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El interventor desmiente a Chaves y Griñán: “Alerté de las irregularidades”

El juicio de los ERE concluye hasta el 9 de enero, fecha a partir de la que declararán los testigos clave

Sábado, 16 de Diciembre de 2017 - Actualizado a las 06:11h

El exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero.

El exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero. (Foto: Efe)

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El exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero.

pamplona- El exinterventor de la Junta Manuel Gómez declaró en el juicio de la pieza política del caso ERE, en el que está procesado junto a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en que “no omitió” su deber de control y alertó en “numerosos informes” de irregularidades administrativas. En su escrito de defensa, leído ayer en la tercera sesión del juicio contra 22 ex altos cargos de la Junta, Gómez mantiene que “plasmó en los correspondientes informes las irregularidades detectadas” en el sistema de concesión de ayudas públicas y “los remitió a quienes tenían competencia y poder decisorio para adoptar las medidas oportunas”, por lo que “no omitió, en el cumplimiento de sus funciones como interventor, acción alguna impuesta por ley”. El exinterventor se enfrenta a ocho años de cárcel por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y asociación ilícita.

Para él, es “incongruente” basar la acusación contra una veintena de exdirigentes el Gobierno andaluz en la creación y mantenimiento de un procedimiento específico para dar las ayudas a sabiendas de su irregularidad y que a la vez se le acuse “de connivencia con los autores materiales de la malversación”, a quienes alertó de las irregularidades del sistema”.

Los expresidentes socialistas Chaves y Griñán y los exconsejeros procesados basan sus defensas, leídas ayer, en que el sistema por el que entre 2001 y 2011 se concedieron 854 millones de euros en ayudas sociolaborales no era ilegal, y así lo avalan los órganos de control, entre ellos la Intervención, que no emitió informe de actuación para paralizar su concesión ni contra las modificaciones presupuestarias aprobadas para hacer frente a esos gastos.

Gómez defiende que, pese a que hizo constar que era “inadecuado” que pagara las ayudas la agencia pública IFA/IDEA con dinero de la Consejería de Empleo mediante transferencias de financiación, sus informes eran favorables por la “corrección procedimental” seguida en el pago de las mismas, para lo cual las modificaciones presupuestarias eran incluso aprobadas por el Parlamento.

Con la lectura de los escritos de defensa de 10 acusados (otros tres han renunciado a hacerlo, el juicio concluyó hasta el 9 de enero. - D.N.