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La Audiencia impide que el Gobierno ejerza la acusación en el caso El Molino

Dice que la Ley Foral de Servicios Sociales no faculta al Ejecutivo para ser acción popular en causas judiciales

Miércoles, 13 de Diciembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

pamplona- El caso de malas prácticas detectadas en una inspección de Servicios Sociales en tres monitores que trabajaban en el centro ocupacional para personas con discapacidad El Molino, de Pamplona, no tendrá al Gobierno como acusación popular. La Sección Primera de la Audiencia, la misma que ordenó la reapertura de la causa, ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la asesoría jurídica del Ejecutivo foral contra la decisión de la juez de Instrucción 5. De esta forma, en caso de que la investigación reúna indicios delictivos y a la vista de que la Fiscalía solo ha apreciado a lo largo del procedimiento conductas sancionables desde el punto de vista administrativo y, por lo tanto, no relevantes penalmente, solo una familia de un usuario del centro podría ejercer la acusación (particular, en este caso) si el caso llegara a juicio. El Gobierno consideraba que estaba legitimado para ejercer la acusación popular en este caso por la competencia que otorga la Ley Foral 15/2006 en cuanto a la inspección y control de los servicios del sistema. Conviene recordar que El Molino, de la Fundación Ciganda Ferrer, es un centro concertado. Pero la Audiencia recuerda que de la doctrina del Tribunal Constitucional se desprende que las personas jurídicas públicas pueden tener legitimación procesal para ejercitar la acción popular, si bien es preciso que el ejercicio de esa acción esté previsto expresamente por una ley que determine qué procesos y con qué requisitos puede ejercerse. Por ello, la Audiencia parte de esta base y señala que no existe ninguna normativa que otorgue al Gobierno foral esa habilitación para poder ejercer la acción popular. Añade que la Ley de Servicios Sociales no otorga facultades ni siquiera genéricas para ejercitar acciones y personarse en todos aquellos procesos que recaigan en el ámbito de aplicar la ley. - E.C.

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