En qué momento se jodió la Constitución

Por Miguel Izu - Domingo, 3 de Diciembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

Ha habido muchas respuestas a la pregunta de Vargas Llosa al inicio de Conversación en La Catedral, que si el Perú siempre estuvo jodido, que si se fue jodiendo poco a poco, que si en algún concreto momento, que si nunca. Un debate parecido puede abrirse en torno a la Constitución española. En los últimos años no son pocos quienes, utilizando la peyorativa expresión de “el régimen del 78”, mantienen que en 1978 hubo una completa rendición de la oposición y se estableció un neofranquismo apenas modernizado, origen de todas nuestras desgracias actuales. No estoy de acuerdo con esa visión y, por eso, no me gusta la expresión de “régimen del 78”. En los casi cuarenta años transcurridos han pasado demasiadas cosas y hemos vivido épocas demasiado distintas como para asumir un análisis tan simplista.

Cierto es que la Constitución de 1978 se elaboró a la salida del franquismo en un régimen democrático incipiente con muchas deficiencias, y que la oposición a la dictadura hizo cesiones, la más visible la monarquía. Pero no menos cierto es que su texto está inspirado en otras Constituciones europeas de inequívoco signo democrático y con contenidos progresistas, la alemana, la francesa o la italiana. Con esa Constitución la Historia de España podía haber sido mucho mejor. De hecho, pienso que en los primeros años después de 1978 fue bastante mejor. Las generaciones más jóvenes no lo tienen presente, pero cosas hoy tan esenciales como una sanidad universal o una educación gratuita para todos se construyeron principalmente en los años ochenta. La ampliación de derechos políticos, la abolición de la pena de muerte, la extensión de la Seguridad Social, los servicios sociales, las comunidades autónomas, la cooficialidad lingüística, la autonomía municipal, el reconocimiento de la objeción de conciencia y, luego, la supresión del servicio militar, y tantas otras cosas más, salieron adelante por el esfuerzo de muchísima gente que había luchado contra la dictadura y estaba empeñada en impulsar la garantía de los derechos y la calidad de vida de todos los ciudadanos. Ese era el espíritu reinante en aquellas décadas de modernización, o así lo recuerdo yo. Había muchos problemas, la democracia tenía muchas grietas, pero el pacto constitucional de 1978 se veía como un instrumento, un acuerdo de mínimos que sería mejorado. “Sí, y seguir avanzando”, fue el lema de la ORT ante el referéndum constitucional y la idea de mucha otra gente.

Luego resultó que el acuerdo de mínimos pasó a ser de máximos, muchos de los contenidos del texto constitucional han quedado inéditos, sobre todo la parte de derechos económicos y sociales que carece de garantías sólidas, otros se interpretan restrictivamente y la Constitución se ha convertido en un texto sagrado, intocable incluso para darle aplicación en lo que no interesa, con lo cual nuestro régimen democrático se ha ido degradando a pasos agigantados. ¿Cuándo se produjo ese cambio? ¿En qué momento se jodió el asunto? Creo que no fue de un día para otro, ha habido una serie de momentos que han ido marcando el acelerado declive del sistema político y la frustración de las esperanzas despertadas en 1978.

Uno de los primeros fue el referéndum sobre la OTAN de 1986. Consagró el principio de que los programas electorales están para incumplirse sin consecuencias y de que la soberanía popular estaba para someterse a los chantajes exteriores. Otro fue el Tratado de Maastricht de 1992, que no se quiso someter a referéndum en España (solo lo pidió IU), y que permitió el viraje de la Europa social esbozada en los tratados fundacionales de la CE a la ruta neoliberal de la nueva UE, seguido de otros tratados que configuraron la Europa del euro al servicio de los capitales financieros. Los últimos años de gobierno del PSOE sirvieron para introducir la idea de que la corrupción pasaba escasa factura electoral. Los gobiernos de Aznar confirmaron que la España de las autonomías iba a funcionar mediante el mercadeo de votos, sobre todo con los nacionalismos vasco y catalán, cuando fuera necesario, y mediante la recentralización y el nacionalismo español cuando tuvieran mayoría absoluta. Finalizado el proceso autonómico empezaba a debatirse la necesidad de una reforma constitucional ante la insuficiencia del título VIII, pero Aznar consagró el dogma de la inmutabilidad constitucional negándose a cualquier debate, aunque con anterioridad Fraga hubiera prometido que la abordaría cuando el PP llegara al gobierno.

