Noticias de NavarraDiario de Noticias de Navarra. Noticias de última hora locales, nacionales, e internacionales.

Saltar al Contenido

La Audiencia ordena reabrir el caso de El Molino y que la juez tome declaración a tres monitores

La Sección Primera entiende que del informe de Servicios Sociales se desprenden indicios de delitos de coacciones y trato degradante y que no se debió archivar

Enrique Conde - Viernes, 1 de Diciembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

El centro ocupacional El Molino, ubicado junto al río Arga en Pamplona.

El centro ocupacional El Molino, ubicado junto al río Arga en Pamplona. (IÑAKI PORTO)

Galería Noticia

  • El centro ocupacional El Molino, ubicado junto al río Arga en Pamplona.
  • Imagen de la noticia publicada en este periódico el 29 de octubre.

pamplona- El informe de los inspectores de Servicios Sociales del Gobierno de Navarra que desembocó en una causa penal abierta por distintas malas prácticas advertidas en tres monitores que trabajaban en el centro ocupacional El Molino de Pamplona (uno de ellos, acusado de abusos a una usuaria en otro proceso que será juzgado a comienzos de año, se encuentra de baja desde aquella denuncia) ha sido ahora tomado en consideración por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra. El tribunal ha decidido reabrir el proceso después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona, después de 19 meses amasando la causa en su despacho sin practicar ninguna diligencia, lo archivara provisionalmente el pasado mes. La Audiencia ha estimado parcialmente el recurso presentado por una familia usuaria del centro contra el cierre del procedimiento y aprecia que “una vez examinado el informe emitido por el servicio de calidad e inspección del departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, que dio lugar a la incoación de las diligencias previas, apreciamos que se reflejan en el mismo una serie de hechos que, siquiera a los efectos que nos ocupan, no cabe rechazar que pudieran ser constitutivos de diversos posibles delitos, entre ellos de coacciones y de trato degradante”. No solo la juez instructora era partidaria del archivo de la causa, sino que la Fiscalía, nada más recibir el procedimiento, se decantó en el mismo sentido.

La Sala recuerda que en dicho informe aparecen conclusiones como las que siguen:

- Uno de los monitores del centro ocupacional, un alumno en prácticas y 6 de los profesionales y exprofesionales del Colegio corroboraron ciertas prácticas.

- Coinciden que en uno de los monitores son frecuentes los gritos, insultos y zarandeos y que también en los otros son habituales las malas formas y los zarandeos a usuarios.

- Algunos de ellos relatan castigos como ponerles a los usuarios una caja en la cabeza o hacerles salir a la calle sin abrigo.

- También usan un lenguaje inadecuado y obsceno para trabajar aspectos de índole sexual.

- Todos coinciden en señalar que las malas prácticas se centran principalmente en aquellos usuarios con problemas conductuales y comportamientos disruptivos.

Estas y otras conductas, dice la Audiencia, “sin necesidad de mayores valoraciones en relación con la narración de otros hechos efectuada en ese informe y datos reflejados en el mismo, consideramos que no permiten rechazar, al menos en este momento procesal, la posible comisión de unos actos que, por su propia naturaleza o contenido, pudieran ser atentatorios a la libertad o a la integridad moral de determinadas personas, tratándose además en este caso de personas especialmente vulnerables”.

CONCLUSIONES REVELADORASLa Audiencia advierte de que no procede “actualmente efectuar unas más profundas valoraciones o consideraciones” y que el informe resulta ser “revelador de la posible comisión de unos hechos en relación con los cuales no puede rechazarse, ya inicialmente, a la vista del solo citado contenido de ese informe, la posible existencia de indicios de los posibles indicados delitos, valoración esta que resulta ser suficiente, al menos, para disponer la continuación de las actuaciones y que se proceda a recibir declaración a los tres profesionales a los que se atribuyen dichos comportamientos, en orden a conocer su precisa versión acerca de estos hechos”. Por ello, el tribunal entiende que no debió acordarse el archivo de actuaciones sin la práctica al menos de la declaración de estos tres monitores.

Una vez que se efectúen las mismas, la Audiencia expone que la juez instructora deberá resolver a la vista del resultado, y con la prueba documental obrante en autos, lo que proceda en orden a continuar o no con las actuaciones y a la práctica de las diligencias solicitadas por la familia apelante, que pedía también las declaraciones de los inspectores que elaboraron del informe, y de usuarios, profesionales y exprofesionales del centro ocupacional y del colegio.

Los recurrentes alegaron ante el archivo de la juez que los argumentos utilizados no eran “de recibo” al carecer de una “mínima actividad investigadora”. Y apostaban por reabrir la causa porque “la investigación llevada a cabo por la Administración tiene un ámbito y unos corsés determinados y es más limitada y menos garantista que la judicial” y porque en la investigación administrativa (que fue la base para la interposición de la denuncia) “no se ha recabado el testimonio de ni un solo usuario, afectado o testigo de los hechos (las familias no participaron en la misma)” y que “si una investigación judicial es casi imposible excluir la existencia de ilícitos penales en la causa”. lo que vio la inspección.

Herramientas de Contenido