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La campaña echa a andar con Junqueras preso y el futuro de Puigdemont en el aire

El secesionismo encara en adversidad el 21-D tras liberar el juez a seis consellers pero no al líder de ERC, ‘los Jordis’ y Forn

Igor Santamaría - Martes, 5 de Diciembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

Un momento de la concentración llevada a cabo anoche en Tarragona, para protestar por la decisión del juez de dejar en prisión al exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras, el exconseller de Interior Joaquim Forn, el expresidente de la ANC Jordi Sánchez

Un momento de la concentración llevada a cabo anoche en Tarragona, para protestar por la decisión del juez de dejar en prisión al exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras, el exconseller de Interior Joaquim Forn, el expresidente de la ANC Jordi Sánchez y el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart. (EFE)

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Un momento de la concentración llevada a cabo anoche en Tarragona, para protestar por la decisión del juez de dejar en prisión al exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras, el exconseller de Interior Joaquim Forn, el expresidente de la ANC Jordi SánchezOriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart seguirán en la cárcel tras la decisión del juez Pablo Llarena. Fotos: EfeOriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart seguirán en la cárcel tras la decisión del juez Pablo Llarena. Fotos: EfeMeritxell Borrás y Dolors Bassa celebran su salida de prisión.Laura Masvidal (i), esposa Forn saluda a la esposa deJordi Cuixart, Txell Bonet.
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pamplona- La campaña electoral catalana arrancó anoche con el independentismo diezmado al quedar condicionada por el Tribunal Supremo (TS), que mantuvo en prisión al cabeza de lista de ERC, Oriol Junqueras, así como a los líderes sociales, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, y al conseller de Interior Joaquim Forn. El juez Pablo Llarena dejó por contra en libertad a los consellers Carles Mundó, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa y Meritxell Borrás, bajo fianza de 100.000 euros y la obligación de comparecer semanalmente ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya o juzgado o tribunal de su conveniencia, comparecer ante el Supremo siempre que sean llamados, prohibición de salida del territorio estatal y retirada de pasaporte. Aunque a priori la postura de la Justicia pueda provocar una movilización del votante secesionista, a nadie se le escapa que ERC es quien sale peor parada al no poder contar en campaña con la presencia física de Junqueras, que además ve, según constata el sondeo del CIS, cómo Carles Puigdemont le recorta terreno, amén de la pugna por el liderazgo en la urna con Ciutadans. Ello erige a Marta Rovira en la principal referencia de los republicanos y máxima aspirante a ocupar la presidencia de la Generalitat.

En paralelo, Puigdemont y los cuatro consellers que se exiliaron junto a él en Bruselas tendrán que esperar al próximo 14 de diciembre para conocer la resolución del juez que examina las euroórdenes españolas, justo una semana antes de la cita electoral, tras comparecer ayer durante tres horas y media ante el magistrado de primera instancia que debe resolver sobre su extradición a España, donde están acusados de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia tras la proclamación de la república catalana. Los abogados del president cesado, a la postre líder de Junts per Catalunya, defendieron la no extradición porque los hechos por los que el Estado emitió la euroorden “no son constitutivos de delito conforme al ordenamiento jurídico belga”. Argumentaron además que “no hay suficientes garantías de que en España haya un juicio justo conforme a los ordenamientos jurídicos internacionales”. Así se expresó Luis Alonso-Cuevillas, uno de los letrados del equipo de Puigdemont, que recalcó la preferencia del juez de no tomar una decisión “en caliente” sino “pausadamente” tras una vista donde el fiscal pidió mantener la petición de extradición.

el president mira al día 14Con Puigdemont en Bélgica a expensas de lo que ocurra el día 14, participando en mítines mediante adelantos tecnológicos -si bien su número dos, Sànchez, sí estará en la cárcel-, y con Junqueras entre rejas;el independentismo encarará una de las campañas más ruidosas y adversas, también mediáticamente, con el objetivo, al menos, de mantener la mayoría absoluta en escaños que le permita volver al Govern, bien con otro escenario o con la restitución del anterior Ejecutivo, como anhela el president en el exilio. El contexto de la campaña fue replicado por todas las fuerzas, excepto por las que Puigdemont adjetiva como “el tripartito del 155”: C’s, PSC y PP.