Fueron también los gobiernos del PP los que impulsaron la burbuja inmobiliaria, de tan nefastos efectos cuando se desató la crisis económica de 2008, con una legislación urbanística que perseguía facilitar que todo el suelo fuera urbanizable y que, en directa contradicción con la Constitución, favorecía decididamente la especulación. También los que impulsaron una política de desarrollismo salvaje e infraestructuras basada en el despilfarro y el crecimiento a toda costa que facilitó la extensión de la corrupción. La participación de las cajas de ahorros en esa merienda de negros las llevó, años más tarde, a la desaparición, siendo absorbidos sus restos por la banca con la generosa ayuda de los contribuyentes. Los gobiernos de Zapatero mantuvieron las mismas políticas económicas, con ligeras operaciones de maquillaje, dirigiendo la atención hacia la extensión de algunos derechos que no costaran mucho dinero, como el matrimonio de parejas homosexuales. Y como dudosa alternativa a la reforma constitucional idearon una reforma estatutaria que daría solución a los problemas planteados en Cataluña y en otras comunidades, y cuya consecución prioritaria hizo recular a Pasqual Maragall de su célebre acusación, “vostès tenen un problema i aquest problema es diu 3%”, para evitar la ruptura con CiU;la corrupción no era tan importante. La reforma estatutaria naufragó gracias a los errores de muchos y a la irresponsabilidad del PP, que recogió firmas en su contra y la llevó a un desprestigiado Tribunal Constitucional que entró como elefante en cacharrería y agravó el problema hasta extremos que ahora todos lamentamos. Una parte no despreciable de los catalanes cree hoy que no merece la pena respetar la Constitución.

La crisis de 2008 se llevó por delante el espejismo de una economía que jugaba en la Champions y se comprobó que el gigante tenía pies de barro, de desigualdad, de desempleo y de precariedad. Y, como en casa del pobre todo son desgracias, fueron explotando uno tras otro todos los problemas que se habían ido larvando y que no habían recibido adecuado tratamiento. Estalló también la indignación ciudadana, que se manifestó en el movimiento del 15-M, tristemente frustrado. La respuesta ha sido recortar derechos políticos e instrumentalizar todavía más las instituciones para mantenerse en el poder. La desproporcionada aplicación del art. 155 en Cataluña y las no menos desorbitadas medidas penales que le han acompañado, dictadas por una Justicia cuya imagen de independencia y eficacia deja mucho que desear, han sido el último eslabón de la cadena de sucesos que han ido jodiendo la Constitución.

Ahora, tras la “rebelión” sofocada en Cataluña, se habla mucho de reforma constitucional. Si se hubiera abordado hace 20 años, si se hubieran introducido cambios al compás de los tiempos, quizás tuviéramos una Constitución útil para resolver los problemas de hoy. Los autoproclamados “constitucionalistas”, con su aplicación selectiva y su pertinaz resistencia a la reforma, salvo la funesta del art. 135 aprobada con estivalidad y alevosía, son quienes más la han jodido. La Constitución francesa, en 59 años, se ha reformado 24 veces;la alemana, en 68 años, 60 veces;la italiana, en 71 años, 27 veces. En España tenemos un zombi que, aunque muchos no quieran darse cuenta, no resucitará con parches y cataplasmas. A estas alturas, necesitamos un proceso constituyente para una revisión total.

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