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Dos años de cárcel para Granados en la primera sentencia de la Púnica

El exconsejero madrileño se benefició de un chivatazo de la investigación para destruir pruebas

Martes, 5 de Diciembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

Francisco Granados, José Manuel Rodríguez Talamino y su amigo José Manuel Caro en el juicio.

Francisco Granados,en el juicio. (Foto: Efe)

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  • Francisco Granados, José Manuel Rodríguez Talamino y su amigo José Manuel Caro en el juicio.

Madrid- La Audiencia Nacional condenó ayer a dos años de prisión al exconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, por el soplo que dio en septiembre de 2014 por parte del guardia civil, José Manuel Talamino, que le informó de que estaba siendo investigado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y que le permitió destruir pruebas y ocultar dinero.

La sección primera de lo Penal les considera a Granados responsable de un delito de aprovechamiento de revelación de secreto por funcionario público. En el mismo juicio, Talamino fue condenado también a dos años por el delito de violación del secreto. El tercer acusado, José Luis Caro Vinagre, guardia civil en excendencia que trasladó a Granados la información reservada, fue condenado a un año y medio, se le acusa también de aprovecharse de la revelación del secreto. A Rodríguez Talamino, la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia le impone, además, una pena de 4 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Se trata del tipo agravado del delito de revelación de secretos porque el soplo partió de un funcionario público, Talamino, que, por formar parte del operativo de la UCO, tuvo acceso a esa información y la difundió causando “un intenso daño a la causa pública”, como al esclarecimiento de los hechos y sus autores y permitió a los investigados la destrucción de pruebas y la ocultación de dinero.

La Fiscalía Anticorrupción solicitaba tres años de prisión para Francisco Granados y para los dos guardias civiles que en septiembre de 2014 le alertaron de que estaba siendo investigado en la operación Púnica junto con su socio, el empresario David Marjaliza.

La sentencia cuenta con un voto particular concurrente del magistrado Nicolás Poveda, que cree que el “conseguidor” de la Púnica David Marjaliza y su secretaria -que aseguraron que Granados les pidió que destruyeran documentación y la quemaran un día de niebla- incurrieron en “numerosas contradicciones”, por lo que ve falta de “verosimilitud” en sus declaraciones incriminatorias hacia Granados.

dudasEn su voto discrepante, Poveda no cuestiona las penas impuestas sino “los razonamientos que dan lugar a la valoración de la prueba” y pone en duda lo declarado por Marjaliza y su secretaria. Recuerda que ambos aseguraron que, a raíz del soplo y por petición de Granados, se quemaron “tres carros del Carrefour” con apuntes contables de entregas de dinero a alcaldes y concejales y documentos de licitaciones de la Comunidad de Madrid.

Pero, para Poveda, “no existe dato alguno que acredite la preexistencia de tal documentación ni su contenido exacto” y la única prueba que lo demuestra son sus propias manifestaciones, teniendo en cuenta, señala el juez, que tanto Marjaliza como Ramírez están acusados en la pieza principal de la Púnica. Además, cree que no solo Granados se aprovechó del soplo de Talamino, sino que también “ha quedado acreditado” que Marjaliza adoptó junto con el exconsejero madrileño “medidas que entorpecieron y perjudicaron de forma sustancial la instrucción de la causa”.

Los magistrados consideran probado que Talamino -que vivía en Valdemoro (Madrid) y conocía a Granados por haber sido alcalde de esa localidad- alertó el 5 septiembre de 2014, poco antes de que estallara la Púnica, de la instalación de cámaras frente al despacho de Marjaliza en el edificio Éboli de Pinto, sabiendo que el exconsejero y el presunto conseguidor de la trama eran amigos. Quedó con ellos aprovechando las fiestas de Valdemoro y se encontró con Granados en un local, donde le contó que la UCO vigilaba a Marjaliza y, al día siguiente, Caro Vinagre, a petición del exconsejero, buscó a Talamino “para obtener más información” .

Dio el chivatazo “consciente de la importancia de la información para los intereses de Granados, Marjaliza y de su amigo personal José Luis Caro Vinagre”, al que Granados había contratado como asesor, y “decidió avisarles (...) sabiendo que violaba el deber de confidencialidad”.

A raíz de la filtración, cambiaron sus conductas, “dejaron de utilizar los teléfonos y cuando lo hacían, hablaban poco, dificultando las pesquisas sobre sus negocios. Además, se hizo imposible la recuperación de parte del dinero de las adjudicaciones de obras y servicios”, afirma la sentencia. - Efe

claves para el recurso

Llegará al Tribunal de Derechos Humanos. El ex secretario general de PP madrileño Francisco Granados aseguró que recurrirá la sentencia de la Audiencia Nacional y advirtió que llegará al Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque se han vulnerado sus derechos fundamentales.

No cumplen requisitos de tipicidad. La sentencia tiene la puerta abierta al recurso de casación porque los hechos expuestos en la resolución no cumplen los “requisitos de tipicidad”.

Intervenciones telefónicas nulas. Otra de las circunstancias es que los ‘pinchazos’ telefónicos durante la instrucción no son válidas porque tiene que haber un auto específico que las autorice.

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