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Europa da la razón a un juez navarro que cuestionó expulsar a extranjeros condenados a un año

Había paralizado la expulsión de un colombiano y residente en Pamplona al que se le impusieron 15 meses de cárcel
El TJUE entiende que se deben valorar las circunstancias personales, su arraigo y la ausencia de lazos del expulsado con su país

Enrique Conde - Viernes, 8 de Diciembre de 2017 - Actualizado a las 06:11h

Acceso principal al Tribunal de Justicia Europeo que ha adoptado la decisión.

Acceso principal al Tribunal de Justicia Europeo que ha adoptado la decisión. (EFE)

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  • Acceso principal al Tribunal de Justicia Europeo que ha adoptado la decisión.

pamplona- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó ayer que el Estado español no puede expulsar a un ciudadano colombiano con permiso de residencia de larga duración desde 2013 por el mero hecho de haber sido condenado a más de un año de prisión. El tribunal respondió así a la cuestión prejudicial (es decir, antes de juzgar y sentenciar) planteada por el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Pamplona, adonde el interesado había recurrido la orden de expulsión de 5 años que le impuso la Delegación del Gobierno, por ser condenado en abril de 2014 por el Juzgado de lo Penal 1 a un año de cárcel por atentado y a tres meses por lesiones. El condenado fue encarcelado no por la pena impuesta sino por no poder hacer frente a la indemnización por las lesiones causadas a varios policías en un incidente a la salida de un bar. En prisión se le notificó la orden de expulsión, pese a que no tenía arraigo en Colombia y su familia se había reagrupado en Pamplona, donde también tenía trabajo, estudios y pareja. El objeto de esta cuestión prejudicial estribaba en enjuiciar la conformidad o disconformidad a Derecho de la decisión administrativa de expulsión de un extranjero residente de larga duración.

SIENTA JURISPRUDENCIA La Corte señaló que, de acuerdo con las normas europeas, los ciudadanos de países de fuera de la UE con permisos de residencia de larga duración gozan de una protección reforzada y solo pueden ser expulsados si representan una “amenaza real y suficientemente grave para el orden público o la seguridad pública”. El TJUE señala en su sentencia que antes de ordenar la expulsión de alguien con permiso para residir por un largo periodo, las autoridades deben tener en cuenta el tiempo que lleva residiendo en el territorio, su edad, las consecuencias para él o su familia, los vínculos con el país de residencia o la ausencia de lazos con el país de origen. Estas garantías para una protección reforzada son aplicables independientemente de que la decisión de expulsión sea una sanción administrativa o por condena penal. Así, concluye que el mero hecho de la condena a prisión superior a un año no basta para pedir la expulsión.

El TJUE no resuelve el litigio planteado por el juez navarro, que será ahora el encargado de sentenciar sobre el recurso del colombiano en función de lo dictado por la Corte que, además, sienta jurisprudencia para casos similares en la Unión Europea.

El juez de Pamplona, Daniel Rodríguez Antúnez, explicaba que en el ordenamiento jurídico español -en el artículo 57 de la Ley Orgánica 4/2000- se regulan dos modalidades diferentes de expulsión administrativa de un extranjero sea este permanente, temporal o esté en situación irregular: bien como sanción correlativa a la comisión de determinadas infracciones administrativas;bien como consecuencia de una condena penal a más de un año por un acto doloso.

Resulta claro, ya argumentaba el magistrado, que un extranjero residente de larga duración puede ser expulsado si supone una amenaza real y grave, “considerando en todo caso determinadas circunstancias personales del afectado relativas al tiempo de residencia en el territorio, edad, consecuencias para él y su familia, vínculos con el país de residencia o ausencia de vínculos con el país de origen”. Pero estos términos y condiciones de protección contra la expulsión de los residentes de larga duración operaban únicamente, hasta ahora que Europa ha resuelto, en los supuestos en los que se preveía la expulsión acordada como sanción por determinadas infracciones. En cambio no pueden acogerse a ellas las personas afectadas por expulsiones derivadas de la comisión de delitos con penas superiores a un año de prisión.

Por este motivo, el juez elevó al TJUE la duda interpretativa sobre el alcance del artículo 12 de la Directiva del Consejo de Europa: “¿Debe ser interpretado en el sentido de que se opone a una normativa nacional como la considerada en el pelito principal, y la jurisprudencia que la interpreta, que no prevé la aplicación de los requisitos de protección contra la expulsión de un ciudadano extranjero residente de larga duración respecto de toda decisión administrativa de expulsión, cualquiera que sea la naturaleza o modalidad jurídica de la misma, sino que limita el ámbito de aplicación de tales requisitos solamente a una concreta modalidad de expulsión?”. El juez, a la espera de la decisión de la Corte, había decidido suspender procedimientos similares.

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