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los derechos de los inmigrantes (I)

La impunidad del miedo

En Navarra, hay más de 3.000 personas en situación irregular. Según las autoridades, si sufren un delito, en la mayoría de los casos quedará impune por no denunciarse.

Un reportaje de Edurne Navarro. Fotografía Iñaki Porto. Infografía Itxaso Mitxitorena - Miércoles, 6 de Diciembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

P. viajó por varios países de África y Europa antes de afincarse en Valencia, donde la forzaron a ejercer la prostitución.

P. viajó por varios países de África y Europa antes de afincarse en Valencia, donde la forzaron a ejercer la prostitución.

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  • P. viajó por varios países de África y Europa antes de afincarse en Valencia, donde la forzaron a ejercer la prostitución.
  • Serge llegó al país con una promesa de trabajo que nunca se cumplió.
  • El periplo de P. por África duró varios meses.
  • Izaskun Gartzaron atiende en esta oficina a víctimas del delito.
  • D. está en Pamplona en situación irregular.
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Explotación laboral, trata de personas, violencia de género, agresiones, abusos, discriminación, robos, estafas, delitos de odio... El listado es largo y la probabilidad de que una persona en situación irregular sufra uno es alta, corroboran las entidades e instituciones entrevistadas para este reportaje. Son las más vulnerables, quienes están más desprotegidas y sobre quiénes es más fácil delinquir sin consecuencias.

El Observatorio de la Realidad Social de 2015 publicó que había 3.582 personas en situación irregular en Navarra.

D. lleva unos meses en Pamplona. Salió hace un año de Argel (Argelia). Llegó en patera y tras ser rescatado, fue ingresado en un CIE (centro de internamiento para extranjeros) en Murcia. “No nos trataban como a seres humanos”, resume. Golpes, insultos... “No puedes contar nada cuando salgas, nos decían los guardias”.

Las denuncias de maltrato, hacinamiento y vulneraciones de derechos humanos en los CIE son frecuentes. Periódicamente se publican los testimonios de los internos que afirman haber sufrido torturas y se suceden las protestas a las puertas de esos centros, especialmente, en el de Aluche (Madrid), donde se han producido motines e intentos de fuga.

P. no quiere recordar. Es comprensible. Fue hace años, dice. Ahora tiene una hija, un trabajo, y no le gusta que vuelva esa tristeza que resurge cuando rememora el tiempo que estuvo prostituyéndose en la calle. Debía pagar una deuda de 40 mil euros a la madame que la trajo de Nigeria y que nunca logró finiquitar. No quiere recordar que la forzaron a prostituirse, las amenazas, los “malos” clientes, el miedo, el hambre, los abusos... “Hay mucha violencia en los clubes, en la calle”.

Violaciones, abusos sexuales, agresiones, robos y extorsiones son los principales delitos que recogen las asociaciones que trabajan con mujeres en situación de prostitución y víctimas de trata.

Estas entidades calculan que 800 mujeres ejercen la prostitución en Navarra. Suelen llegar con un visado de turista o a través de un largo periplo con una red de trata con la que adquieren elevadas deudas (hasta 50.000 euros). Una vez aquí, todo está “montado” para tenerlas bajo control. Viven en propiedades de la trama, donde les cobran por la estancia, la luz, las sábanas, la ropa, la comida... incluso por salir a la calle. Promueven que caigan en adicciones al obligarlas a emborracharse y tomar drogas con los clientes.

Explotación laboral

La mayoría de los delitos que llegan a Cáritas suelen englobarse dentro de la explotación laboral, cuenta Vicente Blasco, encargado del programa de atención al inmigrante: “Trabajan ocho horas y les cotizan dos, no les hacen contrato, están de sol a sol por comida y alojamiento, de eso hemos tenido bastantes casos en el norte y en la Ribera. Y gente del servicio doméstico que soporta abusos sexuales, que no le pagan lo que le deben”.

Cruz Roja Navarra, con otras entidades, se unieron para dignificar ese sector del servicio doméstico y cuidado de mayores o niños e intermediar entre quienes emplean y quienes quieren trabajar, explica María Esther Fernández, directora del Plan de Empleo de la entidad. Con alta en la Seguridad Social y con unas condiciones mínimas salariales. Es decir, acabar con la práctica de le pongo cama y comida y que cuide de mis mayores.

Fernando Cegoñino, jefe del Grupo de Investigación de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional, estima que el delito mayoritario es la explotación laboral: “La gente quiere trabajar y a menudo el que lo emplea ve una ocasión para no hacer contrato y no inscribirle en la Seguridad Social”. También hay estafas, sobre todo para conseguir los papeles (como la compraventa de contratos o los empadronamientos falsos).

Serge llegó a Pamplona desde Camerún con la promesa de un trabajo, como encargado de elaborar un proyecto de cooperación para su país. Nada de eso sucedió. Era una estafa. “ Yo había preparado un proyecto concreto, pero él (el empleador) estaba haciendo otra cosa con el dinero. Yo quería denunciar, pero mi familia me decía ‘va a acusarte’. Por miedo (no tenía papeles) no hice nada, él se quedó con todo el dinero”.

