Noticias de NavarraDiario de Noticias de Navarra. Noticias de última hora locales, nacionales, e internacionales.

Saltar al Contenido

El Tribunal de Cuentas embarga a Mas su casa por el 9-N

La decisión busca cubrir los 2,3 millones de euros pendientes de la fianza e incluye propiedades de Ortega, Rigau y Vilajoana

Miércoles, 13 de Diciembre de 2017 - Actualizado a las 06:11h

pamplona- El Tribunal de Cuentas ha ordenado el embargo preventivo de la vivienda que el expresident de la Generalitat Artur Mas puso para cubrir parte de la fianza de 5,2 millones de euros que le impuso por el gasto de dinero público en la consulta del 9-N de 2014. Tras consignar 2,9 millones de euros en efectivo, Mas y los exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau y el ex secretario general de Presidencia Jordi Vilajoana depositaron el 23 de noviembre varios inmuebles como garantía para cubrir dicha fianza.

La instructora del Tribunal de Cuentas ha ordenado ahora a los Registros de la Propiedad competentes que procedan a ejecutar el embargo provisional de estos inmuebles, según detalla en una providencia citada por Efe. En su resolución, que se puede recurrir en un plazo máximo de cinco días ante la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, la instructora detalla que ha ordenado el embargo de las viviendas aportadas como fianza por Mas, Ortega y Vilajoana en Barcelona, Homs en Taradell (Barcelona) y Rigau en Ribes de Freser, en la provincia de Girona.

Según la resolución, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) fue la que aportó los 2.944.588 euros en efectivo en beneficio de todos los implicados en este proceso, que tuvieron que ofrecer sus bienes inmuebles para asegurar los 2,3 millones de euros pendientes para cubrir los 5,2 millones de fianza.

La voluntad de los cinco al aportar sus viviendas como fianza fue preservar el patrimonio de los cargos técnicos y de confianza sobre los que también pesaba el requerimiento, según informaron fuentes de su entorno.

“Echarnos de casa”Mas y los exconsellers sostienen que no cometieron ningún tipo de “infracción contable”, por lo que están “absolutamente disconformes” con la liquidación acordada por la instructora. Como ejemplo, sostienen que se les exigen 3,1 millones de euros por la compra de ordenadores que sirvieron para la votación y que actualmente están en poder del departamento de Enseñanza de la Generalitat, a efectos de su servicio público. Por tanto, Mas y sus exconsellers confían en que, cuando finalice el proceso, se les dará la razón, ya que todos los contratos y facturas sobre los pagos por la consulta del 9-N son anteriores a la providencia del 4 de noviembre de 2014 en que el Tribunal Constitución les ordenaba parar la votación.

El propio Artur Mas denunció ayer que se intenta poner a los autores de aquella consulta en el proceso penal del 1-O. “Ya nos juzgaron por la vía penal, lo que ya es gordo”, manifestó durante un acto electoral de JxCat en Olot. Añadió que fueron “inhabilitados y multados”, pero que ahora aparece “otro organismo” cuyo objetivo es echarles “de casa”. - D.N.

Herramientas de Contenido