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Javier Pérez Royo catedrático de derecho constitucional y comentarista político

“En Catalunya, el Estado y la judicatura se han quitado la careta y lo que están haciendo es casi todo irregular”

Elena Urabayen Irurzun Oskar Montero - Lunes, 27 de Noviembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

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pamplona- Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Javier Pérez Royo es además un comentarista político asiduo del plató de la Sexta y otros medios de comunicación como El País o Canal Sur. A pesar de su procedencia andaluza, tiene una visión clara de lo que está ocurriendo en Catalunya y no duda en dar su opinión sobre los errores y aciertos de uno y otro lado. Dice que “aquí ha habido un desafío por parte del nacionalismo catalán al Estado pero no se habían calculado las fuerzas que tenían y ese desafío ha sido desbaratado por parte del Gobierno del Estado de una manera relativamente fácil, con el 155”. No obstante, dice que esa aplicación también ha ocasionado un coste para el Estado, “porque ha tenido que suspender la autonomía de Catalunya, ha tenido que disolver el Parlamento, convocar unas elecciones”, y tiene dudas sobre cómo “se va a metabolizar todo eso”. Advierte además de que lo que pase en Catalunya a partir del 21 de diciembre va a ser crucial para el futuro del Estado de las autonomías porque “sin Catalunya no hay posibilidad de que funcione tal y como lo conocemos”. “Habría que inventarse otra cosa”, subraya antes de poner de relieve la connivencia que ha existido y existe entre el Estado y la judicatura en todo este proceso. El miércoles llenó la sala Calderería de Pamplona, con una charla, organizada por Batzarre, en la que puso sobre la mesa todas estas cuestiones.

Ahora el conflicto catalán ha saltado por los aires pero, ¿a dónde tenemos que remontarnos para entender esto?

-Aquí había una protesta que nace en Catalunya desde la reforma del Estatuto de Autonomía, que se votó en referéndum en 2006, cuando empieza a manifestar que no está cómodo tal y como está, se llega a un acuerdo a duras penas con el Gobierno de Zapatero y se pacifica la situación. Pero con la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010, que invalidaba parte de aquel Estatuto, aquello salta por los aires y desde entonces hemos estado siete años en los que en Catalunya ha habido una protesta que ha ido subiendo de tono y que ha llegado la situación actual en la que estamos con la Generalitat suspendida. Vamos a ver después del 21 de diciembre qué es lo que pasa porque el problema va a seguir. Con el 155 se ha parado la declaración de independencia, pero después veremos.

Ha parado la declaración de independencia pero la voluntad de la sociedad sigue ahí.

-Estamos en la misma situación en la que estábamos hace unos meses pero con la diferencia de que el Estado ha intervenido, ha destituido al Gobierno, ha disuelto el Parlamento, ha convocado elecciones y estamos en el paréntesis electoral. Después de las elecciones ya veremos qué situación queda, qué correlación de fuerzas sale pero pase lo que pase, Catalunya sigue existiendo y su insatisfacción con su posición dentro del Estado sigue estando. El 155 ha frenado un impulso, una deriva que tomaba Catalunya pero el problema sigue ahí. Lo que no sabemos es cómo se va a resolver eso. En teoría el problema está resuelto porque el Estatuto y la Constitución siguen vigentes pero lo que ocurre es que los ciudadanos de Catalunya en un porcentaje muy alto no están de acuerdo. Eso está y seguirá estando.

¿Qué le parece la actitud que ha tomado el Estado?

-El Gobierno no quería hacer uso del 155, se ha estado resistiendo todo lo posible a hacer uso de él. Lo que quería es que Puigdemont convocara las elecciones. El Gobierno sabe que el 155 tiene un coste. Ahora mismo un tercio de la población no acepta el 155. Para la Monarquía también tiene un coste porque ha cerrado filas con el Gobierno y ya no es la Monarquía del 100% de los españoles, es la Monarquía del 155.

¿Se ha roto la unidad de los españoles por la unidad de España?

-Hasta ahora la Constitución y la Monarquía eran entidades entendidas como “de todos”. Se podía presumir de que la Constitución llevaba 40 años sin ser suspendida su vigencia en ninguna parte y ahora nada menos que entra en Catalunya de esta manera. A partir de eso, esta es la Monarquía del 155 y la Constitución del 155. Esa es una línea divisoria muy grande y supone un desgaste, una mancha gorda en la ejecutoria de la Constitución española. Aplicaron el 155 porque llegó un momento en el que pensaron que ya no tenían más remedio que hacerlo.

