad de los importes pagados”. Hasta septiembre de 2015, estas organizaciones copaban la mitad de los puestos en el Patronato, órgano de la fundación encargado de aprobar las ayudas y las normas aplicables a cada una de las convocatorias anuales de ayudas. Según el Tribunal, el control por parte de estas entidades implicaba que “en algunos cosas las normas no se aplicaran o se hubieran adaptado según sus intereses”.

Así, el Tribunal de Cuentas sostiene que, una vez aprobadas, se cambiaron normas aplicables para adaptarlas a acciones ejecutadas por las organizaciones, o que la distribución de los fondos no se efectuó, en otros casos, siguiendo los principios recogidos en la convocatoria.

“El Patronato de la Fundación ha sido juez y parte en el reparto de las ayudas concedidas, al establecer las normas para distribuirlas entre los agentes sociales, aprobando o denegando las acciones, y siendo sus miembros, a su vez, beneficiarios de las mismas”, sostiene el Tribunal.

La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales concede ayudas a acciones sectoriales y a acciones territoriales, decididas en órganos tripartitos con las comunidades autónomas hasta que en 2013, por la anulación de varias convocatorias por vulnerar regímenes competenciales, estas acciones territoriales fueron sustituidas por otras calificadas como transversales. Sin embargo, el órgano fiscalizador sostiene que estos fondos se siguieron distribuyendo con la misma proporción entre CCAA, y dentro de ellas entre la CEOE, CCOO y UGT en idénticas proporciones que en convocatorias anteriores. El Tribunal asegura haber comprobado que la valoración de las solicitudes estaba diseñado para que únicamente obtuvieran financiación estas organizaciones, y excluir del reparto a otras. - E.P.

el dato

Sin responsabilidad penal. Ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado han solicitado responsabilidades penales, por lo que seguirá por la vía de enjuiciamiento de responsabilidades contables, pendiente de la eventual devolución de los fondos por parte de la fundación.

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