Dori Iriarte, trabajadora del París 365, resalta que ellas ven una discriminación diaria hacia las personas extranjeras, como dificultades de credibilidad por parte de las instituciones, a la hora de conseguir un alquiler, una mayor vigilancia policial, el rechazo por la calle... “es lo cotidiano”.

“Es la normalización de la discriminación. No somos conscientes de que hay palabras, actitudes, que son semillas de odio que se propagan. Persiste un racismo institucional y social”, considera Beatriz Villahizán, miembro de Sos Racismo Navarra.

¿Qué pasa con todos esos casos?

“Intuimos que hay muchos casos, y normalmente los más graves son los que se quedan sin denunciar”, asume Izaskun Gartzaron, responsable de la oficina de Atención a Víctimas del Delito, situada en el Palacio de Justicia. Este año, de unos 360 casos que han recibido, solo cinco llegaron sin documentos de residencia.

Rafael Paredes, abogado e integrante de Bidean (asesora jurídicamente gratis a inmigrantes), es claro: “En delitos en general, se aguantan. Salvo para la mujer maltratada o víctima de trata, no hay ayudas, el inmigrante sin papeles no existe”.

La legislación sí recoge una protección especial para ciertos delitos. Los artículos 59 y 59bis de la Ley de Extranjería lo establecen para víctimas o testigos de tráfico de personas, derechos de los extranjeros y trata de seres humanos. También para la violencia de género. Si la víctima colabora en el proceso judicial, puede acceder a una regularización permanente y contar con una batería de recursos de alojamiento, manutención y ayudas a la incorporación sociolaboral. Pero, si se retira la denuncia o la sentencia es absolutoria, ese expediente de expulsión se reabre.

“Es sangrante”, define Virginia Guerra, encargada de Extranjería del Colegio de Abogados, para quien esa desprotección supone dejar impune el delito. A su servicio llegan muy pocos casos, “aunque los hay, muchos, la mayoría no denuncian. No se atreven”.

Quienes lo hacen son la excepción. Son quienes superan no solo el miedo a la expulsión, también las amenazas, las presiones familiares y del entorno, la incertidumbre, la precariedad. Piensan en cómo se sustentarán durante el proceso, qué será de sus familias, qué pasará después... Para la letrada, “el problema de fondo es que no hay garantías ni recursos para protegerles”.

Fernando Cegoñino, jefe de Investigación de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional, corrobora la dureza de los procedimientos judiciales y pone como ejemplo los casos de trata: “Cuesta mucho convencer a las mujeres de que denuncien y las que lo hacen se encuentran con todo el trauma del proceso, que es larguísimo y hay reconocimientos, sesiones para testificar… no es fácil”.

Es el mantra que se repite: casos hay, pero no se denuncian.

¿Por qué no se denuncia?

Las entidades animan a denunciar cualquier tipo de vulneración que puedan sufrir, dan asesoramiento y acompañamiento, pero no parece suficiente. “Cuando llegan, quieren empezar de cero y no quieren contar por lo que han pasado”, justifica Dori Iriarte, responsable del programa de acogida del París 365.

La falta de información, o una falsa y tergiversada transmitida entre los mismos afectados. También la desconfianza, las presiones de su entorno, las amenazas, la ausencia de campañas de información. Cada escollo suma para que prevalezca el silencio.

Para Beatriz Villahizán (Sos Racismo Navarra), confluyen varios factores para que no se llegue a denunciar. En primer lugar, parten de un desconocimiento total, no solo de sus derechos, sino del sistema, de dónde y cómo denunciar, dónde recibir apoyo. Y al desconocimiento se añade su situación de irregularidad, en la que prima pasar desapercibido tres años.

“Ellas (las víctimas de trata) vienen de países donde no tienen derechos, por qué van a pensar que los tienen aquí, y a quienes abusan de ellas tampoco les interesa que lo sepan. Así, asumen su condición y lo llegan a normalizar”, explica Blanca Fraile, técnica de Médicos del Mundo Navarra.

P. nunca denunció: “Cuando me trajeron, yo era menor de edad, ni sabía que eso no estaba bien. Yo veía que en mi entorno era así, había que pagar y trabajar (prostituirse). Nos decían que era lo único que podíamos hacer”.

Mari Mar Osés, trabajadora social de Itxaropen Gune, organización que atiende a mujeres en abandono de la prostitución, añade que entre ellas se impone una especie de “pacto”. No cuentan nada hasta que, al menos, han pagado su deuda. Algunas de las mujeres a las que acogen han tardado años en hablar.

Las ONG consultadas coinciden en que deben denunciar, pero también asumen que ha habido casos de órdenes de expulsión aparejadas. Además, agrega Virginia Guerra, abogada de Extranjería, “si la Policia detecta a una persona en situación irregular puede abrirle un expediente de expulsión aun cuando son víctimas de un delito..., se quedan con la orden”. Guerra aconseja ir al juzgado de guardia para delitos menores, como robos, hurtos, estafas o lesiones.