Para el Estado, un desgaste, pero para Catalunya ha supuesto mucho más.

-Sí, le han suspendido la autonomía de Catalunya y le han quitado el fuero. Además se le ha permitido al fiscal introducir una querella ante la Audiencia Nacional y tenemos a los consejeros procesados y con medidas cautelares muy fuertes y con una amenaza por un delito de rebelión, nada más y nada menos.

¿El Estado está ahora jurídicamente más fuerte para ir contra los autogobiernos?

-Estamos en una situación en la que si este tema de la autonomía no se resuelve, lo que se viene abajo es el Estado de las autonomías. El Estado de las autonomías no puede funcionar sin que Catalunya funcione. Catalunya tiene que poder autogobernarse democráticamente para que el Estado español pueda autogobernarse democráticamente. Sin Catalunya no hay posibilidad de que esto funcione. Eso es lo que está en juego. Cómo se va a recomponer esto es lo que vamos a ver.

¿Qué soluciones jurídicas hay ante una situación así?

-Los profesores de Derecho Constitucional están estudiando las reformas que se podrían hacer para que esto pueda recomponerse: si hay que cambiar el Senado;si hay que hacer que los estatutos de autonomía no sean leyes orgánicas sino que se aprueben en las comunidades autónomas sin la intervención del parlamento del Estado;si hay que recuperarlas competencias que el TC quitó en la sentencia del estatuto reformado... Ahora empezarán a salir ideas para que Catalunya se gobierne autónomamente y se reintegre en el Estado de las autonomías, de una manera que resulte satisfactoria para los ciudadanos de Catalunya y soportable para el resto del Estado.

¿Cómo se quedaría el Estado sin Catalunya?

-Tendríamos que pensar otra cosa, eso rompería con lo que hay ahora. El estado de las autonomías no podría mantenerse tal y como lo conocemos, habría que inventar otra cosa.

¿Está en peligro el autogobierno?

-Sí. Una de las salidas que puede tener esto es una marcha atrás en el autogobierno.

¿Y el autogobierno de Navarra?

-Navarra es donde menos se notaría lo que pueda pasar en Catalunya porque los derechos históricos de Navarra están en la Constitución pero al margen de la Constitución porque ha tenido su estatus diferenciado desde siempre. Por eso creo que Navarra está más protegida en lo que a su autonomía se refiere de lo que estamos los demás. Los demás nos veríamos muchos más afectados, incluso la CAV. Hay un núcleo del autogobierno de Navarra que sería respetado en cualquier caso.

¿Es optimista sobre lo que pueda traer el futuro?

-Una cosa muy importante que ha pasado es que no ha habido violencia o ha sido mínima. Ha habido algo de violencia el 1 de octubre pero en todo un mes que ha estado la gente en la calle, con millones de personas, que no haya habido ningún muerto, ni ningún tiro... eso es un indicador tranquilizador porque podía haber pasado cualquier cosa con tanta gente en la calle.

Pero el Gobierno catalán está en su mayoría en prisión, eso no es muy tranquilizador.

-Estamos en un momento que esos procesos podrían quedar en nada, o en casi nada porque lo único que hay es una querella que el fiscal general ha presentado contra estos señores y está en un momento tan inicial que todavía no hay ni una calificación jurídica clara. En la fase de instrucción, si se sigue adelante con la querella, se puede convertir en algo que sea un delito de prevaricación y desobediencia que no conlleva penas privativas de libertad sino inhabilitación. Así, se desactivaría mucho el conflicto. Aquí hay muchas posibilidades todavía de reducir el alcance de esto o, al contrario, de subirlo hasta sus últimas consecuencias. La pregunta es ¿por qué vía se va a optar? Eso no se sabe, y dependerá mucho de los resultados electorales. Ahora mismo solo se puede especular, pero de momento no ha pasado ninguna cosa irreversible.

¿Se puede restaurar la confianza que se ha quebrado?

