Noticias de NavarraDiario de Noticias de Navarra. Noticias de última hora locales, nacionales, e internacionales.

Saltar al Contenido

Períodico de Diario de Noticias de Navarra

El caso ERE sienta a Chaves y Griñán en el banquillo a los siete años de destaparse

La lectura de las acusaciones durante horas ralentiza el arranque del juicio por décadas de malversación y prevaricación
La acusación ejercida por el PP deja ver su estrategia: intentar ocultar sus casos de corrupción con este proceso

Jueves, 14 de Diciembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

Ante el tribunal se sientan 22 exaltos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos dos expresidentes, Manuel Chaves y José A. Griñán, y a la exministra Magdalena Álvarez.

Ante el tribunal se sientan 22 exaltos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos dos expresidentes, Manuel Chaves y José A. Griñán, y a la exministra Magdalena Álvarez. (EFE)

Galería Noticia

Ante el tribunal se sientan 22 exaltos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos dos expresidentes, Manuel Chaves y José A. Griñán, y a la exministra Magdalena Álvarez.Griñán y Chaves, distanciados durante años, intercambian confidencias durante la primera sesión.

pamplona- El juicio por el caso de los ERE comenzó ayer en la Audiencia de Sevilla, tras siete años de instrucción, con los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el banquillo de los acusados, en una sesión en la que se leyó los escritos de acusación de la Fiscalía y del PP y que se reanudará en enero.

En medio de una gran expectación mediática, los procesados -Chaves, Griñán y una veintena de miembros de sus gobiernos en la Junta de Andalucía- escucharon los hechos que se les imputan en la primera de las piezas de la macrocausa que llega a juicio, la conocida como “pieza política”. Se enfrentan a peticiones de entre dos y diez años de cárcel por los delitos de prevaricación, malversación y asociación ilícita que presuntamente cometieron al crear o mantener un “procedimiento específico” por el que entre 2001 y 2011 se repartieron 854 millones de euros en ayudas públicas sociolaborales de forma “arbitraria” y “sin control”. Este procedimiento permitió que parte de las ayudas (la Fiscalía cifra el fraude en 741,59 millones, aunque el PP eleva la cifra del fraude a 1.280 millones de euros) acabara en manos de “entidades y personas que no reunían los criterios” y “en cuantía improcedente”.

Aunque no todo fue irregular, dado que el juez del TS que tomó declaración a Chaves y Griñan concedió que la mayor parte cumplió su fin original. El fraude, pues, se ciñe a unos 160 millones derivados de los 126 intrusos -entre ellos nueve militantes socialistas- que se colaron entre las 6.000 prejubilaciones;las sobrecomisiones de los comisionistas y aseguradoras que intermediaban en los expedientes y los 87 millones destinados a ayudas directas a empresas en crisis.

La cuantía de lo malversado, inferior a la del caso Malaya, es clave pues el PP quiere convertir el juicio en el arma arrojadiza con el PSOE para contrarrestar sus propios escándalos de corrupción. El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, expresó ayer mismo su deseo de que el juicio acabe con una sentencia adecuada a la “tropelía que se perpetró en Andalucía durante mucho tiempo”.

Había expectación por oír a Chaves y Griñán -ambos exministros y expresidentes del PSOE- o a los siete exconsejeros y otros excargos del Gobierno socialista andaluz procesados, pero ni hicieron declaraciones a la entrada de los juzgados, adonde fueron llegando de forma escalonada, ni a la salida. En la sala de vistas de la Audiencia de Sevilla prácticamente solo se escuchó la voz del letrado de la administración de justicia Rafael Castro, encargado de leer los dos escritos de acusación durante las cuatro horas de sesión. El magistrado presidente del tribunal, Juan Antonio de la Calle, dio paso a las 10.50 horas a la lectura de los 44 folios del escrito de la Fiscalía Anticorrupción, en el que se pide entre 6 y 8 años de prisión y 30 de inhabilitación para 15 acusados (entre ellos Griñán) por prevaricación y malversación y 10 años de inhabilitación a siete (entre ellos Chaves) a los que sólo acusa de prevaricación.

Tras su lectura, que duró hasta las 12.30 horas, el tribunal hizo un receso de 15 minutos durante el cual en los pasillos de la Audiencia acusados y abogados departieron entre ellos, antes de dirimir si la acusación popular que ejerce el PP renunciaría o no a la lectura de su escrito de 107 folios (Manos Limpias sí lo hizo al coincidir con el fiscal).

Finalmente, los letrados del PP pidieron que se leyera prescindiendo de 58 páginas que reproducen documentación de la causa, algo que no sentó bien a los acusados y sus defensas, algunas de las cuales expresaron al tribunal su desacuerdo , por considerar que todas las partes están ya enteradas de los delitos por los que son juzgados.

El PP acusa a los 22 procesados de un tercer delito, asociación ilícita, por el que pide dos años de cárcel, y al terminar el letrado la lectura alertó de que se había saltado un párrafo “importante” -que finalmente leyó- en el que argumenta que los acusados forman parte de una “conspiración” que usó las ayudas para tejer una “red clientelar”. La lectura en sala de los escritos que las partes remiten al tribunal previamente al abrirse juicio oral es un derecho al que pueden renunciar y, aunque es un uso habitual que el juez se limite a preguntar si se dan por enterados de los hechos que se enjuician o se lea solo el del fiscal, el tribunal optó por ser “garantista”, en palabras del letrado Juan Carlos Álferez que representa al exdirector de IDEA Jacinto Cañete.

Tan mal sentó en las defensas y los acusados que se plantearon que se leyeran también sus escritos, al menos en parte, lo que hará que previsiblemente la exposición de las cuestiones previas no comience hasta el final de la sesión de hoy o hasta el viernes, quedando incluso algunas pendientes para cuando se reanude el juicio el 9 de enero. La estrategia de las defensas se centrará entonces en atacar el extenso informe de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado, que censura el procedimiento opaco y arbitrario que se instauró en la Junta para repartir a dedo los fondos.

La primera sesión no arrojó, pues más información que comprobar que defensas y acusaciones no van a pasarse ni una. - D.N.

las anécdotas

Alaya sorprende. Cuando ya habían entrado todos los acusados, se creó un tumulto de cámaras para ver llegar, por sorpresa, a Mercedes Alaya, la jueza que inició la instrucción de los ERE. Alaya fue el azote del Gobierno andaluz, suya es la versión más dura sobre el fraude, la que acusaba a toda la cúpula de la Junta de conspirar para malversar fondos públicos.

8.245 folios y 300 imputados. La causa comprende 8.245 folios de una instrucción que ha tardado siete años en llegar a juicio de manos de dos jueces (Alaya y su sucesor, Álvaro Martín). El caso acumula casi 300 imputados.

Cuchicheos de expesidentes. Manuel Chaves y José Antonio Griñán no abandonaron sus rostros serios mientras escuchaban las acusaciones, pero después se les vio cuchicheando e incluso sonriendo. Chaves estuvo más de dos horas masticando el mismo chicle.

Drogas y reptiles. Detrás del expresidente, Francisco Javier Guerrero, exresponsable de la Dirección General de Trabajo, verdadero epicentro del caso, no dejó de bostezar, mirar al techo, y cruzar risas con su abogado. Guerro esta acusado, entre otras ilegalidades de incluir a su suegra en una prejubilación o dar ayudas millonarias a su chófer para fiestas y drogas. A él se le atribuye la denominación de “fondo de reptiles” para una de las partidas.

etiquetas: ere, chaves, griñan