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Muy grave y muy preocupante

Por Joseba Santamaria - Domingo, 17 de Diciembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

La sentencia del Tribunal Constitucional que niega a Navarra el derecho a utilizar sus recursos públicos para mitigar los efectos económicos -sobre las personas y sectores más desfavorecidos de la sociedad- del copago y mejorar el acceso de sus ciudadanos a los fármacos es otro ejemplo de la deriva centralizadora contra las capacidades de autogobierno de Navarra. No sólo es una posición política absurda e injusta negar la posibilidad de que Navarra pueda mejorar las condiciones y calidad de vida de miles de sus ciudadanos para evitar una mayor fractura social en la sociedad tras la política de recortes y austeridad impuesta por el Gobierno de Rajoy desde 2011, sino que supone otra constatación de que la lealtad constitucional que el Estado exige a las comunidades autónomas no es recíproca cuando es ese mismo Estado el que debe mantener la lealtad constitucional con esas mismas comunidades. Con una interpretación torticera de la propia Constitución, el TC sentencia que la descentralización tiene apenas un alcance administrativo y cuando las decisiones políticas no le gustan rompe la baraja y la bilateralidad de las relaciones entre Navarra y el Estado queda en agua de borrajas. Más aún ahora que como quedó claro en la respuesta del ministro Zoido esgrimiendo como amenaza y advertencia el artículo 155 a la pregunta del senador Jon Inarritu (EH Bildu) sobre las transferencias aún pendientes a Navarra (24) y la CAV (37) en el Amejoramiento del Fuero y en el Estatuto de Gernika. El 155 recentraliza Catalunya como campo de pruebas para una posterior recentralización general del Estado que afecta de lleno al modelo foral de autogobierno. Que el Gobierno mande al ministro de Interior a debatir de autogobierno ya es toda una declaración de intenciones. Navarra, que lleva más de un lustro viendo anuladas o reducidas a la nada hasta 18 leyes forales, tiene motivos serios para preocuparse ante una nueva centralización política que impone una uniformidad y una supuesta igualdad a la baja y a peor para sus ciudadanos en su modelo de bienestar y cohesión social.

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