El jefe de Investigación de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional, Fernando Cegoñino, reconoce que “lo que no se puede hacer es una exención de la responsabilidad”;es decir, dan preferencia a la protección de la víctima, pero más adelante tendrá que afrontar esa circunstancia.

El proceso de la expulsión

“En principio, tienen que abrir expediente de expulsión a todo aquel extranjero que no tenga permiso de trabajo en el país”, expone el abogado Rafael Paredes.

El procedimiento dura seis meses, desde que lo abren hasta que se notifica. Puede conllevar una multa o una orden de expulsión, que se pueden recurrir administrativamente. Normalmente se acude al Contencioso Administrativo, donde se solicita la suspensión. Aunque el proceso pueda alargarse hasta un año, como la medida solo está recurrida, la persona puede ser expulsada en ese periodo.

Cegoñino asegura que la expulsión es una medida minoritaria. Que lo más normal es la multa y se estudia de acuerdo con las circunstancias de la persona.

Según los datos facilitados por la Delegación de Gobierno, el número de expedientes de expulsión por año oscila entre los 150 y los 250, de los que se ejecutan una veintena aproximadamente y el resto conlleva una multa de 501 a 10.000 euros.

De las Memorias de la Fiscalía de los años 2016 a 2014, se extrae que la Jefatura Superior de Policía Nacional de Navarra incoa anualmente casi 200 expedientes de expulsión y emite entre 100 y 200 órdenes de expulsión, así como una treintena de solicitudes de internamiento.

La clave

Para acceder a la regularización por arraigo social hay que acreditar una estancia en España de al menos tres años (se prueba con el empadronamiento). Además, hay que presentar un contrato de trabajo de un año y jornada completa o 30 horas semanales. Si no hay contrato, se debe demostrar que se tiene recursos para subsistir. Por último, se debe aportar un informe de inserción social elaborado por los servicios de base del Ayuntamiento.

El denominado arraigo social (si pasas tres años en situación irregular) es una circunstancia excepcional que se ha convertido en la vía principal de regularización, explica Izaskun Guruzeaga, trabajadora de Anafe (entidad de CCOO de ayuda al inmigrante que cerró en octubre). “Los criterios generales normativos de la ley de Extranjería están pensados para otro momento macroeconómico, hoy por hoy no son nada operativos”, apostilla Guruzeaga.

Esta ley de Extranjería es la que las organizaciones señalan como la “clave” para explicar todas las vulneraciones de derechos humanos que sufren quienes están sin papeles.

“El sistema de empleo español es el que trae gente y la expulsa, que requiere de esas personas para explotarlas, y para quienes hay nichos laborales clandestinos, gestionados por mafias de intermediarios”, critica Vicente Blasco (Cáritas).

Para Eliana Alemán, hasta ahora coordinadora de proyectos del París 365, “todo el mundo debería ser regular. Si hay un negocio mafioso y un aprovechamiento social de la vulnerabilidad de estas personas es porque la ley lo ampara”.

Por eso, Sos Racismo Navarra pone “el foco en la institución. Es el origen de esta situación de vulnerabilidad y es el Estado el que tiene que blindar los derechos sociales”.

Por qué emigran

Los países de origen de estas personas suelen coincidir en algo. Sus índices de violencia alcanzan, como define la Organización Mundial de la Salud (OMS), el calificativo de epidemia. Oleadas de personas, cientos, miles, huyen a través del Mediterráneo, en el caso de África y Oriente Próximo, o cruzan México desde Centroamérica para salvar su vida de los conflictos armados, la represión policial o la delincuencia.

“Cuatro años de viaje. He recorrido tantos países para llegar aquí. He sufrido mucho, mi familia pasó dos años sin saber dónde estaba... ¿Creen que he gastado cuatro años de mi vida para venir a causar problemas? Estamos aquí para trabajar y ayudar a la familia”, cuenta Marieus, un joven camerunés que lleva una década en el país.

Serge vive en Pamplona desde 2013, es sociólogo y animador sociocultural, y ejemplifica cómo “las personas somos casas de colores, yo soy de color negro, tú, de color blanco;pero el espíritu es el mismo. Tenemos las mismas dificultades, miedos y complejos, sufrimos y lloramos de la misma manera. Somos iguales”.

la atención a víctimas del delito

“no se piden papeles para denunciar”

Justicia. Izaskun Gartzaron, responsable de la Oficina de Atención a Víctimas del Delito, situada en el Palacio de Justicia, aclara que en este servicio, “no hay ninguna exigencia a nivel documental para poner una denuncia, se les daría asistencia jurídica igualmente. Que no tengan papeles no va a impedir que se inicie un proceso judicial”. Aunque sí reconoce que “puede provocar en la víctima un efecto disuasorio, por temor a entrar en una sede policial o judicial”.

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