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El Gobierno pide que el caso de Alsasua se juzgue en Iruña y que no se califique de terrorismo

El Ejecutivo se suma a la declaración del Parlamento en favor de la proporcionalidad

Miércoles, 29 de Noviembre de 2017 - Actualizado a las 06:30h

Imagen de la última manifestación en solidaridad con los jóvenes este domingo en Alsasua.

Imagen de la última manifestación en solidaridad con los jóvenes este domingo en Alsasua. (Foto: Nerea Mazkiaran)

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  • Imagen de la última manifestación en solidaridad con los jóvenes este domingo en Alsasua.

Pamplona- El Gobierno foral adoptó en su sesión de ayer un acuerdo por el que se toma en consideración la Declaración Institucional aprobada por el Parlamento de Navarra el 20 de noviembre de 2017 por la que manifiesta su “máxima preocupación por el desarrollo de los acontecimientos en torno a los lamentables hechos acontecidos la noche del 15 de octubre de 2016 cuando se producía una agresión en un bar de la localidad de Altsasu/Alsasua, en los que resultaron heridos dos miembros de la Guardia Civil y sus parejas, así como las consecuencias derivados de ellos con la detención, un mes después de diez jóvenes de edades comprendidas entre 19 y 24 años”.

En esta Declaración se recoge el compromiso del Parlamento por la paz y convivencia en Altsasu/Alsasua y en toda Navarra. Desde el respeto a las decisiones judiciales, se manifiesta su desacuerdo con la calificación penal de los hechos investigados como delito de terrorismo, pudiendo acarrar penas desproporcionadas a los jóvenes encausados. También se solicita a los organismos judiciales implicados la “reconsideración del caso a fin de devolver la competencia al Juzgado de Pamplona para continuar con la instrucción de los hechos” y por último manifestar “su desacuerdo con las desproporcionadas, injustificadas e innecesarias medidas cautelares que se estaban practicando contra los jóvenes encausados en el desarrollo de la instrucción”.

Por todo ello, el Gobierno de Navarra toma en consideración la Resolución aprobada por el Pleno del Parlamento de Navarra el 14 de septiembre de 2017 y, en consecuencia, solicita de la Comisión Europea que, a través del órgano que corresponda, determine: “si la transposición de las previsiones comunitarias sobre el tratamiento penal del terrorismo es correcta en el Estado español;y si la petición fiscal en el caso Altsasu/Alsasua es compatible con las previsiones del artículo 49.3 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales”. Asimismo, dará traslado del presente acuerdo al vicepresidente de la Comisión Europea y a las direcciones generales Unión en la Seguridad y de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género. Además, manifiesta el “compromiso de colaboración de este Gobierno con la Comisión Europea en la realización de las acciones oportunas a fin de evitar situaciones desproporcionadas, tal y como prevén la Comisión Europea y Eurojust”. Por último, encomienda a la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, como órgano competente en materia de paz y convivencia, así como de las relación de este Gobierno con las instituciones comunitarias a través del Delegado de Navarra en Bruselas “la realización de las gestiones oportunas para cumplimentar lo dispuesto en los apartados anteriores”.

Críticas del PP a gobierno y parlamentoLa presidenta del PPN, Ana Beltrán consideró que tanto la declaración del Parlamento como este acuerdo del Gobierno son “una nueva injerencia, absolutamente inaceptable en un Estado democrático, por parte de un Gobierno de Navarra pues sólo critica las decisiones judiciales cuando no concuerdan con sus intereses políticos” y de un “Parlamento que olvida que existe una separación de poderes y que no debería presionar sobre decisiones judicialales”. - N. Mazkiaran

tres jóvenes en la cárcel

Más de un año en prisión sin juicio

La vista, en abril. El juicio oral se celebrará entre los días 17 y 27 de abril en la Audiencia Nacional, que ha rechazado la libertad provisional de tres de los encausados, con lo que acumularán casi un año y medio de prisión preventiva. El fiscal del caso reclama 62,5 años de cárcel para uno de los acusados, O.A.C., a quien atribuye la autoría de cuatro delitos de lesiones terroristas, por los que le pide 50 años de cárcel, así como de otro delito de amenazas terroristas por lo que exige también la misma pena. Asimismo solicita otros 50 años de cárcel para cada uno de los seis acusados restantes, que son J.U.G., J.A.C.A., J.G.L., A.R.P., I.A.O. y A.U.O. También a una joven A.U.G., le exige 12,5 años por amenazas terroristas.

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