-La confianza se ha roto, eso es cierto. Es un intangible pero ya ni el Gobierno del Estado se va a fiar del Gobierno de Catalunya, ni al revés y máxime si no cambian esos gobiernos. Ahora piensan que lo que uno gana, otro lo pierde. Que no pueden ganar los dos. Un Estado políticamente centralizado funciona cuando el fortalecimiento de las partes conlleva el fortalecimiento del todo. Sino, no funciona. Ahora el Estado piensa que lo que pide Catalunya es para debilitar al Estado y al contrario. Ahí está el gran error. Recuperar esa quiebra de confianza es muy difícil.

Usted que conoce la judicatura, ¿cree que los jueces están trabajando para algunos partidos?

-En el tema del nacionalismo catalán el Estado español y la judicatura se han quitado la careta y lo que se está haciendo es casi todo irregular. Casi todo. Ni hay delito de rebelión, ni hay delito de sedición, las conductas de estos señores no encajan en el tipo penal de la rebelión y la sedición. No hay nadie en el mundo académico que considere que esto pueda ser rebelión o sedición. No es competencia de la Audiencia Nacional ni del Supremo en ningún caso el conocimiento del delito de rebelión y sedición sino de la Audiencia Provincial de Barcelona (consejeros) y Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (miembros de la Mesa). La jueza cogió parte del caso sin que le tocara, sin ninguna explicación convincente. Entonces, ni el delito es delito, ni el órgano es el competente, ni la jueza que asume esta causa debería de haberlo asumido. Todo es irregular en ese terreno.

¿Se lo llevan a Madrid para tener un mayor control?

-Llevando todo a Madrid y a la Audiencia Nacional y el Supremo, lo tienen todo controlado y ahora pueden decidir cómo se tiene que reaccionar desde una manera más política que judicial. Esto se está haciendo. Es verdad que el desafío es enorme pero esto es lo que se está haciendo y se han cerrado filas. El poder judicial está al unísono con el político.

¿No cree que esto deslegitima el poder judicial?

-La legitimidad es un concepto político, no jurídico. Para los independentistas catalanes claro que sí deslegitima. En el País Vasco o Navarra puede que también haya una percepción similar pero en el resto del Estado ya no se ve así. Lo grave para mí es el Tribunal Constitucional, el que ha hecho que todo esto esté así, la sentencia maldita de 2010. Sin eso no habría nada de eso. Ahí empezó todo. Ahí hubo también una connivencia entre el PP y poder judicial que funcionó. Esto es una consecuencia de aquello. Se ha recurrido al 155 porque no había otra fórmula, pero no era la fórmula adecuada.

Habla de la desproporción en el caso de Catalunya y de que se llevan el caso a la Audiencia Nacional sin motivo. En Navarra tenemos algo similar con el procesamiento de ocho jóvenes en el caso de Alsasua, ¿cómo valora esta instrucción?

-Es la misma jueza que en el caso de Catalunya, la jueza Lamela. Me parece un disparate, una cosa repugnante, terrible. Eso no es terrorismo de ninguna de las maneras, pero ese es el riesgo de la Audiencia Nacional.

¿Qué se puede hacer en un caso como este?

-Nada, seguir por la vía del recurso y esperar que pase lo mismo que pasó con el caso Egunkaria, que al final quedó en nada pero claro, entre tanto el daño ya está hecho. Estos chicos ya llevan un año en la cárcel y ya veremos qué es lo que pasa. Esto es una barbaridad y es una de las consecuencias de tener la Audiencia Nacional.

¿La justicia no debería de impartir justicia?

-Un caso como este no hace que España no sea un Estado de derecho pero, en este contexto y en esta situación, su actuación no es la propia de un Estado de derecho ni de una democracia como tendría que ser. No tenemos solución inmediata ninguna, estos señores ya llevan un año de cárcel y lo que les quede... aunque esperemos que al final se resuelva todo como debe resolverse pero tampoco para eso hay ninguna garantía.

¿Por qué cree que se siguen manteniendo actuaciones como la de la jueza Lamela?

-Porque España es así. En todos los países del mundo hay jueces y fiscales de todas las clases y aquí nos ha tocado esto. Aquí solo hay un sistema de recursos y en eso se debe confiar. Yo me temo que en el interior de la Audiencia Nacional vaya a haber condena, otra cosa será lo que pase cuando llegue al Supremo. Mientras tanto, el daño es tremendo y la sensación de injusticia, total.

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