gárriz reconoce poseerla desde el año 2013

El exalcalde de Murillo el Fruto (UPN) usó de forma irregular una tarjeta para discapacitados

Reconoce poseerla desde 2013, pese a no cumplir los requisitos necesarios, y el Consistorio no descarta poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía, si se acredita la comisión de un delito de prevaricación

Ainara Izko - Viernes, 15 de Diciembre de 2017 - Actualizado a las 06:11h

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murillo el fruto- El excalcalde y actual concejal de UPN en Murillo el Fruto, Javier Gárriz Gabari, lleva varios años utilizando de forma irregular, según denuncia el actual equipo de gobierno (Agrupación Independiente Murillo), una tarjeta de estacionamiento para discapacitados y personas con movilidad reducida, a pesar de no cumplir los requisitos necesarios para su utilización.

La Ordenanza reguladora de la concesión de este tipo de tarjetas en Murillo el Fruto, publicada en el Boletín Oficial de Navarra el 22 de septiembre de 2006, establece que para su obtención el solicitante debe presentar un certificado en el que se acredite una discapacidad superior al 33%, cuando la de Gárriz, según ha reconocido él mismo a este periódico, es del 24%. “Consideraron oportuno darme la tarjeta en 2013, tres o cuatro meses antes de obtener el certificado, porque todo apuntaba a que me iban a reconocer una discapacidad superior al 33%, pero al final no fue así”, admite. “En aquel momento no di importancia al hecho de conservar la tarjeta porque lo cierto es que la he utilizado pocas veces, únicamente para ir a consultas y cuestiones de ese tipo”, señala. Además de dicho documento, el solicitante debe adjuntar un segundo certificado, esta vez expedido por el Servicio Navarro de Salud, para acreditar que la discapacidad le afecta de forma grave para aparcar o para realizar la marcha por afección músculo esquelética de extremidades inferiores o cintura pélvica, utilizando bastón, bastones, prótesis, órtesis, silla de ruedas, teniendo alteraciones orgánicas o funcionales, etc.

Fue hace unos días cuando, tras tener conocimiento de que el ex primer edil había estacionado su vehículo en una zona de Pamplona reservada para discapacitados, exhibiendo en el salpicadero de su vehículo una tarjeta de color azul, el actual alcalde, Juan Carlos Gabari, procedió a comprobar si la misma se había expedido o no por el Consistorio de Murillo el Fruto. Se encontró con que “en el archivo municipal constaban únicamente indicios de que pudiera ser titular de la tarjeta número 10, pero la carpeta correspondiente a dicho expediente se encontraba vacía, sin que obrase en la misma ni un solo documento (ni la instancia de solicitud, ni la fotocopia del certificado de discapacidad, ni la fotocopia de su permiso de conducir, ni la fotocopia de la documentación del vehículo, ni la fotocopia de su DNI) de los requeridos en la citada Ordenanza Municipal;así como tampoco copia de la resolución administrativa por la que se hubiese acordado su concesión”.

Como consecuencia, el alcalde le remitió el lunes un requerimiento a Gárriz para que presentase en un plazo de 15 días una copia del documento administrativo que acreditase la concesión de la tarjeta o, en su defecto, la misma para proceder a su anulación o destrucción. El miércoles, Gárriz entregó el original de la referida tarjeta, pudiéndose comprobar que, efectivamente, se trataba de la número 10. “No quiero follones. Cuando me hicieron el requerimiento, di las gracias y la devolví. Están tratando de buscarme las cosquillas”, se escuda Gárriz.

El alcalde, no obstante, continúa investigando lo sucedido. El equipo de gobierno valora la “gravedad” del hecho en tres niveles: desde el punto de vista legal, “a fin de depurar las posibles responsabilidades”;desde el punto de vista social, ya que la actuación de Gárriz puede ser “constitutiva, presuntamente, de una actuación fraudulenta, en perjuicio de todos aquellos ciudadanos que legítimamente tienen derecho a utilizar ese tipo de tarjetas”;y desde el punto de vista político, ya que “de acreditarse, supondría un ejemplo de corrupción, disfrutando de un beneficio al que no tenía derecho, por el mero hecho de haber sido alcalde”.

Es por ello que el Ayuntamiento se plantea varias opciones: que Gárriz presente su dimisión;que UPN adopte alguna medida cautelar, lo sancione o fuerce su dimisión;y la más grave, poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, “si tras el resultado de la investigación interna a nivel municipal se desprendiesen de la misma indicios de la comisión de un presunto delito de prevaricación, tipificado en el artículo 404 del Código Penal y sancionado con pena de inhabilitación de 9 a 15 años”. Y es que hay que tener en cuenta que Gárriz era alcalde en el momento de la concesión de la tarjeta a su favor (lo fue entre 1999 y 2015) y que el plazo de prescripción de dicho delito es de 15 años, conforme establece el artículo 131 del Código Penal.