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El caso ERE llega a juicio: 23 años de Gobierno andaluz en el banquillo

Los expresidentes Chaves y Griñán afrontan, con 20 excargos, el mayor caso de corrupción en la Junta

Miércoles, 13 de Diciembre de 2017 - Actualizado a las 06:11h

Los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves, en un acto de la Junta.

Los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves, en un acto de la Junta. (Foto: Efe)

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  • Los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves, en un acto de la Junta.

pamplona- Veintidós personas que han tenido responsabilidades en la Junta de Andalucía en las últimas tres décadas se enfrentan desde hoy al banquillo en la denominada pieza política de los ERE acusados de delitos cuyas penas van entre los dos y los diez años de prisión. La audiencia de Sevilla juzga si, con distinto grado de participación según sus años en el Gobierno y competencias, crearon o mantuvieron un sistema para el reparto arbitrario sin convocatoria pública y eludiendo el control y fiscalización previa de ayudas públicas sociolaborales para empresas en crisis que entre 2001 y 2011 sumaron 854 millones de euros, parte de los cuales acabó en manos de entidades y personas que no reunían los criterios. Es así como describe el juez que remató la instrucción, Álvaro Martín -tras cinco años en los que el caso pasó por la juez Mercedes Alaya, quien lo abrió, y su sucesora María Núñez, quien lo dividió en piezas-, el “procedimiento específico” del que se dotó el Gobierno andaluz para dar esas ayudas.

Para ello en 2001 el consejero de Empleo, entonces José Antonio Viera, y el director de la agencia pública IFA (luego IDEA), entonces el viceconsejero y director del mismo Antonio Fernández, suscribieron un convenio por el que el ente público, dependiente de la Consejería de Innovación, se convertía en organismo pagador de las ayudas con dinero de la Junta mediante transferencias de financiación que eran aprobadas por el Consejo de Gobierno y en las leyes de presupuestos anuales. Por ello, los 22 acusados de delitos de prevaricación, asociación ilícita y, salvo 7 de ellos, malversación, son excargos de Empleo (Viera, Fernández, Agustín Barberá, Javier Guerrero, Juan Márquez, Juan Francisco Sánchez -que también fue de Innovación e IFA-, Javier Aguado y Lourdes Medina), Innovación (Francisco Vallejo, Jesús María Rodríguez), IFA (Jacinto Cañete y Miguel Ángel Serrano) y Hacienda (José Antonio Griñán -luego presidente-, la exministra Magdalena Álvarez, Carmen Martínez Aguayo, José Salgueiro, Antonio Estepa y Antonio Lozano).

Completan la lista los máximos responsables del Consejo de Gobierno cuando se decidió implantar este sistema de ayudas (el presidente Manuel Chaves y el consejero de Presidencia Gaspar Zarrías)y los responsables de la Intervención (Manuel Gómez) y los servicios jurídicos de la Junta (Francisco del Río) que no advirtieron de la presunta ilegalidad del sistema.

El delito de prevaricación, por el que la Fiscalía y las acusaciones de PP-A y Manos Limpias piden 10 años de inhabilitación para los 22 acusados, obedece a que según el instructor, todos ellos “mediante un concierto expreso o tácito han dictado una pluralidad de resoluciones contrarios a derecho del modo más grosero”.

deficienciasLa malversación de caudales públicos, que las acusaciones imputan a 15 acusados para los que piden 6 u 8 años de cárcel y 20 de inhabilitación, obedece a que el sistema se mantuvo pese a que desde 2003 la Intervención de la Junta y varios informes de auditorías alertaban de “deficiencias e irregularidades”. Estos informes iban dirigidos a los consejeros de Hacienda (por eso Griñán sí está acusado de este delito y Chaves no) pero también a los departamentos que daban las ayudas (Empleo, Innovación e IFA). El interventor está imputado también porque avisó pero no paralizó el sistema.

El PP-A acusa además a todos de un delito de asociación ilícita, por el que solicita dos años de cárcel, al considerar que se confabularon para tejer una “red clientelar”. Para probarlo, en el juicio declararán 62 testigos y peritos pedidos por la Fiscalía (entre ellos cuatro de la Intervención General del Estado que hizo un informe según el cuál el sistema era ilegal). Las defensas sostienen lo contrario y tratarán de demostrarlo con al menos seis peritos y medio centenar de testigos. - D.N.

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