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Cuatro viviendas en la Milagrosa para acoger a 15 refugiados más

El Ayuntamiento firma un convenio con CEAR para arrendar los pisos

Laura Garde Oskar Montero - Martes, 12 de Diciembre de 2017 - Actualizado a las 06:11h

Idoia Oneca (2ª izda), el alcalde Asiron y la concejala Edurne Eguino, junto a miembros del colectivo Iruña, ciudad de acogida.

Idoia Oneca (2ª izda), el alcalde Asiron y la concejala Edurne Eguino, junto a miembros del colectivo Iruña, ciudad de acogida.

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  • Idoia Oneca (2ª izda), el alcalde Asiron y la concejala Edurne Eguino, junto a miembros del colectivo Iruña, ciudad de acogida.

pamplona- El Ayuntamiento de Pamplona cederá cuatro viviendas en el barrio de la Milagrosa para acoger a personas refugiadas que pidan asilo en la ciudad. Así, el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, firmó ayer un convenio de colaboración con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) para “hacer posible que Pamplona se conviertan en un dispositivo de acogida, donde los refugiados podrán empadronarse para acceder a los servicios municipales”. Las cuatro viviendas están unidas entre sí de manera que conforman un espacio comunitario de 330,74 metros cuadrados, con dieciséis habitaciones, una cocina y tres baños.

“La firma de este convenio muestra una voluntad política de instituciones, ONG, entidades acogedoras y gobiernos regionales, que choca de manera frontal con el escaso interés y la falta de recursos aportados por los gobiernos centrales, como es el caso concreto del Gobierno español o de Europa”, remarcó Asiron. La firma del acuerdo, al que también acudió la concejala delegada de Bienestar Social e Igualdad Edurne Eguino, responde al compromiso adquirido por el Ayuntamiento el 4 de julio con la aprobación, por parte del Pleno Municipal, de unos compromisos concretos para definir a Pamplona como ciudad de acogida: “Queremos que sea tierra de acogida real para las personas que ejercen su derecho a circular libremente, para quienes huyen de las guerras, la miseria, la persecución, el hambre... haciendo que puedan tener acceso, como cualquier ciudadano y ciudadana, vivienda, alimentación, educación, salud y el resto de derechos reconocidos”, agregó.

El convenio establece un periodo de vigencia de un año, prorrogable durante tres, y prevé la firma de un contrato de arrendamiento de la vivienda comunitaria por un plazo también extensible a tres años. El precio establecido para el arrendamiento que deberá ser sufragado por CEAR es de 1.200 euros al mes. Además, CEAR se hará cargo de los gastos de comunidad y los suministros de agua, electricidad y calefacción, y suscribirá un seguro de responsabilidad civil que cubra el riesgo de daños y perjuicios que puedan causarse a personas o cosas del propio inmueble.

“Tenemos a 53 personas de acogida y llegaremos a 80 a finales de año”

idoia oneca

Representante de CEAR

Por su parte, los servicios sociales contribuirán a la cobertura de las necesidades básicas de los refugiados informando y gestionando las prestaciones sociales que les correspondan. De la misma manera, facilitarán el acceso a otros servicios municipales.

“Las entidades locales hemos ratificado en más de una ocasión nuestro compromiso para facilitar recursos en la medida de nuestras posibilidades para la acogida de refugiados”, aseveró el primer edil, mientras reiteró la petición de ampliación de las competencias de acogida. “Estamos convencidos de que si esas competencias recayeran en manos de las entidades locales, el trabajo se realizaría de una manera mucho más enérgica y más eficaz”, sentenció.

Idoia Oneca, representante de CEAR en la firma, subrayó que Navarra es, por tradición, un territorio solidario, comprometido con la causa social y cercano a la ciudadanía. “Estos pisos van a acoger a quince personas. De momento, tenemos a 53 personas de acogida y vamos a llegar a 80 a finales de año. Con CEAR, 87 refugiados han pasado por la Comunidad Foral”, concretó.

derechos humanosTanto Asiron como Oneca insistieron en que la actuación de CEAR en coordinación con el Área de Acción Social mantiene a Pamplona en una ciudad responsable que contribuye a la defensa de los derechos humanos, a la dignidad de las personas y al cumplimiento de la legalidad internacional, además de responder a la creciente sensibilidad social y solidaridad que ha mostrado su ciudadanía y sus movimientos sociales ante la crisis humanitaria de millones de personas que se han visto obligadas a abandonar su hogar.

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