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UPN tira de asesoría privada para tratar de superar el caso Ultzama

Los regionalistas han dejado en manos de profesionales la gestión de las comparecencias que el Parlamento ha puesto en marcha para investigar la quiebra de la planta de biogás

Andoni Irisarri / Patxi Cascante - Miércoles, 29 de Noviembre de 2017 - Actualizado a las 06:31h

Los abogados Guillermo Chaverri y José Ignacio Loitegui, accediendo el viernes pasado al despacho de UPN en el Parlamento, antes de la comparecencia de la consejera Isabel Elizalde (Desarrollo Rural).

Los abogados Guillermo Chaverri y José Ignacio Loitegui, accediendo el viernes pasado al despacho de UPN en el Parlamento, antes de la comparecencia de la consejera Isabel Elizalde (Desarrollo Rural). (Patxi Cascante)

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  • Los abogados Guillermo Chaverri y José Ignacio Loitegui, accediendo el viernes pasado al despacho de UPN en el Parlamento, antes de la comparecencia de la consejera Isabel Elizalde (Desarrollo Rural).

pamplona- El complejísimo caso que rodea la quiebra de la planta de biogás de Ultzama y sus inciertas derivadas han movido a UPN a poner toda la carne en el asador para afrontar la comisión parlamentaria que investiga las responsabilidades políticas del caso, cuyo resultado más palpable es el de una planta cerrada tras la inversión de más de 3,2 millones de dinero público.

El partido regionalista, que gobernaba el Ayuntamiento de la localidad entre 2003 y 2015 a través de una agrupación local afín en el momento en el que se impulsó el proyecto (en 2007), se está apoyando en un bufete de abogados especializado en asesoría de empresas y prevención de riesgos penales para lidiar con la fase de comparecencias de la comisión, por la que desfilarán una treintena de excargos, empresarios, exediles, técnicos del Gobierno y también los dos exalcaldes de la localidad, Patxi Tornaría (2012-2015) y Patxi Pérez Arregui (2003-2012), actual miembro de la ejecutiva de UPN y hombre de confianza de Javier Esparza. La sensación es que UPN, después de al menos cuatro intentos de paralizar la investigación parlamentaria (a través de dos informes jurídicos, una petición al Consejo de Navarra y una iniciativa desde la agrupación local en Ultzama), ha decidido cambiar de estrategia y dejar el tema en manos de profesionales.

‘compliance’ penalAsí se entiende la presencia en el Parlamento de Guillermo Chaverri y José Ignacio Loitegui, abogados y socios del despacho Ch&L, durante las comparecencias de la comisión. Los abogados siguen las sesiones en el despacho de UPN, como se muestra en la fotografía, desde donde cabe deducir que monitorizan el trabajo de los portavoces regionalistas. Tal y como aparece en su página web, el despacho en el que se apoya UPN ofrece “asesoramiento integral para empresas y entidades”, especialmente en áreas como Derecho Laboral, Mercantil, Administrativo y compliance penal. Precisamente, esta última especialidad está enfocada a evitar la responsabilidad penal de empresas. Una carta de servicios que encaja con el perfil profesional que los socios exhiben en sus redes sociales laborales. Entre 2002 y 2005, José Ignacio Loitegui fue asesor jurídico de la antigua Navarra de Servicios SA (Nasersa), empresa pública dependiente del Gobierno de Navarra que luego se fusionó en Nasertic. Y a partir de 2005 y hasta 2017 fue director de prestaciones y asesoría jurídica de Mutua Navarra. El otro socio, Guillermo Chaverri, también estuvo vinculado a Mutua Navarra, donde fue especialista en prevención de riesgos penales. Y además, en su caso, fue primero miembro de la ejecutiva de las juventudes de UPN y luego formó parte del Consejo Político de Barcina cuando fue reelegida en 2013 como presidenta del partido.

Que detrás de UPN había algún tipo de asesoramiento o ayuda externa era evidente. Sergio Sayas y Juan Luis Sánchez de Muniáin se presentaron en la primera comparecencia, la de Asun Olaechea (presidenta de Comptos), con un buen volumen de archivadores y las consignas muy claras. La intención era sembrar la duda sobre el trabajo del órgano fiscalizador, descargar de cualquier responsabilidad al Ayuntamiento que promovió el proyecto y culpar al actual Consistorio, de EH Bildu, del cierre en 2016 de una planta en liquidación desde 2014 y cuyo estado era casi de ruina. Nada de preocuparse por la doble facturación del caso ni por el sobrefinanciamiento público del proyecto, que el Gobierno cifra en alrededor de 340.000 € y ahora reclama en los tribunales.

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