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¿Y el ejercicio de la democracia?

La orden del TS de investigar al PDeCat, ERC y la CUP o la advertencia de Rajoy ante las demandas de otra mayoría soberanista afectan de raíz a los principios democráticos de los poderes del Estado español

Martes, 12 de Diciembre de 2017 - Actualizado a las 06:11h

La providencia dictada por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena en la que ordena investigar si los partidos PDeCat, ERC y CUP -y sus dirigentes Artur Mas, Marta Pascal, Marta Rovira, Mireia Boya y Anna Gabriel- alcanzaron un “concierto inicial” para compartir estrategia hacia la independencia de Catalunya como parte de la causa abierta en el TS contra el Govern, la Mesa del Parlament y los líderes de ANC y Òmnium y la advertencia de Rajoy respecto al cumplimiento de la legalidad en el caso de una nueva mayoría soberanista tras las elecciones del 21-D en Catalunya retratan la consideración que de la democracia hacen los poderes del Estado español. En primer lugar, porque lejos de investigar los presuntos delitos que pretende la Fiscalía en su acusación, forzando tanto la definición de los mismos como los acontecimientos acaecidos en octubre en Catalunya, el juez Llarena se muestra dispuesto a juzgar simples intenciones o directrices políticas que tienen que ver con los fundamentos ideológicos y los estatutos públicos y admitidos de partidos políticos absolutamente legales. Hay un prejuicio en la presunción de que su fin último sea el incumplimiento de la legalidad. Y al hacerlo, el TS pasaría, de facto, a juzgar la mera discrepancia respecto al concepto (o modelo) de Estado, es decir, la disidencia política. Y en segundo lugar, porque si Rajoy se plantea, aun como mera posibilidad, la aplicación reiterada del artículo 155 de la Constitución, que en la práctica supone la suspensión de la autonomía, en el caso de que las elecciones del 21-D ofrezcan una nueva mayoría soberanista que se sienta legitimada para retomar la vía a la independencia, supone que el presidente español no se plantea siquiera la negociación de las demandas catalanas en el caso de que estas volvieran a tener un respaldo mayoritario del electorado catalán. Y ello no solo ignoraría el fundamento de la democracia sino que supondría la asunción por el Gobierno español de una capacidad de veto tan unilateral e ideológica como una proclamación de independencia, ya que ignorar la pretensión de diálogo y acuerdo impide la solución de las diferencias y aboca al soberanismo al dilema de aceptar la inanición respecto de sus aspiraciones -y por tanto su desaparición- o al diseño de un proceso político que es precisamente lo que el juez Llarena pretende ahora incluir en un supuesto y cuestionable delito de rebelión.

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