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Guerra de competencias

El estado ha fijado la salud como campo de batalla jurídico. Navarra tiene otras dos normas recurridas

Un reportaje de Txus Iribarren/I.F. - Jueves, 14 de Diciembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

El Tribunal Constitucional tiene actualmente ocho leyes navarras bajo el foco de los magistrados.

El Tribunal Constitucional tiene actualmente ocho leyes navarras bajo el foco de los magistrados.

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El Tribunal Constitucional tiene actualmente ocho leyes navarras bajo el foco de los magistrados.

El PP ha extendido su ofensiva judicial al campo de la salud. En el amplio historial de normas forales ya anuladas o pendientes de resolución por le Tribunal Constitucional a instancias de la Abogacía del Estado se encuentran dos del ámbito sanitario aunque con le mismo fondo conceptual: la consideración o no de la salud como un derecho universal al margen de la situación legal y económica de las personas. Esto es lo que se dirime en el debate jurídico y competencial sobre la Ley de Foral 8/2013 y el más reciente decreto foral 103/2016 de Salud Sexual y Reproductiva. En ambos casos el hecho de que se reconozca la cobertura y la atención sanitaria a todas las personas residentes en la Comunidad Foral (el padrón da derecho a tener la tarjeta sanitaria) al margen de su situación jurídica (hay un colectivo de unas 3.000 personas en situación “irregular”, los conocidos como “sin papeles”) es lo que ha motivado sendos recursos de inconstitucionalidad que han tenido diferentes recorridos en espera de su resolución final.

El primero es el de mayor calado (en cuanto a que el decreto se sustenta en él) y tiene un complicado devenir de tomas y dacas entre Navarra y el Estado. Todo nace de una regulación restrictiva de la entonces ministra del PP Ana Mato quien en 2012 firma un Real Decreto que, entre otros recortes, deja fuera de la cobertura sanitaria pública a este colectivo. La Comunidad Foral, como otras autonomías, responde desde el Parlamento y el Gobierno con diferentes medidas que van desde la articulación de un sistema colateral de protección desde la administración de Asuntos Sociales para paliar los costes hasta la aprobación de toda una ley foral (febrero de 2013), cuestionada por UPN y PPN, para garantizar la sanidad universal sin exclusiones. El Gobierno central la impugnó rápidamente ante el Tribunal Constitucional la ley. A partir de ahí se ha abierto una situación compleja ya que mientras el Tribunal Constitucional avalaba en términos generales el decreto el PP no aceptaba la suspensión cautelar concreta para el caso de Navarra por lo que la ley foral de 2013 sigue vigente en espera del fallo final.

Precisamente esto permite también sobrevivir legalmente al posterior decreto de Salud Sexual y Reproductiva que fue aprobado el año pasado, también fue recurrido por la Abogacía del Estado pero el TSJN salió en defensa de la prudencia legal y las competencias de Navarra al fallar en contra de la petición de suspensión cautelar al entender que su aplicación no conllevaría “los perjuicios que alegaba la Abogacía del Estado”. De esta manera, este ambicioso decreto sobre salud sexual y reproductiva, que abarca una multitud de áreas desde el derecho al aborto, a temas de LGTB, educación sexual, etc..., sigue en vigor. El punto recurrido volvía ser el mismo: el hecho de que las personas inmigrantes en situación irregular también podían beneficiarse de él. Por ello, tanto Gobierno foral como Estado mantienen sus posiciones en espera de que el Constitucional se pronuncie sobre la citada ley de sanidad universal.

las otras 16 leyes recurridas por el gobierno central del pp, socio electoral de upn

pendientes de resolución

1. Patrimonio sin dueño. Aprobada en 2007 y recurrida por el Gobierno del PSOE. Establece que los inmuebles que no tengan dueño en Navarra pasen a formar parte del patrimonio de la Comunidad Foral. El TC debe decidir si son de Navarra o del Estado. No está suspendida.

2. Asistencia sanitaria gratuita.

Norma para que la sanidad sea gratuita para todas las personas, al margen de su situación legal. El Alto Tribunal permite a Navarra mantener la asistencia universal gratuita mientras delibera sobre este asunto.

3. Antidesahucios. Permite expropiar a las entidades financieras el uso de los pisos en caso de desahucios cuando las familias afectadas estén en riesgo de exclusión. Fija también el registro de viviendas vacías. Está en suspenso.

4. Clubes de cannabis. Navarra fue pionera en regular el uso de los clubes de cannabis, fruto de una petición popular. El Estado recurrió la ley, que se encuentra en suspensión mientras se delibera sobre su futuro.

5. Ley de Policías. El Estado recurrió algunos puntos de la Ley de Policías, como el que regula el acceso de auxiliares a las policías locales;el que determina que sea la Policía Foral quien centralice los datos de policías o el régimen sancionador. Se encuentra parcialmente suspendida.

6. Víctimas de otras violencias. El Gobierno recurrió en enero la ley por la que se reconoce a las víctimas de abusos policiales o de grupos de extrema derecha. Al igual que la anterior, suspendida casi en su totalidad a la espera de sentencia.

falladas y anuladas

1. Regulación de las rebajas. Aprobada en abril de 2013, limitaba la apertura de comercios de más de 300 metros cuadrados a 10 domingos y festivos al año. También los periodos de rebajas. En marzo el TC declaró nulo este último artículo al considerar que contradice de modo “evidente” la norma estatal. En la sentencia, sí avala en cambio la limitación en la apertura en el número de festivos.

2. Endeudamiento entidades locales. Permitía que las entidades con una deuda que supere el 75% de sus ingresos podrían pedir créditos para obras del plan de inversiones.

3. Equiparación del personal de Justicia. Pretendía integrar al personal de la Administración de Justicia en la normativa que rige para el resto del funcionariado navarro.

4. Impuesto sobre la producción de la energía. La función de esta norma era eximir del pago del impuesto a los pequeños productores de energía.

5. Pago del IBI por parte de la Iglesia. Esta ley quitaba el privilegio a la Iglesia de no pagar el impuesto por los bienes que tiene en Navarra. El Estado la anuló y sigue sin pagar la contribución.

6. Funcionarización de la Administración. Permitía hacer funcionarios automáticamente a los trabajadores fijos de la Administración.

7. Paga extra. Se aprobó un complemento personal transitorio por la pérdida de poder adquisitivo de cuantía equivalente al importe de la paga extra retenida.

8. Fracking . Prohibía en el territorio de Navarra la fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional.

sentenciadas y avaladas

1. Registro de objetores del aborto. Regula el registro de médicos objetores de conciencia al aborto y permite la inclusión de nuevos profesionales en dicha lista.

2. Órganos rectores de fundaciones. Establece, conforme a principios de interés social, los órganos rectores de determinadas fundaciones, como la Fundación CAN.

etiquetas: guerra, competencias