La postura de Llarena para prolongar la prisión de Junqueras, el conseller Forn y los Jordis radica en la reiteración delictiva y no en el riesgo de fuga, que lo descarta en tanto que es similar al de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, amén del profundo arraigo social, laboral y social de los encarcelados. Pero el magistrado sí distingue entre la actuación de los miembros de la Mesa de la Cámara y la de los consellers del Ejecutivo cesados pese a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, ya que considera que los líderes independentistas ya contaban con la posibilidad de que el Estado interviniera la Generalitat y habían concluido que, en esa coyuntura, “debían perseverar en su determinación”. Respecto a los seis consellers que eluden la cárcel, Llarena admite que creerse el compromiso que todos hicieron el viernes de no volver a delinquir implica “asumir un confiado pronóstico”. Pese a ello, el instructor resalta la importancia del derecho a la libertad de cualquier ciudadano y acepta concedérsela porque tiene la certeza de que, si vuelven a delinquir, el comportamiento “podría corregirse completa e inmediatamente” con solo adoptar la decisión de mandarlos de nuevo a prisión.

Pero en el caso de los otros cuatro dirigentes las consecuencias de que reincidan en sus delitos pueden ser más graves. El magistrado asegura que sus aportaciones al procés “están directamente vinculadas a una explosión violenta que, de reiterarse, no deja margen de corrección o de satisfacción a quienes se vean alcanzados por ella”. Así, rememora varias actuaciones como el “asedio” por miles de personas a una comisión judicial que registraba la Consellería de Economía en Barcelona. En estos hechos implica directamente a los cuatro a los que ordena mantener en prisión: a Sànchez y Cuixart porque sus asociaciones impulsaron las movilizaciones “sabiendo” que, aunque la mayor parte de los ciudadanos estaban comprometidos con evitar situaciones violentas, “se iban a infiltrar necesariamente comportamientos agresivos”. Respecto a Junqueras y Forn, el juez destaca que el primero “acudió” a estos “hechos violentos” ante la sede de su Consellería y que el segundo era el responsable de los Mossos, que “favorecieron o no desplegaron ninguna actuación que pudiera poner término” a lo que acontecía. Una valoración que chirría en tanto que existe la consideración de que este proceso se ha caracterizado por la ausencia de violencia por parte de quienes buscaban la ruptura, y no tanto por quienes trataron de evitar policialmente la celebración del referéndum del 1-O.

Llarena, empero, alude en su auto a otras movilizaciones sociales, como la que impidió el registro en la empresa Unipost, los cortes en vías de trenes, los “asedios” a hoteles donde se alojaba la Policía o las que cortaron carreteras o constituyeron “murallas humanas que defendían de manera activa los centros de votación” del 1-O, “haciendo en ocasiones recular a los cuerpos policiales, apedreando sus vehículos o forzando a los agentes a emplear una fuerza que hubiera resultado innecesaria de otro modo”. En el caso de Junqueras, Cuixart y Sànchez, el juez tiene en cuenta además que los tres forman parte del llamado comité estratégico que define el documento Enfocats, intervenido por la Guardia Civil durante los registros y considerado por la investigación como el que marca la ruta hacia la desconexión forzosa. El juez estima que los miembros de este comité estratégico “han desempeñado una función definitoria de cómo y cuándo llevar a término cada una de las actuaciones del proceso y, consecuentemente, de la violencia y los tumultos” que describió Llarena en el auto, “y que son los elementos que constituyen la esencia de los delitos de rebelión o de sedición”. Respecto a los cuatro investigados, cierra Llarena, el riesgo de reiteración delictiva “refleja la probabilidad de que puedan reproducirse actos con graves, inmediatas e irreparables consecuencias para la comunidad”.

tildados de “violentos”El peligro -dice- no desaparece con la afirmación mantenida por ellos de que abandonan su estrategia de actuación, por lo que toca aguardar a que “el cambio de voluntad es verdadero y real”. “Solo entonces se justificará rebajar la intensidad de la medida cautelar adoptada contra estos inculpados” por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Los abogados de los investigados recurrirán el auto ante la Sala de lo Penal del Supremo. Los letrados señalaron que lo que sus representados más lamentan es que se les atribuya una violencia “radicalmente falsa, que se les tilde de violentos, y eso a dos personas como los Jordis que tienen el pacifismo por bandera”. Para más inri, el Supremo se basa en el informe de la Generalitat catalana Enfocats , cuando “no tienen ni idea” de “quién” lo ha elaborado, ni el “para qué, cómo y cuándo”.

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