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El Gobierno defiende su derecho a no contar con nadie para la elección

El nuevo fiscal general deberá comparecer en el Congreso pero su informe no es vinculante para su nombramiento

Sábado, 25 de Noviembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

pamplona- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, admitió que el Gobierno no consultó con otros partidos la propuesta del magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar como fiscal general del Estado en sustitución de José Manuel Maza, si bien remarcó que esta es una responsabilidad que compete al Ejecutivo. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros donde se aprobó la postulación, Catalá recordó que “ni es necesario ni está en el procedimiento” de nombramiento del fiscal general del Estado consultar a otras formaciones políticas.

La elección, sin embargo, requiere el aval del Poder Judicial, aunque éste no tiene carácter vinculante y consiste en un mero control de que el nuevo fiscal general es elegido entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión.

Según el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, una vez recibido el informe del CGPJ, el Gobierno comunicará su propuesta al Congreso de los Diputados, en cuya Comisión de Justicia deberá comparecer el candidato “a los efectos de que se puedan valorar los méritos e idoneidad” del mismo. Sin embargo, este informe tampoco es vinculante ni la candidatura es sometida a votación.

Después de estos trámites el expediente vuelve al Consejo de Ministros y el nuevo fiscal o fiscala general, una vez nombrado prestará ante el Rey el juramento o promesa que previene la Ley y tomará posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo.

El Estatuto añade que el cargo de fiscal general tiene carácter de autoridad en todo el territorio español” y se le guardará y hará guardar el respeto y las consideraciones debidos a su alto cargo”. En los actos oficiales ocupará el lugar inmediato siguiente al del Presidente del Tribunal Supremo.

La duración del mandato del Fiscal General del Estado es de cuatro años, ya que cesa cuando cesa el Gobierno, si bien el que sustituya a Maza, al haber transcurrido ya prácticamente un año de la designación de éste, sí podría volver a ser propuesto. - D.N.

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