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El Estado niega a Navarra el derecho a mejorar el acceso de sus ciudadanos a los fármacos

El Constitucional anula la ley foral de 2012 que trataba de mitigar los efectos del copago del PP
La sentencia no afecta a las medidas del actual Gobierno para ayudar a 242.000 personas, pero es un golpe a las competencias

Txus Iribarren / Unai Beroiz - Jueves, 14 de Diciembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

Imagen de una farmacia navarra justo en el mes que entró en vigor el copago farmacéutico del PP en 2012.

Imagen de una farmacia navarra justo en el mes que entró en vigor el copago farmacéutico del PP en 2012. (Unai Beroiz)

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  • Imagen de una farmacia navarra justo en el mes que entró en vigor el copago farmacéutico del PP en 2012.

“El Estado debe garantizar la uniformidad en el acceso a las prestaciones ” - “Estas condiciones no son susceptibles de mejora por la legislación autonómica para garantizar la igualdad” - “Las comunidades no pueden establecer unilateralmente reservas sobre prescripcion o financiación de fármacos”- “La descentralización hace necesario incluir instrumentos para un Sistema Nacional el Salud”

Pamplona- El Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia sobre el sensible tema del copago farmacéutico que de momento no afecta al sistema de ayudas creadas por el actual Gobierno foral para mitigar los efectos de la medida aplicada por el PP en 2012, pero supone un duro golpe competencial y un indicador más de la etapa recentralizadora en la que se encuentra el Estado. Este órgano jurídico ha atendido un recurso de inconstitucionalidad del Abogado del Estado y ha anulado los artículos más sustanciales de una ley foral aprobada en el Parlamento en ese momento por la entonces oposición (Aralar-Nafarroa Bai, Bildu, I-E y PSN, a instancias de este grupo) y el rechazo de UPN (en el Gobierno) y PP, norma que pretendía proteger a los colectivos más vulnerables de la obligación de pagar medicamentos antes gratuitos en las Farmacias. El Constitucional ya había suspendido cautelarmente en 2013 esta norma, por lo que el reciente decreto foral aprobado por el Gobierno del cambio en julio de 2017 del que se benefician unos 242.000 navarros (pensionistas y población activa con rentas inferiores a 18.000 euros) no se sustenta en esta ley y no se ve afectado al utilizarse la vía de “ayudas” a los beneficiarios -no “exenciones” en la transposición de la ley-, aunque desde el departamento de Salud del Gobierno se hace una valoración muy crítica de esta sentencia que ha cosechado el voto particular de 4 de los 11 magistrados que la votaron. Actualmente hay otras 8 leyes forales recurridas por el Estado, varias de ellas del ámbito sanitario.

La línea argumental de la sentencia, con la excusa coyuntural del control del gasto público, es muy clara y tiene dos claves. La primera y más de fondo tiene que ver con que el Constitucional considera que todos los aspectos relativos a las prestaciones sanitarias y farmacéuticas, incluidos los financieros, son competencia estatal y por ello, ninguna autonomía puede realizar una legislación propia que rompa “la igualdad del sistema sanitario nacional” ni la “uniformidad” en su acceso al los fármacos ni siquiera para “mejorarlo” al margen de que le coste de esas mejoras corriera a cuenta de Navarra. La segunda pata de la sentencia arranca del sujeto de derecho a estas prestaciones, ámbito sobre el que también el Estado reserva todo el poder por lo que no acepta los artículos de la ley foral suspendida que abría la puerta a determinados colectivos entre ellos las personas “sin papeles” desde una interpretación de la salud como derecho universal.

2016: una factura pública de 132 millones por 12.000.000 de recetas. El Gobierno adoptó en julio de 2017 una vía alternativa para tratar de mitigar el copago estatal. El sistema se basa en subvenciones a quienes por su renta (-18.000 euros) se veían en la tesitura de tener que elegir entre medicarse u otras necesidades básicas: pagan en las famarcias, pero luego se les reembolsa gran parte del gasto con un coste extra de 3 millones al año.

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